NOTA:
Citar como: Karen Cronick (2007). "LA EVALUACIÓN PARTICIPATIVA: UN ENFOQUE CONSTRUCCIONISTA". CAPÍTULO III. TRABAJO DE ASCENSO PRESENTADO ANTE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
Finalicé el capítulo anterior con lo que podemos interpretar como una serie de tareas teóricas que confrontan los evaluadores de proyectos participativos. Iniciaré este capítulo con algunos retos prácticos para la evaluación: I) lograr la participación de todos los involucrados, II) buscar construcciones sociales nuevas y su transformación, potenciación y transmutación en nociones colectivas capaces de generar acciones concretas, III) desarrollar el impulso hacia la acción, IV) orientar el trabajo hacia el tema de la justicia social, V) crear una relación horizontal de poder e influencia entre el investigador y los demás participantes y VI) examinar la necesidades epistemológicas que tienden hacia el aprendizaje mutuo y participativo. Concluyo con una pequeña sección llamada “Atando hilos”.
I. LOGRAR LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS INVOLUCRADOS
Hay que reconocer desde el comienzo, para que no haya desilusiones y desengaños posteriores, que la posibilidad real de lograr incluir todos las personas involucradas (PI) en el resultado de una evaluación participativa (EP) es una meta de valor retórico. Es retórico porque sirve como una plataforma discursiva entre las PI, como una toma de posición ética y como un punto de arranque motivacional. La participación completa no ocurre con mucha frecuencia. Sin embargo, en un plano práctico, el evaluador necesita extender el número y diversidad de PI. Sin una amplia base de PI los resultados serán limitados y no satisfarán a nadie. Pero como ha señalado Montero (1996) hay grados diferentes de compromiso en las comunidades y otras agrupaciones: algunas personas se involucran profundamente en los procesos de cambio y evaluación, otros responden a las convocatorias de los primeros, y algunos simplemente no estorban.
La participación es, como hemos visto, un proceso complejo. Efectivamente, cuando los miembros de una comunidad responden a un cuestionario, cooperan en una entrevista o toman parte en una actividad colectiva, están contribuyendo al éxito de una EP. Lo que el evaluador desea es que un número elevado de los miembros de la comunidad o proyecto evaluado dejen su huella en el proceso, que contribuyan con una construcción social u opinión, que modifiquen una construcción hecha por otros o que formulen una pregunta, duda o objeción.
Es tarea del evaluador buscar un mecanismo para hacer colectivas las construcciones individuales. Hay muchas maneras de hacerlo, pero tal vez el método típico del análisis estadístico de tendencia central sea el menos apropiado para las EP. En primer lugar, al codificar las respuestas, éstas pierden información y la vitalidad de las construcciones sociales de los participantes. Un complejo párrafo descriptivo puede convertirse en una elección binaria de 0 o 1, es decir “a favor” o “en contra”. Además, los datos que caen en las dos alas extremas de la curva -más allá de dos desviaciones estándar- se pierden o carecen de importancia bajo el peso de los datos más numerosos. Y sobre todo cuando el evaluador calcula las respuestas en su escritorio, no se puede aprovechar de las ventajas de la intersubjetividad activa, es decir de la posibilidad de debate, disidencia, intercambio y potenciación.
Guba y Lincoln (1989) promueven dos modalidades para hacer colectivas las construcciones individuales: a) entrevistas secuenciales y b) reuniones cara-a-cara. En las entrevistas secuenciales el evaluador formula preguntas básicas a los informantes iniciales en la comunidad u organización a evaluar. Son preguntas muy generales, como: ¿Qué es lo que le gusta de este programa? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Qué más quiere decir al respecto? Al finalizar, se pregunta ¿Quién en esta organización/comunidad piensa como Ud. con respecto a ....? ¿Quién piensa de otra manera? Los nombres dados por el primer informante constituirán los siguientes informantes. De igual manera las construcciones que emergen de las primeras entrevistas se incorporarán en las siguientes. Cada nuevo participante añade sus propias construcciones al proceso y sus contribuciones modificarán dialécticamente las anteriores. Este proceso sigue hasta llegar a la “redundancia”, es decir, hasta que los informantes no añadan nueva información o modifiquen sus apreciaciones anteriores.
En la Figura 1 las flechas largas simbolizan las entrevistas sucesivas, aunque por razones didácticas y del espacio disponible sólo se incluyen dos en el dibujo. Sobre ellas hay flechas curvas y pequeñas que representan las construcciones sociales identificadas en cada entrevista. Pueden haber varias de ellas cada vez, y la sucesión de los colores que tienen demuestra como el evaluador incorpora las de los contactos anteriores en los que siguen. Al final del proceso las contradicciones y desacuerdos deben resolverse, o si esto no es posible, las PI deben reconocerlos como puntos donde hace falta problematizar más. El círculo grande significa la colectivización exitosa de toda la información en un círculo hermenéutico, es decir, un conjunto de construcciones sociales que se asemejan entre sí. Después de varias cadenas de entrevistas, aparecerán varios de estos círculos.
¿Qué es lo que se ha logrado con este procedimiento? Se ha logrado que: a) al mismo tiempo que se crea un muestreo de los informantes, se hace otro muestreo paralelo de los temas que se convertirán en la sustancia de la evaluación, b) en cada secuencia de nuevos participantes, éstos tienen la posibilidad de comentar sobre lo dicho por las personas entrevistadas anteriormente, c) son los mismos participantes quienes crean, combinan, critican y potencian la información obtenida, d) el producto de este proceso es la potenciación de las conclusiones anteriores y e) dicha potenciación conduce también a la colectivización de las respuestas individuales.
Es un proceso orgánico que ocurre por medio de la participación de un grupo nutrido de las PI y no por el análisis impuesto por el evaluador. La transformación de las respuestas individuales no obedece a un esquema metodológico sino a la actuación de los participantes.
Al final del proceso se organiza una reunión cara a cara con los representantes de cada círculo hermenéutico identificado. En estas reuniones propuestas por Guba y Lincoln (1989) las personas se confrontan directamente y hay dos posibles productos finales: a) un consenso, o b) un acuerdo sobre las áreas en que no puede haber consenso. No existe la necesidad de evitar que algunas respuestas “contaminen” las otras, porque el propósito es justamente la combinación dialéctica de las contribuciones individuales. Es de recordarse que en la resolución dialéctica de la tesis y la antítesis, ambas cambian para producir una nueva respuesta cuyo contenido es cualitativamente distinto de los elementos que la generaron.
Por mi parte, me gustan los encuentros cara a cara porque las combinaciones dialécticas son inmediatas. Hay múltiples instrumentos para lograr estos encuentros: foros, grupos focales, grupos de trabajo, reuniones de careo, reuniones para “devolver” los resultados de problematizaciones anteriores, videos con discusiones, presentaciones teatrales, exhibiciones de fotos, pinturas colectivas, presentaciones con títeres, fiestas y sancochos . Los evaluadores pueden inventar sus propios métodos para involucrar a todas las personas en las actividades, discusiones y análisis colectivo.
Hace algunos años participé como asesora en una evaluación hecha en una ONG dedicada a la educación de jóvenes discapacitados (Montesinos, Oropeza y Montiel, 1997). Dadas las dificultades lingüísticas de la mayoría de dichos jóvenes, se emplearon juegos de títeres donde el movimiento y la acción eran más importantes que el contenido lingüístico. El propósito de la actividad era averiguar las construcciones sociales de los jóvenes con respecto a un taller de carpintería. De esta manera las facilitadoras pudieron obtener información que contradecía lo que los padres y representantes habían interpretado como malestar, cansancio y agresión entre los jóvenes, porque éstos expresaron su agrado por dicho taller. Después de lograr esta comunicación, se pudo confrontar exitosamente a los padres y representantes e influir sobre la planificación subsiguiente del taller. Sobre todo se logró incorporar a los jóvenes como interlocutores en su propio proceso de aprendizaje. Este es un ejemplo de la combinación de técnicas (primero un juego de títeres con los jóvenes y entrevistas con los padres y representantes, y luego una reunión de careo) para lograr: a) dilucidar las construcciones sociales colectivas de un grupo de PI que normalmente sería excluido de la planificación de la ONG y b) la potenciación de todas las PI.
II. BUSCAR CONSTRUCCIONES SOCIALES NUEVAS Y SU TRANSFOR-MACIÓN, POTENCIACIÓN Y TRANSMUTACIÓN EN NOCIONES COLEC-TIVAS CAPACES DE GENERAR ACCIONES CONCRETAS
Uso el término “construcción social” en el sentido de la construcción de la realidad (Berger y Luckmann, 1967), o la actividad de comprensión y entendimiento que es llevada a cabo constantemente por las comunidades interpretativas (Habermas, 1970, 1987). Es un proceso abierto y cambiante en el tiempo. En este sentido las construcciones sociales pueden distinguirse de las opiniones, representaciones y puntos de vista, y están en movimiento dialéctico constante. Como afirmé en Cronick (2002b) creo que se pueden evaluar en términos de su grado de potenciación posible. Las que están más informadas, argumentadas y son el producto de intercambios entre más personas son “mejores”.
La potenciación de la construcción colectiva de la realidad es una de las tareas principales de la facilitación social en general, y por lo tanto de la evaluación participativa. Al confrontarse la tesis y la antítesis, éstas se transforman y producen una resolución dialéctica que conduce a algo completamente nuevo. Este no es un modelo lineal de la acumulación de conocimiento. Tampoco se trata de un modelo funcionalista de nidos de sistemas y subsistemas que persisten a pesar de las influencias que conducen al cambio. Se trata de un modelo crisol para estimular la potenciación de las construcciones y acuerdos previos; es ecológico y cambiante y conduce a soluciones capaces de lograr propósitos prácticos y satisfactorios para sus integrantes.
Sin embargo las construcciones sociales consensuales deben “tocar tierra”, es decir, deben ser “verosímiles” tanto ética como prácticamente (Cronick, 2002a). Deben contextualizarse por varios criterios que incluyen: a) la historia universal (en el sentido de soluciones históricas ya logradas e inscritas en la tradición y la literatura), y b) por las limitaciones físicas del mundo (en el sentido de la necesidad en tomar en cuenta la viabilidad concreta y material del proyecto). He hablado de la necesidad de elaborar construcciones cónsonas con las leyes del mundo físico. También he dicho que hay que lograr construcciones cultas, en el sentido de incorporar lo que la historia nos ha enseñado. Sabemos que hay soluciones “mejores” que otras, y que hay que aprender de los fracasos del pasado.
Hay razones importantes para incluir la tradición histórica como un criterio para la evaluación de proyectos psicosociales. Los resultados nefastos de ciertos experimentos sociales y políticos representan las equivocaciones de sus participantes, como las que conducen a las dictaduras y otros sistemas sociopolíticos que se apoyan en algunos sectores de la población para sojuzgar y humillar a otros. Estas soluciones pueden tener cierto apoyo popular, pero evidentemente no representan la voluntad de las PI que han sido excluidas de los procesos de toma de decisión.
Por otro lado, hay soluciones tecnológicas que resuelven problemas inmediatos, pero que causan catástrofes a largo plazo, como la industrialización que contamina el aire y las aguas. Aún tomando en cuenta a todos los interesados, es probable que estas equivocaciones no se resuelvan satisfactoriamente sin un prolongado período de problematización y potenciación colectivas que comprendan datos científicos y consideraciones éticas. Se trata de la inserción de información pertinente en las discusiones entre los participantes para enriquecer la resolución de sus diferencias. Esto requiere que el evaluador tenga una cultura general nutrida porque tiene que darse cuenta del tipo de información que el grupo necesita en un momento dado. No se trata de evaluadores que imponen la influencia de los expertos sobre el sentido común de los demás participantes. Más bien el evaluador debe insertar nuevos insumos en el debate colectivo para que las PI puedan lograr resoluciones informadas y apropiadas.
Si todos los miembros de una comunidad elaboran un proyecto para talar un bosque y comercializar la madera, estarán resolviendo un problema económico urgente pero a largo plazo crearán otro mucho más serio. Sólo una consideración cuidadosa de los efectos sobre los suelos, la biomasa, el clima y la necesidad de madera que tendrán las generaciones futuras puede producir una resolución adecuada del problema.
Describiré un ejemplo de mi propio trabajo: en una comunidad donde la leishmaniasis (transmitida por un insecto, un vector llamado “flebótomo”) es un problema de salud para sus miembros, la solución tradicional al contagio ha sido la de rociar sustancias insecticidas sobre la maleza. El efecto a corto plazo es una reducción dramática de los insectos. Pero a largo plazo se crea una población de vectores inmunes a los compuestos empleados y la reducción indiscriminada de la fauna silvestre de la zona. En nuestro proyecto intentamos identificar las zonas geográficas donde la gente se enferma y buscar soluciones habitacionales para estas zonas en que diseñan casas que sean impermeables al vector. En otras palabras, hemos intentado problematizar las soluciones tradicionales y desarrollar respuestas potenciales como la necesidad de proteger tanto a la gente como al ambiente. Pensamos que se trata de una construcción social potenciada con respecto a las anteriores.
No es suficiente resolver los conflictos entre las construcciones sociales, es necesario asegurar que la información que tienen las PI sea suficiente. Las construcciones sociales deben representar soluciones realmente viables a problemas concretos. El hecho de que en un pueblo hayan logrado consenso sobre un plan complejo para cavar y hacer funcionar un pozo no significa nada si no existe agua subterránea para extraerla a la superficie. Igualmente, la idea de crear cooperativas no tiene valor si en el ambiente social no existe la voluntad política para permitir esta estructura económica. Durante una década aproximadamente, desde 1989, un grupo de hombres intentó organizar y hacer funcionar una cooperativa para la recolección de la basura en un municipio del Estado Miranda en Venezuela. Finalmente este experimento colectivo fracasó, sobre todo debido a la incomprensión política y social del alcalde local. Una evaluación de los acuerdos colectivos y socialmente elaborados debe tomar en cuenta la viabilidad de las soluciones propuestas.
De esta manera, una evaluación participativa de un proyecto social debe tomar en cuenta a todas las PI y proveer los medios para la transformación y mejoramiento de sus construcciones iniciales. Los criterios para juzgar el proceso se encuentran en el consenso de los participantes y en algunas pautas del evaluador que pueden contribuir al proceso colectivo, estas son:
a) La apreciación que tiene el evaluador de las necesidades del grupo, basada en su experiencia profesional (ver Capítulo 1).
b) Las limitaciones éticas que ponen coto a soluciones que agreden o hacen daño a otras personas.
c) La complejidad de las construcciones sociales logradas, y su capacidad de sintetizar e incluir las construcciones individuales.
d) El grado en que las construcciones y soluciones individuales hayan sido problematizadas y potenciadas en el tiempo.
e) La suficiencia que tienen las construcciones consensuales para promover soluciones prácticas en el grupo evaluado, es decir, su grado de “operacionalidad”.
f) El logro de un contexto político y social que sustente las soluciones individuales negociadas entre los participantes.
III. DESARROLLAR UN IMPULSO HACIA LA ACCIÓN
Las evaluaciones participativas no sólo tienen por objetivo la elaboración de un juicio de valor sobre un proyecto de cambio social con relación a un grupo, comunidad u organización. También deben insertarse en una secuencia temporal en que el pensamiento colectivo será seguida por un período de praxis o acción. Las evaluaciones “finales” deben señalar una dirección para actividades futuras (Ver figura II). La Investigación Acción Participativa propone ciclos de reflexión y praxis que pueden apreciarse en el dibujo abajo. La continuación de las flechas alrededor del círculo demuestra uno de estos ciclos. El proceso puede continuar después de la evaluación de lo sucedido, con un nuevo estado inicial.
Las evaluaciones participativas pueden ocurrir en el comienzo de un proyecto, en tal caso se trata de “diagnósticos” previos a la acción social. La tarea principal de un diagnóstico es la identificación y potenciación de las necesidades sentidas en el grupo o comunidad, y luego el desarrollo de una visión colectiva de cómo estas necesidades pueden potenciarse, negociarse, y finalmente, satisfacerse. Seguidamente el grupo forjará un plan de acción que incluye un análisis de los recursos necesarios para el logro del plan y el esclarecimiento de las actividades que hay que llevar a cabo para que tenga éxito. Las evaluaciones subsecuentes pueden ocurrir en cualquier momento, cuando el grupo tenga que reflexionar sobre el progreso de sus actividades o los resultados alcanzados. Al concluir puede haber una evaluación final para determinar la satisfacción de los participantes con los procesos vividos. Las evaluaciones tradicionales y no participativas sólo se limitan a examinar el logro de las metas establecidas, o el impacto de los resultados, pero en la EP se reconstruye críticamente el proceso vivido y los resultados no son predecibles de antemano. La obtención de resultados satisfactorios depende del consenso de todas las PI.
De hecho, las necesidades sentidas que constituyen el punto de arranque de un proyecto de cambio pueden modificarse en el proceso de los ciclos de evaluación y praxis. Hace algunos años comencé a trabajar de manera informal con un grupo de jóvenes cuyo compañero fue asesinado por la policía. Al principio pensé que se trataba de un problema de duelo, es decir, interpreté las necesidades sentidas de los muchachos de esta manera. Con el tiempo me di cuenta que entre ellos y la policía había rencillas de larga data. Por su manera de vestir (ropa llamativa, pelo largo) casi se podría decir que los muchachos estaban uniformados, y sus encuentros con los oficiales podrían considerarse como enfrentamientos entre bandas distintas. Propuse mi conclusión a los jóvenes, que ellos habían desarrollado algo parecido a una rivalidad territorial con ciertos oficiales de la policía, y que la mejor manera de reconciliar a los actores en esta tragedia sería propiciar el diálogo. Después de un periodo de discusión los jóvenes estuvieron de acuerdo. Invitamos a miembros de la policía a nuestras reuniones. Las primeras juntas eran sesiones de boxeo verbal sin tregua, pero con el tiempo, los miembros de ambos grupos comenzaron a individualizar a las personas del otro “bando”, y hasta se pudo concebir la posibilidad de proyectos compartidos para prevenir el consumo de drogas y promover el deporte. Lo interesante de este relato para el contexto de nuestra discusión sobre la maleabilidad de las necesidades sentidas es que lo que parecía un problema más o menos simple de duelo, se convirtió en la necesidad de mayor intersubjetividad entre grupos en pugna.
IV. ORIENTAR EL TRABAJO HACIA EL TEMA DE LA JUSTICIA SOCIAL
La EP viene de una tradición emancipadora donde existe entre todos los participantes un compromiso fundamental hacia la construcción de un mundo más satisfactorio para todos. Desde sus comienzos la Psicología Comunitaria ha promovido el acercamiento profesional e ideológico de los grupos y comunidades de bajos recursos. Nelson, Prilleltensky and MacGillivary (2001) mencionan la necesidad de “alianzas basadas en valores” como el aprecio, la compasión, la salud, la auto-determinación, la participación, las estructuras horizonales de poder, la diversidad humana y la justicia social. Estos autores reconocen que no hay valores universales, pero afirman que la tarea principal de la facilitación es lograr que los grupos que carecen de poder alcancen sus propias metas de cambio social y económico.
El problema de la universalidad o la relatividad de los valores se hace presente de nuevo cuando hablamos de nuestro compromiso con la emancipación. Desde la primera elaboración de los Derechos Universales del Hombre a raíz de la Revolución Francesa y mucho más recientemente desde la adopción masiva de la versión de las Naciones Unidas, ha habido gran tensión entre diferentes “mundos de vida” con relación al significado de la noción de valores universales.
Por ejemplo, en el 2003 Francia ilegitimó el uso del velo para las estudiantes musulmanas en las escuelas públicas, porque las autoridades de aquel país consideran que se trata de una señal de discriminación contra la mujer y un símbolo religioso en una sociedad laica. Con esta acción se propuso promover la emancipación de estas muchachas, pero al mismo tiempo desconocían todo un mundo de costumbres étnicas. ¿Quién tiene razón? ¿Por qué fue tan dolorosa esta decisión para muchas personas? Probablemente porque algunas PI fueron ignoradas cuando se tomó la decisión y no hubo tiempo para un proceso adecuado de problematización. No hubo ningún intento de resolver las construcciones sociales entre las PI y tampoco se permitió que las construcciones individuales se colectivizaran. En resumen, no hubo consenso.
La tensión entre la postura kantiana por un lado, que propone la existencia de valores básicos, a priori e indiscutibles, y por otro, una ética dialéctica –cuya manifestación moderna puede encontrarse en Hegel- no ha sido resuelta. Y no tengo la temeridad de intentar resolverla en este ensayo. En vez de ello, describo como yo intento actuar en mi propia facilitación. Normalmente mi propósito es llevar mis propios valores a la mesa de discusión y someterlos a la discusión de los demás participantes. A veces me encuentro en una minoría y ha ocurrido que no puedo aceptar las conclusiones de los demás. Pero por lo menos tengo la intención de confrontar con la policía mis ideales libertarios e igualitarios con otros sistemas de valores. En las sesiones descritas arriba, a veces nuestros valores no coincidían. Mis únicos recursos en esta situación consistían en cuestionar lo que no entendía y tratar de buscar áreas de entendimiento mutuo. Por ejemplo, yo pude preguntar a un oficial de raza negra por qué consideraba que los sospechosos en la calle tendían a ser negros. Al expresar esta creencia el oficial no hacia sino menoscabar su propia herencia genética. Al explorar esta suposición juntos, pudimos llegar a examinar la correlación que existe entre el nivel socioeconómico y raza, y de esta apreciación inicial proceder a examinar como ciertos delitos (el robo a mano armado) se concentran en los sectores pobres, mientras otros delitos (la estafa) son más frecuentes en otras clases sociales. De este modo pudimos darnos cuenta que ambos teníamos razón, y que la raza en sí no está asociada con el delito per se.
V. CREAR UNA RELACIÓN HORIZONTAL DE PODER E INFLUENCIA ENTRE EL INVESTIGADOR Y LOS DEMÁS PARTICIPANTES
Esta es una tarea que pareciera evidente y aun fácil. Pero aunque el ideal de una relación horizontal de poder es atractivo para muchos evaluadores y facilitadores, en la práctica es muy difícil. Hay muchas razones para esta dificultad. Una de ellas es que nuestra cultura nos prepara para que haya líderes y seguidores. Hay signos sociales que señalan quien está en cada categoría. Podemos “ubicar” a las personas por su manera de hablar, vestirse y por sus ocupaciones. Estos signos incluyen la ubicación de algunas personas en las tarimas y en los puestos claves en una mesa de reuniones. Otros signos son los títulos honorarios de los participantes, y también aspectos psicológicos como los ritmos de intercambio en el discurso, los gestos y la dirección de las miradas.
Para ilustrar lo “natural” (en el sentido freiriano) de este conocimiento social, describiré una dinámica (o juego) que a veces se emplea en reuniones para hacer evidente este problema. Consiste en llamar a una junta de participantes para una actividad programada. El facilitador está en la mesa y espera a los demás, éstos van llegando poco a poco. Ya es la hora de la reunión pero el facilitador no hace nada ni dice nada sobre esta aparente demora. Las personas se vuelven inquietas esperando el comienzo y miran sus relojes, tosen, inician pequeñas conversaciones con sus vecinos de mesa. Finalmente alguien dice, “Bien, vamos a empezar, es tarde.” El facilitador responde, “Sí, buena idea,” pero no hace nada para tomar el control de la reunión. El lector puede imaginarse en una situación como ésta y la incomodidad que sentirían los participantes. Finalmente, cuando la desorientación de todos ha llegado a su máximo, el facilitador pregunta por qué el grupo requería del liderazgo de alguien para comenzar a trabajar. De allí surge una reflexión sobre la naturaleza del liderazgo compartido. Este ejercicio es una ilustración de cómo nuestras expectativas sociales construyen el liderazgo de manera estereotipada.
Otro problema relacionado con el desarrollo de una base horizontal de influencia y poder tiene que ver con las necesidades de los participantes de “figurar”. Me acuerdo de una reunión en una comunidad que estaba casi por concluir cuando llegó “el alcalde”. Éste abrió la puerta con un golpe y entro sin disculparse, acompañado por un séquito de unas cuatro personas más. Se sentó en el lugar más destacado y esperó que yo lo reconociera. No lo había visto antes, pero por su conducta no había manera de equivocarse: se trataba de “Alguien Importante”.
Hay además dos problemas relacionados con este tema: la red de comunicación establecida y la confianza de los participantes. Estos problemas están ligados entre sí. Por un lado, cuando los participantes sólo se comunican con el líder no pueden crear nexos independientes. Es importante que todo el mundo sepa cómo comunicarse con todos los demás. También, cuando el líder concentra las destrezas y la información en su propia persona los demás no van a poder actuar libremente. En un sentido similar, si las otras personas participantes no saben qué deben hacer, no van a atreverse a actuar.
Al finales de los 90 visité una cooperativa agrícola en el Estado Lara de Venezuela. En esta agrupación las coordinaciones cambiaban de jefe cada 15 días. Para lograr este grado de participación, los involucrados tenían que estar en conocimiento de todos los aspectos de la organización. Evidentemente no se puede aspirar a que la mayoría de los grupos logren cabalmente compartir el poder. Pero el evaluador puede recordar continuamente a los integrantes la necesidad de informarse de manera colectiva sobre las tareas relacionadas con el proyecto en curso.
VI. EXAMINAR LAS NECESIDADES EPISTEMOLÓGICAS QUE TIENDEN HACIA EL APRENDIZAJE MUTUO Y PARTICIPATIVO
Una epistemología es una formalización de un modelo sobre la naturaleza del saber y los modos de acceso que tenemos a él. Una evaluación es un tipo de investigación psicosocial y por ende contribuye a la elaboración de conocimientos nuevos, en el sentido de nuevas construcciones sociales que deben influir sobre las acciones de los participantes. Ya he tocado algunas consideraciones epistemológicas en estas páginas pero aquí quisiera juntar algunas de mis ideas adicionales al respecto. Son importantes porque las bases del saber que se generan en actividades participativas tendrán impacto, no sólo sobre las conclusiones de una evaluación, también afectarán la vida de las PI.
El primer problema es la relación entre el conocimiento y la “validez” de las conclusiones. He mencionado antes que mi propia posición al respecto emplea el relativismo metodológico, pero también he dicho que asigno criterios pragmáticos para determinar si los resultados de una evaluación serán apropiados o no. Dice Robertson (s.f.) que “La epistemología involucra el estudio de la bondad de las razones.” Esta autora se preocupa por conocer los criterios más aptos para determinar si dichas razones son “buenas”, es decir, quiere conocer qué fundamentos tienen los participantes para aceptarlas o rechazarlas.
En las páginas anteriores he hablado de algunos criterios para establecer la bondad de las razones. Estos comprenden la inclusión de muchas voces, la historia de problematización que tienen los participantes, la capacidad para lograr la resolución de las diferencias y la viabilidad pragmática que tienen las construcciones sociales así elaboradas para resolver los problemas prácticos de los participantes.
A veces la propia diversidad de las PI puede hacer virar todo el curso epistemológico de una evaluación. Quienes intentan restringir el acceso a la información saben esto. Ha ocurrido históricamente que quienes poseen el poder queman libros o ubican a sus autores en listas negras si no pueden convencer a los participantes. En las asambleas controlan el acceso al micrófono o emplean su supuesto prestigio para devaluar a los demás. Como resultado los participantes a veces se autocensuran.
He dicho que creo que la solución principal a este problema es involucrar a un máximo número de PI en la problematización de sus necesidades y en la potenciación de su capacidad para problematizar. Según Checkoway y Richards-Schuster (2002) hay sinónimos que crean lazos semánticos inapropiados, por ejemplo “juventud como patología”, que deben reconstruirse de manera más provechosa para las personas señaladas, en este caso los jóvenes, donde el lema “juventud como recurso” crearía un sentido más justo. En el 2005 en las trágicas secuelas del huracán Katrina en Nueva Orleáns, los afectados objetaron que los periodistas los llamaran “refugiados”. Estas víctimas se consideraban “ciudadanos”, un título que señala los derechos de las PI. Este tipo de cambio en la nomenclatura tiene a veces la fuerza retórica para producir cambios conceptuales que provienen de la incorporación de PI como fuentes de información.
Los diferentes saberes:
También he señalado como importante la necesidad de la resolución de las diferentes construcciones sociales que las PI elaboran con respecto a los proyectos evaluados, y en la colectivización de las voces individuales. Estas son, a fin de cuentas, actividades lógicas de la comunicación y la ética colectiva. Es decir, la resolución es un método que puede usarse para producir un cierto tipo de conocimiento. Este conocimiento necesariamente combina aspectos distintos y a veces impredecibles de antemano.
Pero hay otro proceso que hace falta incorporar que normalmente no tiene lugar en este tipo de discusión. De hecho, la idea que voy a desarrollar ahora es tan inusual que no sé exactamente cómo clasificarlo. Podemos llamarlo, por falta de un término mejor, la intuición de la confianza mutua.
¿Por qué es tan difícil establecer estructuras de poder y conocimiento compartidas en las comunidades y otras organizaciones? Pareciera que las bases de nuestra interacción son pre-lingüísticas. Nos comunicamos primero por medio de expectativas tácitas. Tenemos prejuicios sobre ciertos estilos de convivencia que los facilitan o inhiben antes de iniciar las conversaciones con palabras. Una vez que la resolución haya logrado una solución colectiva pero distinta para las necesidades de los participantes, y una vez que éstos han podido establecer un impulso hacia la acción, hace falta lograr que esta nueva manera de proceder encuentre arraigo entre todos.
Hay dos vías principales por donde estas construcciones tácitas influyen procesos grupales. La primera tiene que ver con la identificación que tienen personas individuales con modelos particulares. Voy a elaborar, como un ejemplo de esta preocupación, una construcción de la “igualdad”. Generalmente es un término positivo cuando se habla de manera abstracta. Sin embargo, las construcciones contienen aspectos retóricos cuyos referentes tienen que ser interpretados para entenderse. Podemos decir que contienen la historia intrincada de nuestra cultura.
Es una palabra que nos puede conducir a imágenes de coros de ángeles, grupos de amigos entrañables o ejércitos marchando al unísono. Cuando el evaluador pregunta: “¿Qué significa para Ud. esta idea de igualdad?” su oyente puede expresar temores sobre la pérdida de su individualidad porque para muchas personas la vida igualitaria es uniforme, llana y conformista. Las telenovelas y los cuentos de la vida de las celebridades destacadas parecen más impresionantes, y los admiradores de estos personajes pueden sentirse identificados vicariamente con personas hermosas, únicas, poderosas y teatrales. Convierten estas personas en modelos para sus propias vidas ya que somos seres colectivos que requieren liderazgo. Este tipo de construcción se asemeja a la noción freiriana de conocimiento “naturalizado” en el cual las personas menosprecian sus propias vivencias y fuentes de información a favor de mitos sociales.
En cierto sentido, esta es la misma emoción que encontramos en el teatro. El potencial para producir dramas y fantasías es un logro muy humano que proviene de nuestras capacidades simbólicas. Aparece muy temprano en los niños y se afina en los adultos. Para los griegos era una experiencia religiosa. Hoy en día hay religiones que adoptan aspectos teatrales para involucrar a los fieles y apaciguar sus posibles dudas. Para nosotros el drama tiene muchas funciones: a) nos permite ensayar otras maneras de sentir; b) nos provee alternativas a nuestra propia existencia, c) preserva nuestra memoria colectiva, d) nos permite vivir como si en realidad nuestras vidas fueran otras y e) nos construye un mundo con sentido social y emocional donde podemos pertenecer, es decir, donde cabemos afectivamente.
Los sistemas autoritarios han sabido usar bien al drama y la fantasía, pero de alguna manera los modos “racionales” de interrelacionarnos carecen de esta capacidad. Metafóricamente hablando, carecen del incienso y los cantos gregorianos de la vida. Ocurre con frecuencia que los involucrados en procesos participativos no saben ritualizar la confianza interpersonal que debe desarrollarse entre colaboradores solidarios e iguales.
Esta reflexión me lleva a la segunda vía por donde estas construcciones tácitas influyen procesos grupales. El “saber” intuitivo que proviene de la experiencia recordada y compartida nos hace sentir seguros de nuestra confianza mutua. Como dijo un amigo mío hace algún tiempo: “Se requiere mucha fe, no en los dioses, sino en nuestros semejantes, para construir instituciones de cooperación y colaboración social” (James Mason, comunicación personal).
La construcción de un mundo afectivo compartido es un requisito para lograr la resolución de las construcciones sociales, pero más aún, para actuar sobre la base de ellas. “Saber” que pertenecemos es un conocimiento que proviene de los abrazos, las miradas y las palabras de apoyo. Tal como los modelos individualistas influyen de manera prelingüística en nuestra conducta, también hay modelos colectivos que se encuentran en las canciones, las presentaciones teatrales y en las ceremonias y reconocimientos. Si este conocimiento no ha sido incluido en las consideraciones epistemológicas antes, es porque el pensamiento lógico empleado para examinar las cimiento del conocimiento es una experiencia esencialmente individual. Al proponer modelos colectivos de saber, es necesario tomar en cuenta las condiciones psicosociales que hacen posible este tipo de conciencia.
VII. ATANDO HILOS
Los temas de este capítulo tienen que ver con consideraciones prácticas relacionadas con una aproximación epistemología de la concienciación colectiva, potenciadada, dialéctica y orientada hacia la acción emancipadora Evidentemente se trata sólo de un ideal al cual se pueden dirigir los esfuerzos de una evaluación. Es un tema que no ha recibido mucha atención de parte de psicólogos, educadores y sociólogos, con algunas notables excepciones, entre ellas, ciertos pensadores que hemos citado en estas reflexiones.
La epistemología tradicional trata de problemas que no están incluidos en estas páginas. Por ejemplo, no he considerado los criterios para determinar la verdad de una afirmación. En cambio he propuesto la gradual acumulación de conocimientos que son aceptables por una comunidad particular de personas, por lo menos de manera temporal. En un sentido similar, no he tratado de distinguir entre conocimientos a priori y aquellos que son adquiridos por experiencia, aunque he asomado la posibilidad de la superioridad de algunos valores y comprensiones sobre otros. Esta superioridad no tiene su origen en las características intrínsecas de dichos valores y comprensiones, sino por el hecho que provienen de una larga historia compartida de acuerdos personales, sociales y políticos. Esto no es lo mismo que acuerdos basados en el misticismo o los deseos irracionales, es el resultado del proceso continuo y no acabado de la praxis de la historia universal y está abierto a nuevas interpretaciones y acuerdos.
No es posible tomar en serio la tarea de la evaluación de proyectos sociales sin indagar sobre estos problemas. Tal vez la postura filosófica que más se asemeja a lo que los evaluadores necesitamos es el relativismo metodológico, o aun una variación del contextualismo epistemológico. Pero todo esto no es suficiente. Tenemos que encontrar una metodología donde la ética, la historia, el contexto, las demandas de soluciones tecnológicas viables y los criterios de inclusión estén presentes. Nuestros problemas epistemológicos no son triviales, están en el centro de nuestro quehacer profesional.
viernes, 9 de febrero de 2007
LA INSTITUCIONALIZACIÓN Y LA INTERSUBJETIVAD: Evaluación participativa: Un enfoque construccionista
NOTA:
Citar como: Karen Cronick (2007). "LA EVALUACIÓN PARTICIPATIVA: UN ENFOQUE CONSTRUCCIONISTA". CAPÍTULO IV. TRABAJO DE ASCENSO PRESENTADO ANTE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
Es importante definir desde el comienzo el término “institución”. Para mis propósitos actuales la considero cualquier organización de carácter legal que tenga alguna estructura interna definida por normas establecidas. La institucionalización sería entonces la creación de una organización legal.
He decidido separar esta discusión de otras en que la teoría de las organizaciones y temas similares conducen a reflexiones estructurales que no incorporan críticas sociales del tema. En este capítulo consideraré las instituciones en dos sentidos: primero, son posibles escenarios para evaluaciones participativas. Me fijaré en algunos tipos de organizaciones legalmente constituidas y su continuidad en el tiempo. Prestaré especial consideración a la capacidad que tienen para satisfacer las necesidades de las personas interesadas (PI), dadas las diferentes estructuras implicadas en ellas. Como parte de esta discusión tomaré en cuenta la posibilidad de la participación solidaria en los diferentes escenarios asociativos. Otro tema que consideraré en este contexto es la incorporación de diferentes modelos de “comunidad” dentro de esta noción.
Segundo, analizaré la evaluación participativa en estos escenarios. En el apartado “La creación y monitoreo de prácticas institucionalizadas” hablaré de las características básicas de las organizaciones legales, el cambio en estos contextos, la facilitación del liderazgo y la “voluntad popular”.
No tengo la intención de hacer una revisión exhaustiva de las investigaciones previas sobre este tema. Una razón para esta decisión es que no deseo repasar los diferentes conceptos de instituciones y organizaciones desde los puntos de vista funcionalistas con respecto a su eficiencia, productividad, prácticas administrativas y aspectos relacionados con el control de calidad de sus productos y los costos económicos. Hay mucho escrito sobre estos temas, y dado mi compromiso en este libro con la participación, la potenciación y la emancipación, no son apropiados aquí. Como he hecho en los capítulos anteriores quiero considerar las instituciones desde una postura emancipatoria y desde un enfoque relacionado con la evaluación participativa. Sólo cuando haga falta, incluiré algunas referencias formales.
Es un tema difícil. Una razón para esta dificultad tiene que ver con las expectativas intersubjetivas de las PI. Los participantes en esfuerzos de cambio comunitario y organizacional desean resolver sus problemas, cumplir con sus tareas y modificar su ambiente social y físico, pero también quieren satisfacer sus necesidades afectivas de apego, poder y auto-realización personal. Este deseo de satisfacción se complica porque las instituciones tienen su propia vida, expectativas y necesidades. Fácilmente las necesidades individuales de los miembros pueden terminar subordinadas a las “necesidades” de las organizaciones.
I. POSIBLES ESCENARIOS PARA EVALUACIONES PARTICIPATIVAS
1.1. La vida de las instituciones
Desde el punto de vista funcionalista, siempre ha sido un lugar común que las instituciones comparten ciertas características autorreguladoras con los seres vivos. Por un lado consumen, por otro producen, nacen y mueren. Tienen una economía interna relacionada con el manejo de los recursos que emplean en el logro de fines formales o informales, es decir explícitos o implícitos, y de hecho frecuentemente empleamos verbos activos para describirlas, como si pudieran “querer algo” o “hacer algo” por su cuenta; sería fácil encontrar esta frase en un periódico: “El gobierno quiere reducir la evasión de impuestos”. Por esta razón, no es suficiente problematizar y potenciar construcciones individuales y colectivas entre los participantes en evaluaciones que ocurran en escenarios institucionales. Es necesario considerar también la dinámica propia del funcionamiento organizacional como algo más que un factor de contexto o ambiente psicosocial para las actividades humanas.
Tal vez puedo volver a valerme del término “reificación” de necesidades que empleé en el primer capítulo de este libro, para describir cómo aspectos abstractos de la organización de las instituciones cobran vida e influyen sobre las personas. O también puedo hablar de las propiedades emergentes de las instituciones. El hecho es que ellas “actúan”, no de manera metafórica sino de manera real e independiente de las PI. Esta actuación no es un simple producto colectivo de las construcciones sociales de sus miembros, sino del efecto de complejas resoluciones dialécticas entre múltiples factores que incluyen lo que hacen y piensan las PI dentro de escenarios legales, económicos e interpersonales específicos.
Instituciones con fines de lucro: Es un punto de vista “diagnóstico” si se quiere, que “da sentido” a ciertos comportamientos entre las personas que forman parte de estas agrupaciones humanas. Si ciertas compañías que producen ropa y zapatos deportivos “controlan” los recursos de sus empleados de alto nivel, pueden “exigirles” que acaten órdenes relacionadas con políticas de “outsourcing” en que la compañía emplea fuerzas laborales en países donde los obreros carecen de derechos legales. Quienes cosen y pegan para ciertas marcas de productos deportivos tienen escasos derechos y salarios ínfimos. ¿Por qué los ejecutivos se prestan a esto? Según la teoría clásica los ejecutivos se identifican con estas prácticas porque la compañía tiene el poder de exigírselo por medio del control de las recompensas (salarios) y castigos (el miedo al despido). Esta identificación se traduce en la lealtad de sus empleados. O, según los postulados de la “sociedad unidimensional” (Marcuse, 1968) la ideología de los contextos “totalizadores” dominan aun eliminan la capacidad de pensamiento y la acción individuales. Por su parte, Taylor (s/f) habla de la importancia de un contexto cultural para entender a la sociedad y sus organizaciones. Inclusive, para tratar de entender el fenómeno de la capacidad que tienen las instituciones para secuestrar la voluntad de sus miembros y hablar en su nombre, podríamos apelar también a enfoques individuales como el psicoanálisis (la psiquis dividida) o enfoques socio-políticos como el marxismo (falsa conciencia –ver el Capítulo 1) o ciertos planteamientos que han surgido de las tendencias feministas.
Pero también puedo distanciarme de los enfoques que presentan a las organizaciones como si fueren inmutablemente estáticas y jerárquicas. Los “postmodernos” intentan “desconstruir” las nuevas estructuras organizativas, pero el poder de estas instituciones va más allá de la posibilidad de controlar la conducta y las motivaciones de sus empleados. También hay que considerar la participación activa de las PI en acciones que tal vez no aprobarían en otras circunstancias, por ejemplo, hay que tomar en cuenta el efecto de la propaganda que promueve el espectáculo de los súper-héroes del básquet saltando por los gimnasios mundiales en zapatos con el logo de una conocida compañía. Estos espectáculos esconden la presencia de los obreros que confeccionan estos productos, quienes con frecuencia carecen de los derechos más elementales. De nuevo puedo preguntar, ¿por qué Michael Jordan se prestaba a esto? Claramente los honorarios elevados pagados por NIKE constituyen parte de la razón. Pero también Jordan se cierra a la presencia de la esclavitud detrás del producto de la misma manera que nosotros, los deslumbrados clientes, lo hacemos. El espectáculo se vuelve interactivo cuando las personas usan los logos en su ropa e intercambien los símbolos de las campañas publicitarias por Internet.
Michael Billig (1994) hizo un análisis hermenéutico de la mezcla de mensajes alrededor del fenómeno Disney. Describe un viaje a Florida en los Estados Unidos para visitar a Mickey Mouse en su propio terreno, allí los visitantes pueden deambular por espacios donde Mickey “realmente” vive y saluda a los niños. Luego pueden visitar el camerino donde Mickey se viste para su actuación, pero el camerino también es un escenario, allí no van a encontrar empleados sudorosos vistiéndose para su día laboral. Se trata del mito detrás la fantasía, un juego infinito de espejos cuyas imágenes nunca llegan hasta Tailandia y sus obreros juveniles.
Otras instituciones con fines de lucro van más allá en las actividades que toleran en nombre de la acumulación de beneficios económicos. Las industrias biotecnológicas transforman a sus clientes físicamente por medio de cambios que influyen en lo que éstos comen y consumen como medicamentos. En el futuro probablemente cambiarán la genética de sus clientes con la aprobación entusiasta de éstos. También hay industrias relacionadas con la manufactura y venta de armamento que alientan desacuerdos bélicos y promueven soluciones violentas en ambos lados de conflictos internacionales o de rebeliones internas .
La expectativa de vida de estas instituciones depende de muchos factores, pero tal vez podemos resumirlos en una sola palabra: intereses. La institución sobrevivirá mientras satisfaga las necesidades de algunas de las PI. Las grandes compañías con fines de lucro deben satisfacer a los dueños de sus acciones y deudores, a sus clientes y en cierto grado a sus empleados. Además reciben apoyo de personas cuyas necesidades son menos evidentes, como los políticos que reciben dinero para sus campañas, proveedores de materias primas, agencias publicitarias y los locales comerciales que distribuyen sus productos. Es importante tomar en cuenta también que las PI incluyen intereses que van más allá de las personas individuales asociadas con estas instituciones. Involucran a otras instituciones como gobiernos, sindicatos, bolsas económicas, compañías del tipo “holding” e inclusive, aspectos tan abstractos como las cambiantes tasas de capitales internacionales.
En años recientes se ha hablado de la “responsabilidad social” de las grandes instituciones. Esto significa que a veces asumen, de manera voluntaria, funciones destinadas a mejorar la calidad de vida de grupos de personas necesitadas. Destinan recursos a estos fines por varias razones. Estas actividades “suavizan” la “imagen” de instituciones cuya meta principal es obtener ganancias. Otra razón es que reciben créditos que limitan los impuestos que pagan en los países donde están ubicadas sus oficinas principales. La última razón es más compleja y tiene que ver con una postura ética en donde la responsabilidad social se confunde con el ejercicio de poder.
No todas las instituciones con fines de lucro son grandes organizaciones que han perdido sus lazos con la satisfacción de las necesidades de las PI relacionadas con ellas. Las compañías pequeñas donde trabajan pocas personas comparten algunas de las características descritas arriba, pero mientras más reducidas son, más capacidad intersubjetiva tienen sus miembros. Las diferencias entre sus necesidades pueden resolverse en conversaciones personales y la influencia de los aspectos burocráticos se reduce junto con el número y lo indefinido de la identidad de las PI.
Por otro lado existen hoy en día alternativas comerciales, es decir, instituciones con fines de lucro “no violentos” cuyos sistemas para producir y educar a los clientes emplean otros criterios (Boje, 2001, 1999a, 1999b). Es un cambio, en donde los principios éticos tienen por lo menos tanta importancia como los económicos. Las organizaciones “fair trade” relacionadas con la comercialización de productos agrícolas son ejemplos, como también lo son las cooperativas y las industrias controladas por los obreros que fueron “tomadas” en Argentina (Ballvé, 2006), después que los dueños europeos las abandonaran en la última crisis económica de aquel país. También la desconstrucción social de los grandes intereses económicos toma la forma de los movimientos de resistencia como el de José Bové contra Mac Donalds y las compañías que producen alimentos modificados genéticamente , en que éste intentaba defender las prácticas ecológicas de los pequeños productores agrícolas en Francia.
Las evaluaciones participativas que se hacen en los escenarios con fines de lucro tienen que tomar en cuenta, entonces, no sólo las necesidades problematizadas de las PI sino también la estructura institucional de las organizaciones. Esta disposición de poder y recursos pone límites a las aspiraciones y expectativas de los participantes debido a los sistemas organizados de relaciones legales y de poder en que éstos están inmersos.
Instituciones sin fines de lucro: Hay otras instituciones con características distintas, como los hospitales públicos y demás servicios comunitarios y las ONG, que normalmente se asocian a proyectos de intervención social. Existirán mientras tengan el apoyo de los gobiernos locales, y activistas interesados en las causas que promueven y un público dispuesto a financiarlas. Ha ocurrido que las causas desaparecen, como cuando las agrupaciones que combatían los efectos de la parálisis infantil (polio) fueron suprimidas por el desarrollo de la vacuna que eliminó este padecimiento como flagelo público. En algunos casos estas organizaciones transforman su misión y emplean sus energías para combatir otras causas. Pueden emplear sus logos, experiencia e instalaciones para estos nuevos móviles.
Las metas de estos centros son radicalmente distintas a las instituciones financieras mencionadas antes. Hay tres observaciones que puedo hacer al respecto.
a) Su objetivo institucional no es en sí la acumulación de dinero y otros recursos. Emplean sus medios para alcanzar otras metas como apagar incendios o curar a los enfermos. En algunos casos las funciones de estas instituciones se enturbian, como por ejemplo, cuando la policía es usada con fines políticos o cuando la corrupción distorsiona las metas originales de la organización, sin embargo, por principio y de manera estructural, normalmente tienen una clara visión y misión que puede distinguirse de la acumulación de capital.
b) Las PI asociadas con estas instituciones tienen características distintas. En algunos casos, como los médicos de un hospital público, las PI son profesionales asalariados cuyos intereses son tanto económicos como de servicio. En otros casos quienes prestan los servicios son voluntarios, como sería la situación de algunos bomberos, las damas voluntarias de un hospital o los miembros de muchas ONG. En un sentido un tanto idealizado quienes prestan estos servicios valorizan tanto el efecto benéfico de sus acciones como las ventajas que podrían recibir a cambio.
c) Finalmente, las demás PI normalmente incluyen personas que tienen cierta clase de necesidades que no son satisfechas por otras instituciones, como los enfermos que no pueden acudir a una clínica con fines de lucro. Por esta razón son vulnerables y el uso que hacen de estas instituciones benéficas no es tan voluntario como sería el caso de los clientes de un almacén. Además, la satisfacción de sus necesidades depende normalmente de una oferta pública hecha por las instituciones en cuestión. Por ejemplo, un hospital público puede carecer de cupo para ciertas intervenciones médicas. O puede ocurrir que no exista una institución con las características que necesitarían algunos usuarios, como por ejemplo, en Venezuela casi no hay casas seguras para mujeres maltratadas.
Estos son los escenarios en donde las evaluaciones participativas son más efectivas y “naturales” porque con frecuencia, tanto sus estructuras organizativas como sus sistemas de valores incorporan la participación como un elemento importante. Como en todas las organizaciones, siempre hay factores recurrentes que el evaluador debe problematizar: a) metas encubiertas, b) el miedo a ser juzgado, c) los programas que cambien mientras sigue la evaluación, d) conflictos debido a diferencias de personalidad, e) conflictos de valores y f) la falta de definición de los roles en la organismo evaluado. El capítulo cinco del libro “Investigación Evaluativa” de Carol Weiss (1983) trata varios de estos temas, a pesar de que su enfoque no sea participativo.
Instancias públicas: La teoría sobre institucionalización gubernamental normalmente tiende a enfatizar el liberalismo político que nació con la Constitución de los Estados Unidos, y que refleja también las preocupaciones por la libertad y la racionalidad elaboradas por los Enciclopedistas y los pensadores sociales del Siglo de las Luces. Hoy en día, sin embargo, con la adopción del liberalismo económico y el lenguaje del libre mercado por muchos gobiernos, consideraciones igualitarias son desechadas a menudo como remanentes de ideologías consideradas como “superadas”, tales como el comunismo y el socialismo.
Más allá de las etiquetas ideológicas está el problema del acceso de los ciudadanos al proceso de toma de decisiones y la administración del quehacer público. Muy importante para esta consideración es la tolerancia que los gobiernos tienen con la disidencia y la capacidad que tienen los disidentes de participar en los debates. Esto está íntimamente asociado con las alianzas que el sector oficial tiene con los medios de comunicación y los intereses económicos dominantes.
La “expectativa de vida” de los gobiernos en un sistema asociado con el liberalismo político es cíclica, por lo menos en un sentido idealizado. Idealmente el electorado elige los candidatos que le conviene. Entre el 2005 y el 2006, mientras escribo estas páginas, los bolivianos, los canadienses, los alemanes, los palestinos y los israelíes acaban de elegir nuevos gobiernos por medio de comicios formales. La “legitimidad” de los líderes políticos es un problema de mayor alcance. A veces hay elecciones cuyos resultados no reflejan la voluntad popular como ocurrió en el 2001 en Bielorrusia, y hay procesos electorales donde la participación del electorado es mínima como ocurrió en las últimas elecciones municipales en Venezuela. La posibilidad de confrontar legalmente a estos gobiernos consiste en complejas movilizaciones populares.
La posibilidad de llevar a cabo una evaluación participativa en los escenarios oficiales depende mucho del estilo de mando que les caracteriza. En general, a menos que haya una exigencia urgente para que un programa gubernamental tenga éxito, estos esfuerzos tienden a ser percibidos como inconvenientes a nivel político. Pareciera que el éxito retórico vale más que la satisfacción de las necesidades problematizadas de una amplia base de las PI.
Otras instancias públicas: No puedo cerrar estos pensamientos sin mencionar la gestión de otras instituciones que tienen orígenes similares pero cuya evolución las ha separado de aquellas que acabamos de considerar. Un ejemplo paradigmático lo constituyen las instituciones militares, que gozan de su asociación con el poder político y patrio, pero permanecen intactas mientras las administraciones civiles se sustituyen por medio de los comicios. Los servicios militares acumulan prerrogativas y facultades que les dan independencia de sus PI originales, es decir, los ciudadanos que requieren protección. Estos organismos disfrutan de múltiples ventajas: a) manejan recursos y no tienen que rendir cuentas sobre su uso debido a que sus asuntos financieros son “secretos de estado”, b) se benefician de lazos privilegiados con intereses económicos como las compañías que pertenecen al llamado “complejo militar e industrial”, c) toman decisiones en nombre del bienestar colectivo, como por ejemplo, la adquisición de ciertos tipos de armamento, que a veces tienen poco que ver con la protección ciudadana y d) las PI civiles no tienen la posibilidad de inherencia en los asuntos castrenses, excepto en los niveles más altos de los gobiernos democráticos. Se puede imaginar un comité de ciudadanos que participen en las decisiones de un hospital, pero esto no podría ocurrir con el ejército.
En términos de la expectativa de vida de estas organizaciones militares, hoy en día no tiene fin, los ejércitos ya no practican movilizaciones temporales en defensa de sus pueblos. El gran general romano Cincinnatus, que convirtió su sable en una reja de arado después de ganar su última batalla, no tiene seguidores modernos en el mundo castrense.
Debido a su naturaleza “no deliberativa” la evaluación participativa no es efectiva en estas instituciones. Hace años tuve algunas experiencias con cuerpos policiales en donde a muy corto plazo se pudo lograr la problematización de las necesidades sentidas de algunos integrantes de estos organismos. En particular, en los años 80 pude participar en la formación de uno de los cuerpos de las llamadas “policías municipales” donde existía el lema: “Crear una policía diferente”. Se trabajó en este entonces para elaborar ideas colectivas entre los candidatos a policía sobre un mandato que incluyera la prevención del crimen y la participación con los demás ciudadanos en el mantenimiento de la paz social. Sin embargo estos logros no duraron, después de pocos meses los agentes habían asumido posturas represivas y arbitrarias.
Estas consideraciones acerca de la vida de las instituciones tienen por propósito abrir el tema de las instituciones como construcciones humanas. Las condiciones de cambio varían según el tipo de institución. A veces sus estructuras parecen inquebrantables, pero no es necesario considerarlas como contextos inmóviles. Aún las instituciones más cerradas tienen hendiduras burocráticas y administrativas en donde las evaluaciones participativas pueden practicarse. En una EP es importante que las PI evalúen sus necesidades y la posibilidad de satisfacerlas dentro del contexto de dichas hendiduras, y a veces hace falta trabajar al margen de las instituciones en cuestión para poder lograr cambios en ellas. Pienso, por ejemplo, en las demandas legales contra la compañía de comida rápida MacDonalds que la obligó a incluir ensaladas y comida menos dañina en el menú que ofrece al público. Considero, en resumen, que las organizaciones forman parte del contexto de la acción de las personas como agentes capaces de lenguaje y razón. Dichos agentes son los constructores de estas instituciones y las pueden reconstruir cuando haga falta, bajo las limitaciones evidentes que significan el empleo del poder y la influencia. A veces para reconstruir hace falta desconstruir primero, es decir, hace falta analizarlas desde posturas económicas y éticas, y en términos de las necesidades problematizadas de las PI.
1.2. La participación solidaria en los escenarios institucionales
La participación solidaria no existe de manera “natural”. Se trata de muchas conductas y construcciones sociales cambiantes y emergentes como muy bien ha descrito Sánchez (1999). En una evaluación participativa es la tarea del facilitador proporcionar las condiciones para su avance.
1.2.1. La solidaridad. Existe la necesidad de lograr intersubjetividad solidaria aun entre grupos de personas distintas que provienen de comunidades y organizaciones heterogéneas. Contradictoriamente, el apego que las personas tienen con comunidades e instituciones particulares puede ser un obstáculo para la hermandad entre agrupaciones distintas.
Este conflicto entre la lealtad al grupo primario y la perspicacia hacia el “extranjero” tiene una larga historia. En los documentos históricos más antiguos, desde la Odisea de Homero y el Viejo Testamento, podemos encontrar que los grupos humanos resuelven sus problemas por medio de sus sables y cada forastero es un enemigo. Los pueblos predilectos de sus propios dioses se excluyen mutuamente de la categoría de “nosotros”. Para los griegos los “otros” eran los troyanos y casi todos los habitantes de las islas por donde pasó Odiseo; para los hebreos, eran los filisteos y casi todas las tribus e imperios circundantes. Hay una interpretación de una frase de la Odisea que sugiere que los griegos son los “comedores de pan”, es decir, los humanos civilizados (Odisea, Libro 8, p. 11). Cualquier trato es admisible hacia los otros seres: quemar sus ciudades, esclavizar y asesinar a sus ciudadanos. Entre los “comedores de pan”, sin embargo, hay un reconocimiento mutuo de humanidad civilizada. No estamos exentos de esta postura xenofóbica, intransigente, patriotera y chauvinista. Es decir, con frecuencia nuestra intersubjetivdad se extiende sólo a nuestra propia comunidad de hombres y mujeres.
La tradición psicosocial que proviene de Hegel (1807/1977) y pasa por G. H. Mead (1913/1972), Schütz (1932/1993) y Berger y Luckmann (1966) muestra la presencia de lo social en la misma definición de los sujetos, considerados como puntos de refe¬rencia en redes sociales y lingüísticas. Es decir, nadie nace solo; nos hallamos en un mundo de vida donde hay múltiples y complejas redes sociales y donde conviven muchas maneras diferentes de relacionarse.
Bernstein (1991) conjuga dos conceptos para considerar la falta de tolerancia intersubjetiva: la inconmensurabilidad y la otredad. Los dos conceptos hacen referencia al "'problema de la identidad y la diferencia" (Bernstein, 1991, p. 6). La conmensurabilidad es un conjunto de reglas que permite comparar punto por punto varios textos, varias culturas, o diferentes paradigmas entre sí. "Inconmensurable" sería entonces una palabra que se refiere a los sistemas cerrados de lenguaje y creencia, en los cuales no existe la posibilidad de crear correspondencia.
Como dice Bernstein (1991) este es un problema ético y tal vez metodológico, más que epistemológico. Dice que aunque a veces el fracaso del entendimiento puede ser "trágico" tenemos que "asumir la responsabilidad de escuchar con atención, usar nuestra imaginación lingüística, emocional y cognitiva para captar lo que es expresado y dicho en tradiciones extrañas" para evitar el peligro tanto de "la colonización imperialista" como del "exotismo inauténtico" (p. 13-14).
En este sentido, el Otro puede ser un objeto de apropiación, conversión y represión, o se le puede reconocer como otro ego "irreducible a mi ego" (Bernstein, 1991, p. 19). Frente al Otro irreducible, existe también el compromiso y la obligación ética entre ambos, "de intentar trascender su egoísmo narcisista mediante la comprensión de la alteridad del Otro" (Bernstein, p. 22). Es decir, el problema de la intersubjetividad, aún en condiciones de lo inconmensurable, tiene que ver con la posibilidad de poder reconocer la pluralidad de la condición humana, pero también, con la capacidad del Otro de tener pensamiento y razón. "Reconocer la radical alteridad 'del Otro', no significa que no haya manera de entenderlo, o de comparar al Yo con su Otro" (p. 21).
En Cronick (2002b) propuse que los evaluadores deben ejercer tolerancia frente a los grupos con que trabajan. Es decir, los facilitadores y los evaluadores no están en la obligación de aceptar todas las construcciones sociales producidas por las PI. He mencionado la experiencia que tuve con un cuerpo policial donde los miembros me explicaban que reconocían a los maleantes por su pobreza, juventud y su raza. No pude estar de acuerdo con estos criterios y manifesté mi disconformidad con ellos, sin embargo, esta diferencia de pautas formó la base para el comienzo de una breve problematización colectiva. Por mi parte pude reconocer el ambiente de confrontación que vive el policía en la calle y ellos por lo menos se abrieron a la posibilidad de reconsiderar los criterios que empleaban para categorizar a las personas.
El logro de la tolerancia puede ser una meta en la facilitación de la evaluación participativa. Esto quiere decir que el derecho a la igualdad tiene que complementarse con el derecho a la diferencia (un concepto originalmente propuesto por Rappaport, 1977). Esto no significa que los miembros de los grupos sociales no deben ejercer suspicacia frente a los diferentes valores y estilos de vida. Lo que quiero decir es que, dados ciertos límites, la intersubjetividad exitosa implica la co-existencia más o menos amistosa de puntos de vista muy distintos.
La evaluación racional y dialéctica de las necesidades colectivas y los programas sociales ha sido un paso relativamente nuevo y enormemente trascendente para la humanidad. El principio de inclusión entre las PI es imprescindible y va más allá del modelo evaluativo en sí. Una de las estrategias más eficaces para lograr esto es promover reglas de interacción, es decir, modelos institucionales que permitan a los grupos: a) tener representación, b) establecer vínculos colectivos con otros grupos, y c) normar su intersubjetivdad.
Cierro esta sección con una reflexión sobre el papel del facilitador o evaluador en la generación de la tolerancia institucional. Es evidente que los diferentes escenarios que he considerado requieren diferentes estrategias técnicas e interpersonales de parte de los profesionales involucrados en el proceso. No se trata sólo del problema ético de trabajar en función de la estructura institucional particular que uno está evaluando, sino también de promover la emancipación de las PI; esto debe ser el norte del trabajo evaluativo. Lo que significa “emancipación” en cada caso debe emerger de la facilitación de la inclusión de todas las PI.
1.2.2. La institucionalización comunitaria: Objetivos según una tipología tentativa de comunidades
En otro lugar (Cronick, 2002a) he considerado los diferentes tipos de comunidad que los evaluadores y los facilitadores pueden encontrar en sus actividades profesionales. En resumen las comunidades pueden clasificarse según estos criterios:
El sentido de comunidad: Este “sentido” es el producto de las construcciones colectivas de sus miembros. Se define por un sentido de “nosotros” y “nuestra” diferenciación para con “ellos”, los no-miembros. Normalmente “nosotros” tenemos un territorio físico o identificación institucional que nos pertenece: el vecindario, la iglesia, los clanes y la familia extendida son ejemplos de agrupaciones que se basan, por lo menos parcialmente, tanto en sistemas de identificación institucionalizados por la ley como por la tradición. No estamos solos porque compartimos un espacio o una identidad. Compartimos, además, ciertas expectativas normativas y tradicionales.
La comunidad desde el punto de vista del liberalismo político: El liberalismo político es un modelo democrático que propone la racionalización de las interacciones sociales y la intersubjetividad en donde varias provisiones explícitas e inexplícitas se entienden: a) toda la estructura comunitaria se basa en el individuo: éste decide por medio de su voto y es responsable personalmente por sus acciones, delitos y omisiones. A pesar de estar supeditado a la voluntad de la mayoría, el individuo es legalmente igual a los demás miembros de su grupo o sus con-ciudadanos, b) existe protección para las minorías, pero la mayoría decide, c) existen, además, mecanismos institucionales para mediar los conflictos y d) a pesar de que las relaciones personales coexisten con las institucionales, el modelo distingue entre ellos. Inclusive, en relaciones más personales como el matrimonio y la paternidad (o la maternidad) las obligaciones y los derechos institucionales se separan de los afectos y las expectativas tradicionales.
La justicia social y la participación: Los orígenes de este modelo pueden encontrarse en Rousseau, Marx, Feuerbach y otros reformistas y activistas sociales que creían que la democracia liberal no es suficiente. Se supone que es necesario lograr cambios emancipatorios en que los valores de igualdad social se añaden al sentido de comunidad, la responsabilidad individual y la interdependencia funcional que se encuentran en los otros modelos. Este modelo incluye una estructura normativa que impone la necesidad de ayudar y cuidar a las personas que tienen necesidades especiales. En su expresión más avanzada esta formulación propone el derecho a la igualdad. Ejemplos de mecanismos para lograr esta igualdad son: la creación de sistemas de jubilación para los ancianos, clínicas subvencionadas, dispositivos arquitectónicos para los incapacitados y casas seguras para las mujeres que son víctimas de la violencia domestica.
La comunidad como una alianza de instituciones: Hay un cuarto tipo de comunidad donde las instituciones no existen de manera aislada. Los representantes elegidos en todos los niveles funcionan en estrecha relación con los organismos banqueros y financieros, los sindicatos, las organizaciones sin fines de lucro, las instituciones educativas, los grupos culturales, los colegios profesionales, los grupos religiosos y así sucesivamente. Aquí el énfasis está en los lazos o la red de actores, más que en los grupos mismos. Las relaciones consisten sobre todo en acuerdos, alianzas y negociación de las diferencias. Estos actores se legitiman mutuamente, y en ocasiones, algún grupo es rechazado o deslegitimado por los demás.
También pueden existir redes paralelas de alianzas y acuerdos. El reconocimiento mutuo está sancionado por ceremonias de inauguración y otras manifestaciones públicas donde asisten los alcaldes, los representantes de la iglesia y de las asociaciones comerciales. Lagroye (2002, p. 531) habla de una “teoría neocorporatista” como una proposición que supone una tendencia general de las sociedades contemporáneas a asociar las instancias políticas y administrativas a organizaciones representativas de intereses para controlar los sindicatos, los grupos profesionales y otros grupos. Estas relaciones están fuertemente burocratizadas y de esta manera las instituciones “reconocidas” disfrutan de los privilegios de monopolio con respecto a sus respectivas esferas de influencia y poder económico.
Lo interesante para nuestro análisis es que cada organización que participa en estas redes se hace más fuerte por esta colaboración. Aunque los lazos y acuerdos inter-institucionales pueden ser perniciosos y conducir a prácticas exclusivas y excluyentes, establecer este tipo de alianzas es importante para las asociaciones y tiene el efecto de multiplicar su efectividad y alcance. Verdaderamente, lograrlas debe ser una meta de la facilitación comunitaria y debe considerarse como un indicador de éxito en las evaluaciones participativas.
He repasado cuatro modelos de intersubjetividad. Este paso ha sido importante para poder incorporar la intersubjetividad como un tema a ser problematizado en la evaluación participativa a nivel institucional. Es una de las áreas de mayor urgencia para las reflexiones críticas sobre la institucionalidad.
En lo que sigue desarrollaré algunas nociones sobre la evaluación en el contexto de la institucionalización, considerando sobre todo su naturaleza emergente.
II. La creación y monitoreo de prácticas institucionalizadas
2.1. Las características básicas
Estas son algunas de las particularidades formales de las instituciones que deben formar la plataforma para la facilitación de su formación, pienso que la institucionalización puede considerarse de cuatro maneras.
a) Es un fenómeno de la economía social que aparece bajo ciertas condiciones históricas, en el capitalismo después de las revoluciones políticas (inglesa, norteamericana, francesa, rusa, china, etc.), especialmente después de la industrialización. Es una categoría de normas legales y cuasi-legales ya que conlleva expectativas con respecto a la justicia y los sistemas para la distribución de bienes y recursos.
b) Es una unidad de la estructura social, en la organización de la división de poderes del gobierno o de los roles organizacionales en las entidades jurídicas entre otros.
c) Es una normativa legal que rige las relaciones interpersonales de los miembros de las sociedades institucionalizadas, a través de la creación de expectativas formales con respecto a los derechos y responsabilidades de los cónyuges, y los padres y representantes de los menores de edad.
d) Es una identidad particular de organización social, como una empresa, una escuela, una comunidad organizada o una ONG.
En la modernidad occidental la institucionalización implica la secularización de la sociedad, es decir, los lazos tradicionales entre la fe y la administración del poder se rompen, contrastándose con los regímenes teocráticos y los reinados donde el monarca manda por la voluntad de su dios. Aunque es evidente que el origen histórico de un sistema institucional puede encontrarse en un cambio violento, como en el caso de las revoluciones y demás rebeliones, las garantías individuales y los derechos de las minorías de un sistema institucional le dan, por lo menos teóricamente, el carácter de un fenómeno de la voluntad colectiva.
En la institucionalización hay actividades organizadas de manera impersonal y utilitaria. Esta práctica carece de los contactos entrañables de la comunidad hermanada, y de los patrones de conducta ceremonial y tradicional. En el ritual, la actividad está predeterminada por un código cuya fuente es mítica o divina. En estos casos, el lugar social, las expectativas, los privilegios, las reglas de asociación y matrimonio y los deberes de los miembros de la cultura tienen coherencia para sus ellos debido a la tradición en que están inmersos. De hecho, en las comunidades tradicionales, no institucionalizadas, el individuo puede estar inmerso en su grupo que le da sentido, pertinencia y una sensación de continuidad. Los actos de gobernación y decisiones con respecto a decesos, casamientos, disputas y otros acontecimientos no son individuales, sino parte de un proceso inscrito en la cosmología de la cultura.
En cambio en la institucionalización moderna basada en el liberalismo político, las reglas se organizan en términos de los límites de los contratos acordados entre participantes individuales y libres. En el matrimonio civil la elección de la pareja puede considerarse como un derecho de los contrayentes, quienes pueden también disolver el contrato de acuerdo con procedimientos institucionales. También en el caso del cambio de los representantes políticos, se trata de un acuerdo contractual, normalmente por parte de una mayoría política o agrupaciones mayoritarias de ciudadanos. Otros procedimientos existen para modificar estas decisiones si la mayoría de los ciudadanos o miembros de las agrupaciones deciden hacerlo.
Las instituciones suelen tener características funcionalistas, donde hay un sistema homeostático en que el desequilibrio es considerado disfuncional. Los participantes (miembros, ciudadanos) se sitúan dentro del sistema de manera especializada y consolidada. Los individuos adoptan diferentes roles, los cuales son intercambiables porque pueden ser ocupados por personas distintas. Al mismo tiempo que una posición institucional puede ser ocupada sucesivamente por personas distintas, cada individuo puede tener roles distintos dentro de entidades diferentes de la sociedad. Sin embargo, cierto grado de desequilibrio es inevitable, aun en las instituciones que parecen más estables. Incluso la Iglesia Católica de Roma ha tenido que reconocer que Galileo tenía razón.
2.2. El cambio institucional:
El cambio en la sociedad institucional normalmente es anticipado porque las leyes o las reglas pueden establecerse, eliminarse y modificarse bajo las estipulaciones de un estatuto o una constitución. El mismo estatuto o constitución puede sufrir modificaciones si los miembros o ciudadanos así lo desean. Este tipo de documento contiene las reglas de juego, pero el logro verdadero de innovaciones requiere algo más que el permiso para actuar. ¿Qué condiciones facilitan el cambio institucional?
El liderazgo: Moscovici (1979, 1993) desarrolló algunas de las condiciones que son necesarias para el surgimiento de nuevos líderes que representan las “minorías activas”, es decir, aquellos sectores de la población que abogan por cambios en un grupo o sociedad, y aunque tienen influencia carecen de poder; entre estas condiciones menciona que el líder o la minoría debe demostrar: una posición no-radical, seguridad, honestidad, coherencia y, al mismo tiempo, flexibilidad en su discurso.
Este tipo de dirigente basa su propuesta de influencia social en la suposición de una audiencia compuesta de agentes capaces de lenguaje y razón. Una segunda propuesta, también fundamentada en la racionalidad de los seguidores, es la del intelectual orgánico que surge de un grupo disidente que se concentra alrededor de la necesidad de “construir un bloque intelectual-moral que haga políticamente posible un progreso intelectual de masa y no sólo de limitados grupos intelectuales” (Gramsci, 1972, p. 23-24). En cambio, el carisma apela a las emociones de las masas. Dice Moscovici que el líder carismático cree ciegamente en su propia misión de cambio, y “reconoce la superioridad del valor sobre la inteligencia” (Mosocvici, 1993, p. 162). ¿Es racional el público que vota y decide? La respuesta de la IAP sería que la racionalidad se construye en las condiciones adecuadas por medio de la problematización y la potenciación de las PI.
El apoyo financiero: Se requiere dinero para producir cambios, y los efectos de los fondos económicos funcionan tanto para promover como para impedir transformaciones. Por ahora es suficiente señalar que los innovadores tienen que buscar benefactores pero también deben estar concientes de los peligros de los compromisos económicos.
Medidas estructurales: Hay maneras estructurales para potenciar la disidencia y producir cambios, entre ellas:
a. Promover el acceso que tienen las minorías activas y los intelectuales orgánicos a las PI: Hoy en día el Internet y los correos electrónicos son herramientas útiles para esta tarea. También existen los métodos tradicionales de foros, boletines, afiches y anuncios por radio y televisión.
b. Desarrollar límites con relación al tiempo que un líder puede ocupar una posición de influencia: Se trata de una condición estructural que inhibe (pero no impide) el poder de personas individuales en una institución. Mientras mayor sea la rotación de las figuras administrativas en las varias posiciones de poder, más sería la participación de las PI.
c. Alentar la participación de las PI: Esta medida incluye, además de los procedimientos que he descrito anteriormente: 1) campañas para aumentar el registro de votantes y su asistencia a eventos como asambleas, 2) medidas para aumentar la capacidad de comunicación y contacto entre los miembros y 3) el establecimiento de estructuras institucionales como comités y grupos de trabajo que incluyen miembros no centrales a la estructura de poder.
d. Revisar los mensajes de las minorías y los intelectuales orgánicos: Como mencioné arriba, deben ser coherentes y flexibles. El lenguaje debe ser accesible para la audiencia, pero no la debe despreciar. Además este tipo de líder, aunque sea un miembro de la misma audiencia que lo eligió, debe potenciar las construcciones sociales de la colectividad en el sentido dado por Guba y Lincoln (1989). Esta estrategia es estructural en tanto que promueve el desarrollo del discurso de todas las PI de manera sistemática.
Sin embargo, algunos cambios ocurren a pesar de los documentos legales que señalan las vías aceptables para producir innovación. El rompimiento no legal del procedimiento acordado significaría la destrucción de la institucionalidad; la organización o la comunidad responde entonces con actos dirigidos al saneamiento de la institucionalidad, por ejemplo con castigos para los infractores, cuyo objetivo sería hacer problemáticos tales actos para los actores individuales. La responsabilidad descansa sobre el ciudadano como unidad básica de la jurisprudencia.
Hay instancias de cambio emergentes e inclusive violentas. Normalmente esto ocurre cuando las vías para la resolución de desacuerdos no funcionan, o cuando algún sector emplea la fuerza para sobreponerse a los demás. El cambio violento rebasa las limitaciones del presente capítulo, pero merece un comentario breve.
Hay una larga tradición libertaria que sustenta el derecho que tienen los “pueblos” a sublevarse frente a lo que consideran la opresión, la ocupación territorial y otras formas de control que reducen su capacidad para autogestionarse. No niego este derecho y reconozco que las revoluciones han motivado varias democracias y procesos liberadores. Sin embargo, dado el contexto de los cambios violentos de los siglos XX y XXI en que la rebelión basada en la fuerza frecuentemente carece de la capacidad de satisfacer las necesidades de las PI, pienso que este tipo de cambio ha perdido mucha de su viabilidad. Hay varias razones para explicar este hecho. Primero, el orden jerárquico de las milicias populares o sectores militares insurrectos no se desvanece con la victoria de estos grupos. Por esto, tienden a reproducir las viejas cadenas de mando en las nuevas instituciones que establecen. Segundo, la dependencia de los grupos sublevados de las fuentes modernas de armamento los somete a condiciones internacionales de abastecimiento y financiamiento, y este control no se termina con el fin del conflicto. Tercero, la destrucción que causan sólo aumenta el desamparo de las PI. Finalmente, el control ideológico que normalmente requieren estos grupos mientras combaten físicamente tiende a conducir luego a regimenes totalitarios. Por estas razones las soluciones armadas quedan fuera de la posibilidad de la evaluación participativa y por ende de la emancipación verdadera de las PI.
2.3. La facilitación del liderazgo y la “voluntad popular”
Este punto es importante porque en un conflicto de poder cada parte suele identificarse con la “voluntad popular”. En cierto sentido tienen razón puesto que todas las partes constituyen piezas significativas de dicha voluntad. Los miembros participan en una conciencia colectiva y las autoridades suelen hablar en nombre de esta conciencia. Entonces la inconmensurabilidad de que hablamos arriba puede esconderse bajo una retórica de inclusión cuando de hecho existen procesos de exclusión. Los líderes proclaman su adhesión a nociones como la “libertad”, confundiendo las nociones de libre albedrío individual, el libre mercado y la libre expresión de la voluntad popular.
Los sectores excluidos pueden aceptar o rechazar estas redefiniciones retóricas de la voluntad popular. En caso de rechazarlas, el resultado sería un conflicto más o menos abierto y la tarea del evaluador es facilitar la negociación de los conflictos y la potenciación de estos grupos. En cambio cuando estos sectores acepten las redefiniciones, es tarea del evaluador problematizar los conocimientos que han sido “naturalizados”, es decir, aceptados a pesar de la experiencia y las vivencias de los involucrados.
El facilitador tiene tres maneras de provocar la reflexión: puede modelar los comportamientos deseados; puede identificar y “devolver” conceptos que ha detectado, y puede problematizar la necesidad de abrir espacios para la participación institucional. No puede solucionar los problemas específicos que confrontan los participantes de un esfuerzo comunal, ni puede hacer pronunciamientos sobre lo que considera que son las necesidades del grupo donde trabaja. Sólo puede señalar áreas-problema tal como fueron detectados en los encuentros de grupo.
Hay, entonces, una separación entre proceso y contenido que puede concebirse así:
TABLA 1
Actores Proceso Contenidos
Facilitador/Evaluador Facilitar la reflexión crítica sobre el “conocimiento naturalizado” La resolución dialéctica de los conflictos entre construcciones sociales incompatibles
PI Expresar y reconstruir construcciones sociales específicas (necesidades, etc.) Elaboración de construcciones potenciadas y acciones por canales institucionales apropiados
Se puede considerar al facilitador o evaluador como un asesor para iniciativas públicas o privadas que intenten mejorar, modificar o crear las instituciones que tienen que ver con la comunidad. Aunque la responsabilidad de cambio estriba primordialmente en los miembros de dichas organizaciones (escuelas, hospitales, empresas, servicios, etc.), el rol del evaluador es el de promover la resolución de los conflictos, mejorar la autoimagen y los sentimientos del personal implicado y a veces facilitar el cambio estructural de la institución. Se ayuda con la construcción de equipos de trabajo, la discusión en grupo, el diseño y organización de tareas, la retroalimentación y entrenamiento comunicacional. Se exige un ideal democrático e institucionalizado, tal como hemos descrito.
2.4. El conocimiento y el poder
El poder y el conocimiento están relacionados. Para comprobar esta relación sólo tenemos que recordar como Galileo fue obligado a negar que el sol está en el centro del sistema solar. Hoy en día hay grupos que no se limitan a rechazar información científica por razones de fe sino que también se aíslan de ella, como cuando ciertas escuelas en los Estados Unidos prohíben la enseñanza de la evolución en los currículos escolares. En un sentido más sutil, la enseñanza de la historia siempre está escrita a favor de los vencedores de las guerras y las elecciones.
El conocimiento, en el sentido de proximidad, conciencia o entendimiento que se obtiene por medio de la experiencia o el estudio, está ligado a estilos particulares de poder. A veces los saberes funcionan como mercancías en venta, como cuando un abogado o un médico emplea su pericia a favor de un cliente o paciente a cambio de honorarios profesionales. Este estilo de emplear la capacidad o la instrucción puede distinguirse de la problematización de la experiencia que hace un grupo de personas como parte de un proyecto colectivo. A continuación quisiera referirme a diferentes maneras de emplear el conocimiento y su relación con la evaluación participativa.
El tecnocrático y el paternalismo: No quiero identificar estilos ideales de liderazgo, pero en una evaluación participativa se intenta promover la inclusión de todas las PI en el disfrute de los recursos y en los procesos de toma de decisión. Para desarrollar este ideal dentro del contexto institucional podemos comenzar con una descripción de algunos modelos distintos de la relación entre la gerencia y el conocimiento desde una perspectiva participativa. En primer lugar la dirección de un proyecto institucional depende de varios factores como la posición que tiene cada individuo dentro de la estructura administrativa, el poder extra-burocrático que tienen algunas PI sobre las recompensas y castigos y el conocimiento que tienen los participantes para promover las tareas apropiadas en cada institución.
El tecnócrata es poseedor del saber. Es, sin embargo, un saber que no pasará a los demás, excepto cuando asume el rol de educador. Normalmente es quien decide por los otros, porque es el único que sabe como llevar a cabo un proyecto. Es el arquitecto que diseña la casa de otro, el médico que cura, el economista que asesora inversiones: el saber no puede cuestionarse cuando receta soluciones. Al saber como se lleva a cabo un proyecto, el tecnócrata decide al mismo tiempo los fines de éste, de esta manera un urbanista decide como van a vivir los habitantes de una urbanización, y con frecuencia no les pregunta sobre sus necesidades, ni siquiera las necesidades sentidas sin problematización posterior.
En cambio en una evaluación participativa se promueve la “democratización del saber”, dentro de los límites de la responsabilidad profesional. Es evidente que no se trata de popularizar las técnicas empleadas por un cirujano, pero ciudadanos bien instruidos pueden participar en la planificación de centros de salud. Hace años estuve involucrada en una intervención, que he mencionado en capítulos anteriores, en que personas damnificadas por causa de un derrumbe participaron en una “Escuela Popular de Arquitectura” donde aprendían a leer planos y emplear correctamente el vocabulario asociado con la construcción. Estos conocimientos potenciaban sus posibilidades de influir en las decisiones que tomó la gobernación local con respecto a la reconstrucción de sus viviendas perdidas.
Voy a emplear un párrafo de este capítulo para hablar del alcance del conocimiento popular porque se trata de un tema controversial. Es un planteamiento básico del Investigación Acción Participativa promover la combinación de los saberes populares y científicos. Es evidente que no se puede reflexionar responsablemente sobre el conocimiento científico especializado sin manejar las técnicas, lenguajes, destrezas y el trasfondo teórico de las disciplinas particulares. Los profesionales de estas disciplinas alcanzan la capacidad de participar plenamente en ellas sólo después de años de preparación. Por esto los “graduados” de la Escuela Popular mencionados arriba, no deben considerarse ni arquitectos ni ingenieros civiles. Sin embargo, poseen conocimientos que potencian sus capacidades para dialogar con los profesionales. Igualmente, un paciente que conoce los efectos secundarios de una medicina recetada por su médico está en condiciones de plantear sus dudas al profesional y llegar a un acuerdo sobre lo aconsejable de emplear aquel medicamento.
En otro contexto, tal como los intelectuales orgánicos gramscianos interpretan la voluntad popular, hay comunicadores calificados para interpretar la ciencia y permitir que los no-profesionales puedan entender a groso modo los alcances de sus competencias. De esta manera Stephen Hawking (2005), Oliver Sacks (1999) o Carl Sagan (1979) abren puertas al conocimiento científico para las personas “comunes”. Lo que pasa luego en la plaza pública cuando estos saberes se debaten puede constituir un aporte al proceso mismo de la ciencia. El debate que Sacks inició sobre la posibilidad de experimentar con ciertas drogas en el tratamiento de algunas enfermedades neurológicas, rebasa de manera creativa y ética los límites de la experimentación científica y por esta razón contribuye al debate científico.
El funcionario: El funcionario administra poder institucional y conoce los formularios, procedimientos, cadenas de mando y regulaciones respecto a su esfera de influencia. No fue elegido por sus conciudadanos para ocupar una posición ni en el gobierno ni en las instituciones privadas, con o sin motivo de lucro, además está protegido por la agrupación que él representa. A menudo goza de discrecionalidad en sus actividades administrativas y en su trato con el público. Su poder proviene de una confusión entre “posición” y “autoridad”. Las personas “comunes” tienen escasa injerencia en el ejercicio de sus funciones, y normalmente la reacción del público frente a él es de sometimiento.
Aunque estas personas tienden a personificar no sólo el poder establecido sino su propio provecho personal (por medio de ascensos profesionales, o actos de corrupción), en lugares y tiempos particulares pueden decidir promover el cambio social. En algunos casos estos cambios están motivados por escrúpulos sobre la protección de derechos civiles. En otros las inquietudes surgen de dudas éticas y políticas, pero no gozan de un suficiente trasfondo teórico. No hace mucho escuché a un funcionario promover denuncias sobre supuestas injusticias en un sistema educativo. El activismo político de los funcionarios debe ser objeto de análisis entre todas las PI.
El interventor o evaluador tiene varias vías de acción frente al funcionario. Puedo nombrar algunas de ellas:
Lo primero que debe hacer el facilitador es desarrollar una descripción detallada del problema, esto incluye un resumen de las necesidades sentidas (iniciales) pero conflictivas de todas las PI. El dossier resultante puede contener consideraciones normativas y observaciones sobre la eficacia de la gestión administrativa, denuncias sobre como ciertos actores en el conflicto pueden aprovecharse de sus posiciones, y la necesidad de abarcar a todas las PI. Es importante problematizar los contenidos parcializados si se trata de un documento público.
Otra acción que puede ser útil es preparar a los miembros de la comunidad para argumentar sus casos, así como cuando los participantes en la Escuela Popular de Arquitectura aprendieron a criticar los planes de los funcionarios municipales, que en este caso fungían como profesionales y como funcionarios a la vez. Una variante de esta acción es informar a los usuarios de las instituciones cómo sacar provecho de ellas. Explicar a un grupo de pisatarios cuáles son los pasos burocráticos y legales para la legitimación de sus tierras y casas puede allanar muchas de las dificultades asociadas con los trámites con los funcionarios.
Relacionada con esta táctica está el logro de recursos que faciliten la capacidad de las PI para usar las instituciones productivamente. Ejemplos de esta actividad incluyen el establecimiento de clínicas jurídicas y foros abiertos donde participen todos los involucrados en un ambiente de colaboración mutua.
Otra vía de acción es emplear a otros funcionarios, o a los medios de comunicación para ejercer presión con relación a los usuarios de la entidad donde se desempeñan dichos funcionarios. Las ONG que denuncian violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden son prototipos de este tipo de acción.
Como última sugerencia, el facilitador puede trabajar para modificar los procedimientos burocráticos. Los funcionarios necesitan un mandato y a veces están dispuestos a repensar como operan sus agencias y oficinas. En la actualidad una estudiante de la Especialización en Intervención Psicosocial de la Universidad Central de Venezuela está trabajando en una evaluación participativa de la pobre articulación entre dos niveles burocráticos en el Ministerio de Educación. El resultado de este trabajo podría conducir a nuevas prácticas administrativas.
2.5. La comunicación y la retroalimentación
En esta sección consideraré aspectos más personales de la evaluación participativa e institucional.
Para mejorar la capacidad de comunicarse con los demás, es necesario que los participantes revisen como son percibidos por los otros, es una reflexión analítica en que cada uno solicita activamente retroalimentación respecto a sus actos y lo que dice. Cada participante requiere de estrategias que faciliten su interacción, partiendo de la expresión responsable y consciente de su propia experiencia. Esta comunicación, dada en el momento adecuado, podrá ayudar a que el otro entienda y tome conciencia de cómo afecta a los demás.
El uso de un lenguaje personalizado (por ejemplo por medio de frases como: “En mi opinión...”; -“Yo pienso que...”) significa que los participantes se hacen responsables por sus palabras y acciones, y de esta manera se facilita la integración de un grupo. Estas formas de expresión contribuyen a la cohesión del grupo y a la eficiencia en las metas a lograr. Aun en el caso de conflictos en un grupo, poder expresar adecuadamente los motivos y las reacciones personales frente a un acto de otra persona, o frente a una situación, promueve acuerdos y soluciones. En un capítulo anterior describí como un grupo de adolescentes y funcionarios policiales lograron superar sus identificaciones estereotipadas por medio de la personalización de su lenguaje.
En reuniones grupales en una asamblea comunitaria, la utilización adecuada de la retroalimentación particularizada es esencial, porque el chisme indirecto y las comunicaciones parciales o pobremente expresadas contribuyen a la desintegración de la membresía. Hay, además, muchas actividades que se pueden desarrollar en las reuniones para dar voz donde al principio sólo se encuentra silencio. Algunas son:
1. El uso de grupos pequeños de discusión con reunión plenaria después.
2. La discusión en parejas con reunión plenaria después.
3. El uso de cuestionarios individuales con discusión plenaria.
4. Lluvia de ideas, donde el facilitador anota ideas en un rotafolio, seguido por discusión y votación.
5. Modelo de discrepancia usando discusión con rotafolio: (lluvia de ideas estructurada)
a) Se determina cómo debe ser la institución.
b) Se contrasta con lo que es.
c) Se determinan las diferencias entre a) y b).
6. La presentación de un video de los miembros en el momento de realizar alguna actividad para hacer luego un análisis de la actuación de éstos.
7. Llamar a una asamblea para discutir información recogida a través de:
- Cuestionarios masivos.
- Encuestas no tradicionales, usando las llamadas a una emisora de radio o a un periódico local, cajas para sugerencias y comentarios, etc.
- El uso de información documental, como tasas de admisiones a un hospital, tasas de arrestos contrastadas con tasas de hurtos, datos demográficos, estudios sobre hacinamiento o número de casas en construcción, etc.
- Observación y observación participante.
8. Foros públicos: Se invita al público en general a presenciar una discusión entre dirigentes vecinales, expertos en algún tema especial, o representantes de grupos en pugna. Luego se abre la discusión en asamblea.
9. Juegos dirigidos: este punto no lo voy a elaborar porque hay muchos manuales de dinámica de grupo que lo hacen.
También fuera de las asambleas hay muchas actividades y estrategias que acrecientan la comunicación entre las PI.
1. Publicación de un boletín, un folleto, un póster, etc., con información.
2. Grupos focalizados: una reunión de informantes claves que podrían tener opiniones distintas para lograr una confrontación cara a cara en un ambiente cómodo. Es útil comenzar con un refrigerio ligero.
3. Grupos nominales: para la identificación de necesidades o para la discusión de problemas dentro de la comunidad donde hay discrepancias.
a) Se selecciona a los participantes para incluir representantes de todos los puntos de vista de la comunidad total.
b) Se solicitan del grupo sugerencias sobre las necesidades de la comunidad.
c) Se pide al grupo seleccione las cinco necesidades (o problemas, o alternativas de solución) más urgentes y que las jerarquice.
d) Se promedia los puntajes (por orden jerárquico) de todas las necesidades seleccionadas en la etapa “c”.
e) Se informa al grupo los resultados de la etapa “d” y se solicita otra evaluación de parte de los participantes, tomando en cuenta esta información. En otras palabras, se pide una reconsideración de las primeras decisiones.
f) Se vuelve a promediar los resultados. Este proceso puede repetirse hasta lograr consenso.
4. La formación de pequeños grupos de “tertulia” que se encuentren de manera regular fuera de las reuniones de asamblea, en la casa de uno de los participantes, para discutir el progreso del proyecto institucional. Se puede mandar sugerencias de temas a un representante de cada grupo para facilitar las discusiones. El encargado puede, luego, informar a los miembros de la junta directiva (si la hay) sobre los resultados de la discusión.
También se puede usar estos grupos como puntos focales para la demostración de nuevas técnicas o para modelar destrezas que los miembros deban adquirir. Un instructor, o miembro ya entrenado, puede asistir a la tertulia para “enseñar” dichas técnicas o destrezas y al mismo tiempo avaluar las dificultades en relación a las mismas. La información recogida puede usarse de manera inmediata para la evaluación y modificación de los procedimientos planificados por la junta directiva.
5. Todos los instructivos, los estatutos, las reglas y una copia resumida de las actas de las asambleas deben publicarse en un lugar donde los participantes puedan tener acceso a la información. Lo ideal sería mandar a cada integrante una copia individual.
Consideraciones finales
Ha sido mi intención en este capítulo considerar la institucionalización y su relación con la evaluación participativa. Como dije desde el inicio, hay áreas tradicionales que tienen que ver con la teoría organizativa que no me interesan por el momento. Más bien me ha interesado considerar el tema desde una postura emancipatoria en donde la participación de las PI existe como una posibilidad viable, creativa y satisfactoria para todos los involucrados.
En resumen, las instituciones tienen características que le dan cierta autonomía de las PI, y por esta razón tienen también cierta estabilidad en el tiempo. Algunas tienen incorporadas la posibilidad estructural de cambio o evolución con relación a: a) las personas que ocupan posiciones de poder, b) las metas de los proyectos individuales de la organización, c) el manejo de recursos y prioridades y d) la capacidad que tienen para satisfacer las necesidades de las PI. Existen espacios institucionales para promover los cambios que las PI desean. En otros casos es necesario promover cambios estructurales. Algunas instituciones están cerradas al cambio y la facilitación de las necesidades de las PI es mucho más difícil, como es normalmente el caso de las fuerzas del orden.
Es una suposición fundamental de este capítulo que la facilitación de evaluaciones participativas debe incorporar a las PI en un proceso ético y solidario, tomando en cuenta las condiciones particulares de cada institución involucrada. Las PI tienen que aprender la tolerancia frente al otro, pero al mismo tiempo iniciar acciones a favor de sus propios intereses problematizados.
En mi opinión la institucionalización liberal, secularizada y civil constituye un logro histórico, aunque reconozco que existen otras formas de consulta y control en el mundo. Este logro sólo tiene sentido cuando las PI pueden evaluar y modificar las actividades de estas agrupaciones legales para que respondan a sus necesidades. Existen muchos espacios para estas acciones, algunos de los cuales he descrito. Entender como las PI pueden controlar sus instituciones es tal vez una de las tareas más importantes de la evaluación participativa.
Citar como: Karen Cronick (2007). "LA EVALUACIÓN PARTICIPATIVA: UN ENFOQUE CONSTRUCCIONISTA". CAPÍTULO IV. TRABAJO DE ASCENSO PRESENTADO ANTE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
Es importante definir desde el comienzo el término “institución”. Para mis propósitos actuales la considero cualquier organización de carácter legal que tenga alguna estructura interna definida por normas establecidas. La institucionalización sería entonces la creación de una organización legal.
He decidido separar esta discusión de otras en que la teoría de las organizaciones y temas similares conducen a reflexiones estructurales que no incorporan críticas sociales del tema. En este capítulo consideraré las instituciones en dos sentidos: primero, son posibles escenarios para evaluaciones participativas. Me fijaré en algunos tipos de organizaciones legalmente constituidas y su continuidad en el tiempo. Prestaré especial consideración a la capacidad que tienen para satisfacer las necesidades de las personas interesadas (PI), dadas las diferentes estructuras implicadas en ellas. Como parte de esta discusión tomaré en cuenta la posibilidad de la participación solidaria en los diferentes escenarios asociativos. Otro tema que consideraré en este contexto es la incorporación de diferentes modelos de “comunidad” dentro de esta noción.
Segundo, analizaré la evaluación participativa en estos escenarios. En el apartado “La creación y monitoreo de prácticas institucionalizadas” hablaré de las características básicas de las organizaciones legales, el cambio en estos contextos, la facilitación del liderazgo y la “voluntad popular”.
No tengo la intención de hacer una revisión exhaustiva de las investigaciones previas sobre este tema. Una razón para esta decisión es que no deseo repasar los diferentes conceptos de instituciones y organizaciones desde los puntos de vista funcionalistas con respecto a su eficiencia, productividad, prácticas administrativas y aspectos relacionados con el control de calidad de sus productos y los costos económicos. Hay mucho escrito sobre estos temas, y dado mi compromiso en este libro con la participación, la potenciación y la emancipación, no son apropiados aquí. Como he hecho en los capítulos anteriores quiero considerar las instituciones desde una postura emancipatoria y desde un enfoque relacionado con la evaluación participativa. Sólo cuando haga falta, incluiré algunas referencias formales.
Es un tema difícil. Una razón para esta dificultad tiene que ver con las expectativas intersubjetivas de las PI. Los participantes en esfuerzos de cambio comunitario y organizacional desean resolver sus problemas, cumplir con sus tareas y modificar su ambiente social y físico, pero también quieren satisfacer sus necesidades afectivas de apego, poder y auto-realización personal. Este deseo de satisfacción se complica porque las instituciones tienen su propia vida, expectativas y necesidades. Fácilmente las necesidades individuales de los miembros pueden terminar subordinadas a las “necesidades” de las organizaciones.
I. POSIBLES ESCENARIOS PARA EVALUACIONES PARTICIPATIVAS
1.1. La vida de las instituciones
Desde el punto de vista funcionalista, siempre ha sido un lugar común que las instituciones comparten ciertas características autorreguladoras con los seres vivos. Por un lado consumen, por otro producen, nacen y mueren. Tienen una economía interna relacionada con el manejo de los recursos que emplean en el logro de fines formales o informales, es decir explícitos o implícitos, y de hecho frecuentemente empleamos verbos activos para describirlas, como si pudieran “querer algo” o “hacer algo” por su cuenta; sería fácil encontrar esta frase en un periódico: “El gobierno quiere reducir la evasión de impuestos”. Por esta razón, no es suficiente problematizar y potenciar construcciones individuales y colectivas entre los participantes en evaluaciones que ocurran en escenarios institucionales. Es necesario considerar también la dinámica propia del funcionamiento organizacional como algo más que un factor de contexto o ambiente psicosocial para las actividades humanas.
Tal vez puedo volver a valerme del término “reificación” de necesidades que empleé en el primer capítulo de este libro, para describir cómo aspectos abstractos de la organización de las instituciones cobran vida e influyen sobre las personas. O también puedo hablar de las propiedades emergentes de las instituciones. El hecho es que ellas “actúan”, no de manera metafórica sino de manera real e independiente de las PI. Esta actuación no es un simple producto colectivo de las construcciones sociales de sus miembros, sino del efecto de complejas resoluciones dialécticas entre múltiples factores que incluyen lo que hacen y piensan las PI dentro de escenarios legales, económicos e interpersonales específicos.
Instituciones con fines de lucro: Es un punto de vista “diagnóstico” si se quiere, que “da sentido” a ciertos comportamientos entre las personas que forman parte de estas agrupaciones humanas. Si ciertas compañías que producen ropa y zapatos deportivos “controlan” los recursos de sus empleados de alto nivel, pueden “exigirles” que acaten órdenes relacionadas con políticas de “outsourcing” en que la compañía emplea fuerzas laborales en países donde los obreros carecen de derechos legales. Quienes cosen y pegan para ciertas marcas de productos deportivos tienen escasos derechos y salarios ínfimos. ¿Por qué los ejecutivos se prestan a esto? Según la teoría clásica los ejecutivos se identifican con estas prácticas porque la compañía tiene el poder de exigírselo por medio del control de las recompensas (salarios) y castigos (el miedo al despido). Esta identificación se traduce en la lealtad de sus empleados. O, según los postulados de la “sociedad unidimensional” (Marcuse, 1968) la ideología de los contextos “totalizadores” dominan aun eliminan la capacidad de pensamiento y la acción individuales. Por su parte, Taylor (s/f) habla de la importancia de un contexto cultural para entender a la sociedad y sus organizaciones. Inclusive, para tratar de entender el fenómeno de la capacidad que tienen las instituciones para secuestrar la voluntad de sus miembros y hablar en su nombre, podríamos apelar también a enfoques individuales como el psicoanálisis (la psiquis dividida) o enfoques socio-políticos como el marxismo (falsa conciencia –ver el Capítulo 1) o ciertos planteamientos que han surgido de las tendencias feministas.
Pero también puedo distanciarme de los enfoques que presentan a las organizaciones como si fueren inmutablemente estáticas y jerárquicas. Los “postmodernos” intentan “desconstruir” las nuevas estructuras organizativas, pero el poder de estas instituciones va más allá de la posibilidad de controlar la conducta y las motivaciones de sus empleados. También hay que considerar la participación activa de las PI en acciones que tal vez no aprobarían en otras circunstancias, por ejemplo, hay que tomar en cuenta el efecto de la propaganda que promueve el espectáculo de los súper-héroes del básquet saltando por los gimnasios mundiales en zapatos con el logo de una conocida compañía. Estos espectáculos esconden la presencia de los obreros que confeccionan estos productos, quienes con frecuencia carecen de los derechos más elementales. De nuevo puedo preguntar, ¿por qué Michael Jordan se prestaba a esto? Claramente los honorarios elevados pagados por NIKE constituyen parte de la razón. Pero también Jordan se cierra a la presencia de la esclavitud detrás del producto de la misma manera que nosotros, los deslumbrados clientes, lo hacemos. El espectáculo se vuelve interactivo cuando las personas usan los logos en su ropa e intercambien los símbolos de las campañas publicitarias por Internet.
Michael Billig (1994) hizo un análisis hermenéutico de la mezcla de mensajes alrededor del fenómeno Disney. Describe un viaje a Florida en los Estados Unidos para visitar a Mickey Mouse en su propio terreno, allí los visitantes pueden deambular por espacios donde Mickey “realmente” vive y saluda a los niños. Luego pueden visitar el camerino donde Mickey se viste para su actuación, pero el camerino también es un escenario, allí no van a encontrar empleados sudorosos vistiéndose para su día laboral. Se trata del mito detrás la fantasía, un juego infinito de espejos cuyas imágenes nunca llegan hasta Tailandia y sus obreros juveniles.
Otras instituciones con fines de lucro van más allá en las actividades que toleran en nombre de la acumulación de beneficios económicos. Las industrias biotecnológicas transforman a sus clientes físicamente por medio de cambios que influyen en lo que éstos comen y consumen como medicamentos. En el futuro probablemente cambiarán la genética de sus clientes con la aprobación entusiasta de éstos. También hay industrias relacionadas con la manufactura y venta de armamento que alientan desacuerdos bélicos y promueven soluciones violentas en ambos lados de conflictos internacionales o de rebeliones internas .
La expectativa de vida de estas instituciones depende de muchos factores, pero tal vez podemos resumirlos en una sola palabra: intereses. La institución sobrevivirá mientras satisfaga las necesidades de algunas de las PI. Las grandes compañías con fines de lucro deben satisfacer a los dueños de sus acciones y deudores, a sus clientes y en cierto grado a sus empleados. Además reciben apoyo de personas cuyas necesidades son menos evidentes, como los políticos que reciben dinero para sus campañas, proveedores de materias primas, agencias publicitarias y los locales comerciales que distribuyen sus productos. Es importante tomar en cuenta también que las PI incluyen intereses que van más allá de las personas individuales asociadas con estas instituciones. Involucran a otras instituciones como gobiernos, sindicatos, bolsas económicas, compañías del tipo “holding” e inclusive, aspectos tan abstractos como las cambiantes tasas de capitales internacionales.
En años recientes se ha hablado de la “responsabilidad social” de las grandes instituciones. Esto significa que a veces asumen, de manera voluntaria, funciones destinadas a mejorar la calidad de vida de grupos de personas necesitadas. Destinan recursos a estos fines por varias razones. Estas actividades “suavizan” la “imagen” de instituciones cuya meta principal es obtener ganancias. Otra razón es que reciben créditos que limitan los impuestos que pagan en los países donde están ubicadas sus oficinas principales. La última razón es más compleja y tiene que ver con una postura ética en donde la responsabilidad social se confunde con el ejercicio de poder.
No todas las instituciones con fines de lucro son grandes organizaciones que han perdido sus lazos con la satisfacción de las necesidades de las PI relacionadas con ellas. Las compañías pequeñas donde trabajan pocas personas comparten algunas de las características descritas arriba, pero mientras más reducidas son, más capacidad intersubjetiva tienen sus miembros. Las diferencias entre sus necesidades pueden resolverse en conversaciones personales y la influencia de los aspectos burocráticos se reduce junto con el número y lo indefinido de la identidad de las PI.
Por otro lado existen hoy en día alternativas comerciales, es decir, instituciones con fines de lucro “no violentos” cuyos sistemas para producir y educar a los clientes emplean otros criterios (Boje, 2001, 1999a, 1999b). Es un cambio, en donde los principios éticos tienen por lo menos tanta importancia como los económicos. Las organizaciones “fair trade” relacionadas con la comercialización de productos agrícolas son ejemplos, como también lo son las cooperativas y las industrias controladas por los obreros que fueron “tomadas” en Argentina (Ballvé, 2006), después que los dueños europeos las abandonaran en la última crisis económica de aquel país. También la desconstrucción social de los grandes intereses económicos toma la forma de los movimientos de resistencia como el de José Bové contra Mac Donalds y las compañías que producen alimentos modificados genéticamente , en que éste intentaba defender las prácticas ecológicas de los pequeños productores agrícolas en Francia.
Las evaluaciones participativas que se hacen en los escenarios con fines de lucro tienen que tomar en cuenta, entonces, no sólo las necesidades problematizadas de las PI sino también la estructura institucional de las organizaciones. Esta disposición de poder y recursos pone límites a las aspiraciones y expectativas de los participantes debido a los sistemas organizados de relaciones legales y de poder en que éstos están inmersos.
Instituciones sin fines de lucro: Hay otras instituciones con características distintas, como los hospitales públicos y demás servicios comunitarios y las ONG, que normalmente se asocian a proyectos de intervención social. Existirán mientras tengan el apoyo de los gobiernos locales, y activistas interesados en las causas que promueven y un público dispuesto a financiarlas. Ha ocurrido que las causas desaparecen, como cuando las agrupaciones que combatían los efectos de la parálisis infantil (polio) fueron suprimidas por el desarrollo de la vacuna que eliminó este padecimiento como flagelo público. En algunos casos estas organizaciones transforman su misión y emplean sus energías para combatir otras causas. Pueden emplear sus logos, experiencia e instalaciones para estos nuevos móviles.
Las metas de estos centros son radicalmente distintas a las instituciones financieras mencionadas antes. Hay tres observaciones que puedo hacer al respecto.
a) Su objetivo institucional no es en sí la acumulación de dinero y otros recursos. Emplean sus medios para alcanzar otras metas como apagar incendios o curar a los enfermos. En algunos casos las funciones de estas instituciones se enturbian, como por ejemplo, cuando la policía es usada con fines políticos o cuando la corrupción distorsiona las metas originales de la organización, sin embargo, por principio y de manera estructural, normalmente tienen una clara visión y misión que puede distinguirse de la acumulación de capital.
b) Las PI asociadas con estas instituciones tienen características distintas. En algunos casos, como los médicos de un hospital público, las PI son profesionales asalariados cuyos intereses son tanto económicos como de servicio. En otros casos quienes prestan los servicios son voluntarios, como sería la situación de algunos bomberos, las damas voluntarias de un hospital o los miembros de muchas ONG. En un sentido un tanto idealizado quienes prestan estos servicios valorizan tanto el efecto benéfico de sus acciones como las ventajas que podrían recibir a cambio.
c) Finalmente, las demás PI normalmente incluyen personas que tienen cierta clase de necesidades que no son satisfechas por otras instituciones, como los enfermos que no pueden acudir a una clínica con fines de lucro. Por esta razón son vulnerables y el uso que hacen de estas instituciones benéficas no es tan voluntario como sería el caso de los clientes de un almacén. Además, la satisfacción de sus necesidades depende normalmente de una oferta pública hecha por las instituciones en cuestión. Por ejemplo, un hospital público puede carecer de cupo para ciertas intervenciones médicas. O puede ocurrir que no exista una institución con las características que necesitarían algunos usuarios, como por ejemplo, en Venezuela casi no hay casas seguras para mujeres maltratadas.
Estos son los escenarios en donde las evaluaciones participativas son más efectivas y “naturales” porque con frecuencia, tanto sus estructuras organizativas como sus sistemas de valores incorporan la participación como un elemento importante. Como en todas las organizaciones, siempre hay factores recurrentes que el evaluador debe problematizar: a) metas encubiertas, b) el miedo a ser juzgado, c) los programas que cambien mientras sigue la evaluación, d) conflictos debido a diferencias de personalidad, e) conflictos de valores y f) la falta de definición de los roles en la organismo evaluado. El capítulo cinco del libro “Investigación Evaluativa” de Carol Weiss (1983) trata varios de estos temas, a pesar de que su enfoque no sea participativo.
Instancias públicas: La teoría sobre institucionalización gubernamental normalmente tiende a enfatizar el liberalismo político que nació con la Constitución de los Estados Unidos, y que refleja también las preocupaciones por la libertad y la racionalidad elaboradas por los Enciclopedistas y los pensadores sociales del Siglo de las Luces. Hoy en día, sin embargo, con la adopción del liberalismo económico y el lenguaje del libre mercado por muchos gobiernos, consideraciones igualitarias son desechadas a menudo como remanentes de ideologías consideradas como “superadas”, tales como el comunismo y el socialismo.
Más allá de las etiquetas ideológicas está el problema del acceso de los ciudadanos al proceso de toma de decisiones y la administración del quehacer público. Muy importante para esta consideración es la tolerancia que los gobiernos tienen con la disidencia y la capacidad que tienen los disidentes de participar en los debates. Esto está íntimamente asociado con las alianzas que el sector oficial tiene con los medios de comunicación y los intereses económicos dominantes.
La “expectativa de vida” de los gobiernos en un sistema asociado con el liberalismo político es cíclica, por lo menos en un sentido idealizado. Idealmente el electorado elige los candidatos que le conviene. Entre el 2005 y el 2006, mientras escribo estas páginas, los bolivianos, los canadienses, los alemanes, los palestinos y los israelíes acaban de elegir nuevos gobiernos por medio de comicios formales. La “legitimidad” de los líderes políticos es un problema de mayor alcance. A veces hay elecciones cuyos resultados no reflejan la voluntad popular como ocurrió en el 2001 en Bielorrusia, y hay procesos electorales donde la participación del electorado es mínima como ocurrió en las últimas elecciones municipales en Venezuela. La posibilidad de confrontar legalmente a estos gobiernos consiste en complejas movilizaciones populares.
La posibilidad de llevar a cabo una evaluación participativa en los escenarios oficiales depende mucho del estilo de mando que les caracteriza. En general, a menos que haya una exigencia urgente para que un programa gubernamental tenga éxito, estos esfuerzos tienden a ser percibidos como inconvenientes a nivel político. Pareciera que el éxito retórico vale más que la satisfacción de las necesidades problematizadas de una amplia base de las PI.
Otras instancias públicas: No puedo cerrar estos pensamientos sin mencionar la gestión de otras instituciones que tienen orígenes similares pero cuya evolución las ha separado de aquellas que acabamos de considerar. Un ejemplo paradigmático lo constituyen las instituciones militares, que gozan de su asociación con el poder político y patrio, pero permanecen intactas mientras las administraciones civiles se sustituyen por medio de los comicios. Los servicios militares acumulan prerrogativas y facultades que les dan independencia de sus PI originales, es decir, los ciudadanos que requieren protección. Estos organismos disfrutan de múltiples ventajas: a) manejan recursos y no tienen que rendir cuentas sobre su uso debido a que sus asuntos financieros son “secretos de estado”, b) se benefician de lazos privilegiados con intereses económicos como las compañías que pertenecen al llamado “complejo militar e industrial”, c) toman decisiones en nombre del bienestar colectivo, como por ejemplo, la adquisición de ciertos tipos de armamento, que a veces tienen poco que ver con la protección ciudadana y d) las PI civiles no tienen la posibilidad de inherencia en los asuntos castrenses, excepto en los niveles más altos de los gobiernos democráticos. Se puede imaginar un comité de ciudadanos que participen en las decisiones de un hospital, pero esto no podría ocurrir con el ejército.
En términos de la expectativa de vida de estas organizaciones militares, hoy en día no tiene fin, los ejércitos ya no practican movilizaciones temporales en defensa de sus pueblos. El gran general romano Cincinnatus, que convirtió su sable en una reja de arado después de ganar su última batalla, no tiene seguidores modernos en el mundo castrense.
Debido a su naturaleza “no deliberativa” la evaluación participativa no es efectiva en estas instituciones. Hace años tuve algunas experiencias con cuerpos policiales en donde a muy corto plazo se pudo lograr la problematización de las necesidades sentidas de algunos integrantes de estos organismos. En particular, en los años 80 pude participar en la formación de uno de los cuerpos de las llamadas “policías municipales” donde existía el lema: “Crear una policía diferente”. Se trabajó en este entonces para elaborar ideas colectivas entre los candidatos a policía sobre un mandato que incluyera la prevención del crimen y la participación con los demás ciudadanos en el mantenimiento de la paz social. Sin embargo estos logros no duraron, después de pocos meses los agentes habían asumido posturas represivas y arbitrarias.
Estas consideraciones acerca de la vida de las instituciones tienen por propósito abrir el tema de las instituciones como construcciones humanas. Las condiciones de cambio varían según el tipo de institución. A veces sus estructuras parecen inquebrantables, pero no es necesario considerarlas como contextos inmóviles. Aún las instituciones más cerradas tienen hendiduras burocráticas y administrativas en donde las evaluaciones participativas pueden practicarse. En una EP es importante que las PI evalúen sus necesidades y la posibilidad de satisfacerlas dentro del contexto de dichas hendiduras, y a veces hace falta trabajar al margen de las instituciones en cuestión para poder lograr cambios en ellas. Pienso, por ejemplo, en las demandas legales contra la compañía de comida rápida MacDonalds que la obligó a incluir ensaladas y comida menos dañina en el menú que ofrece al público. Considero, en resumen, que las organizaciones forman parte del contexto de la acción de las personas como agentes capaces de lenguaje y razón. Dichos agentes son los constructores de estas instituciones y las pueden reconstruir cuando haga falta, bajo las limitaciones evidentes que significan el empleo del poder y la influencia. A veces para reconstruir hace falta desconstruir primero, es decir, hace falta analizarlas desde posturas económicas y éticas, y en términos de las necesidades problematizadas de las PI.
1.2. La participación solidaria en los escenarios institucionales
La participación solidaria no existe de manera “natural”. Se trata de muchas conductas y construcciones sociales cambiantes y emergentes como muy bien ha descrito Sánchez (1999). En una evaluación participativa es la tarea del facilitador proporcionar las condiciones para su avance.
1.2.1. La solidaridad. Existe la necesidad de lograr intersubjetividad solidaria aun entre grupos de personas distintas que provienen de comunidades y organizaciones heterogéneas. Contradictoriamente, el apego que las personas tienen con comunidades e instituciones particulares puede ser un obstáculo para la hermandad entre agrupaciones distintas.
Este conflicto entre la lealtad al grupo primario y la perspicacia hacia el “extranjero” tiene una larga historia. En los documentos históricos más antiguos, desde la Odisea de Homero y el Viejo Testamento, podemos encontrar que los grupos humanos resuelven sus problemas por medio de sus sables y cada forastero es un enemigo. Los pueblos predilectos de sus propios dioses se excluyen mutuamente de la categoría de “nosotros”. Para los griegos los “otros” eran los troyanos y casi todos los habitantes de las islas por donde pasó Odiseo; para los hebreos, eran los filisteos y casi todas las tribus e imperios circundantes. Hay una interpretación de una frase de la Odisea que sugiere que los griegos son los “comedores de pan”, es decir, los humanos civilizados (Odisea, Libro 8, p. 11). Cualquier trato es admisible hacia los otros seres: quemar sus ciudades, esclavizar y asesinar a sus ciudadanos. Entre los “comedores de pan”, sin embargo, hay un reconocimiento mutuo de humanidad civilizada. No estamos exentos de esta postura xenofóbica, intransigente, patriotera y chauvinista. Es decir, con frecuencia nuestra intersubjetivdad se extiende sólo a nuestra propia comunidad de hombres y mujeres.
La tradición psicosocial que proviene de Hegel (1807/1977) y pasa por G. H. Mead (1913/1972), Schütz (1932/1993) y Berger y Luckmann (1966) muestra la presencia de lo social en la misma definición de los sujetos, considerados como puntos de refe¬rencia en redes sociales y lingüísticas. Es decir, nadie nace solo; nos hallamos en un mundo de vida donde hay múltiples y complejas redes sociales y donde conviven muchas maneras diferentes de relacionarse.
Bernstein (1991) conjuga dos conceptos para considerar la falta de tolerancia intersubjetiva: la inconmensurabilidad y la otredad. Los dos conceptos hacen referencia al "'problema de la identidad y la diferencia" (Bernstein, 1991, p. 6). La conmensurabilidad es un conjunto de reglas que permite comparar punto por punto varios textos, varias culturas, o diferentes paradigmas entre sí. "Inconmensurable" sería entonces una palabra que se refiere a los sistemas cerrados de lenguaje y creencia, en los cuales no existe la posibilidad de crear correspondencia.
Como dice Bernstein (1991) este es un problema ético y tal vez metodológico, más que epistemológico. Dice que aunque a veces el fracaso del entendimiento puede ser "trágico" tenemos que "asumir la responsabilidad de escuchar con atención, usar nuestra imaginación lingüística, emocional y cognitiva para captar lo que es expresado y dicho en tradiciones extrañas" para evitar el peligro tanto de "la colonización imperialista" como del "exotismo inauténtico" (p. 13-14).
En este sentido, el Otro puede ser un objeto de apropiación, conversión y represión, o se le puede reconocer como otro ego "irreducible a mi ego" (Bernstein, 1991, p. 19). Frente al Otro irreducible, existe también el compromiso y la obligación ética entre ambos, "de intentar trascender su egoísmo narcisista mediante la comprensión de la alteridad del Otro" (Bernstein, p. 22). Es decir, el problema de la intersubjetividad, aún en condiciones de lo inconmensurable, tiene que ver con la posibilidad de poder reconocer la pluralidad de la condición humana, pero también, con la capacidad del Otro de tener pensamiento y razón. "Reconocer la radical alteridad 'del Otro', no significa que no haya manera de entenderlo, o de comparar al Yo con su Otro" (p. 21).
En Cronick (2002b) propuse que los evaluadores deben ejercer tolerancia frente a los grupos con que trabajan. Es decir, los facilitadores y los evaluadores no están en la obligación de aceptar todas las construcciones sociales producidas por las PI. He mencionado la experiencia que tuve con un cuerpo policial donde los miembros me explicaban que reconocían a los maleantes por su pobreza, juventud y su raza. No pude estar de acuerdo con estos criterios y manifesté mi disconformidad con ellos, sin embargo, esta diferencia de pautas formó la base para el comienzo de una breve problematización colectiva. Por mi parte pude reconocer el ambiente de confrontación que vive el policía en la calle y ellos por lo menos se abrieron a la posibilidad de reconsiderar los criterios que empleaban para categorizar a las personas.
El logro de la tolerancia puede ser una meta en la facilitación de la evaluación participativa. Esto quiere decir que el derecho a la igualdad tiene que complementarse con el derecho a la diferencia (un concepto originalmente propuesto por Rappaport, 1977). Esto no significa que los miembros de los grupos sociales no deben ejercer suspicacia frente a los diferentes valores y estilos de vida. Lo que quiero decir es que, dados ciertos límites, la intersubjetividad exitosa implica la co-existencia más o menos amistosa de puntos de vista muy distintos.
La evaluación racional y dialéctica de las necesidades colectivas y los programas sociales ha sido un paso relativamente nuevo y enormemente trascendente para la humanidad. El principio de inclusión entre las PI es imprescindible y va más allá del modelo evaluativo en sí. Una de las estrategias más eficaces para lograr esto es promover reglas de interacción, es decir, modelos institucionales que permitan a los grupos: a) tener representación, b) establecer vínculos colectivos con otros grupos, y c) normar su intersubjetivdad.
Cierro esta sección con una reflexión sobre el papel del facilitador o evaluador en la generación de la tolerancia institucional. Es evidente que los diferentes escenarios que he considerado requieren diferentes estrategias técnicas e interpersonales de parte de los profesionales involucrados en el proceso. No se trata sólo del problema ético de trabajar en función de la estructura institucional particular que uno está evaluando, sino también de promover la emancipación de las PI; esto debe ser el norte del trabajo evaluativo. Lo que significa “emancipación” en cada caso debe emerger de la facilitación de la inclusión de todas las PI.
1.2.2. La institucionalización comunitaria: Objetivos según una tipología tentativa de comunidades
En otro lugar (Cronick, 2002a) he considerado los diferentes tipos de comunidad que los evaluadores y los facilitadores pueden encontrar en sus actividades profesionales. En resumen las comunidades pueden clasificarse según estos criterios:
El sentido de comunidad: Este “sentido” es el producto de las construcciones colectivas de sus miembros. Se define por un sentido de “nosotros” y “nuestra” diferenciación para con “ellos”, los no-miembros. Normalmente “nosotros” tenemos un territorio físico o identificación institucional que nos pertenece: el vecindario, la iglesia, los clanes y la familia extendida son ejemplos de agrupaciones que se basan, por lo menos parcialmente, tanto en sistemas de identificación institucionalizados por la ley como por la tradición. No estamos solos porque compartimos un espacio o una identidad. Compartimos, además, ciertas expectativas normativas y tradicionales.
La comunidad desde el punto de vista del liberalismo político: El liberalismo político es un modelo democrático que propone la racionalización de las interacciones sociales y la intersubjetividad en donde varias provisiones explícitas e inexplícitas se entienden: a) toda la estructura comunitaria se basa en el individuo: éste decide por medio de su voto y es responsable personalmente por sus acciones, delitos y omisiones. A pesar de estar supeditado a la voluntad de la mayoría, el individuo es legalmente igual a los demás miembros de su grupo o sus con-ciudadanos, b) existe protección para las minorías, pero la mayoría decide, c) existen, además, mecanismos institucionales para mediar los conflictos y d) a pesar de que las relaciones personales coexisten con las institucionales, el modelo distingue entre ellos. Inclusive, en relaciones más personales como el matrimonio y la paternidad (o la maternidad) las obligaciones y los derechos institucionales se separan de los afectos y las expectativas tradicionales.
La justicia social y la participación: Los orígenes de este modelo pueden encontrarse en Rousseau, Marx, Feuerbach y otros reformistas y activistas sociales que creían que la democracia liberal no es suficiente. Se supone que es necesario lograr cambios emancipatorios en que los valores de igualdad social se añaden al sentido de comunidad, la responsabilidad individual y la interdependencia funcional que se encuentran en los otros modelos. Este modelo incluye una estructura normativa que impone la necesidad de ayudar y cuidar a las personas que tienen necesidades especiales. En su expresión más avanzada esta formulación propone el derecho a la igualdad. Ejemplos de mecanismos para lograr esta igualdad son: la creación de sistemas de jubilación para los ancianos, clínicas subvencionadas, dispositivos arquitectónicos para los incapacitados y casas seguras para las mujeres que son víctimas de la violencia domestica.
La comunidad como una alianza de instituciones: Hay un cuarto tipo de comunidad donde las instituciones no existen de manera aislada. Los representantes elegidos en todos los niveles funcionan en estrecha relación con los organismos banqueros y financieros, los sindicatos, las organizaciones sin fines de lucro, las instituciones educativas, los grupos culturales, los colegios profesionales, los grupos religiosos y así sucesivamente. Aquí el énfasis está en los lazos o la red de actores, más que en los grupos mismos. Las relaciones consisten sobre todo en acuerdos, alianzas y negociación de las diferencias. Estos actores se legitiman mutuamente, y en ocasiones, algún grupo es rechazado o deslegitimado por los demás.
También pueden existir redes paralelas de alianzas y acuerdos. El reconocimiento mutuo está sancionado por ceremonias de inauguración y otras manifestaciones públicas donde asisten los alcaldes, los representantes de la iglesia y de las asociaciones comerciales. Lagroye (2002, p. 531) habla de una “teoría neocorporatista” como una proposición que supone una tendencia general de las sociedades contemporáneas a asociar las instancias políticas y administrativas a organizaciones representativas de intereses para controlar los sindicatos, los grupos profesionales y otros grupos. Estas relaciones están fuertemente burocratizadas y de esta manera las instituciones “reconocidas” disfrutan de los privilegios de monopolio con respecto a sus respectivas esferas de influencia y poder económico.
Lo interesante para nuestro análisis es que cada organización que participa en estas redes se hace más fuerte por esta colaboración. Aunque los lazos y acuerdos inter-institucionales pueden ser perniciosos y conducir a prácticas exclusivas y excluyentes, establecer este tipo de alianzas es importante para las asociaciones y tiene el efecto de multiplicar su efectividad y alcance. Verdaderamente, lograrlas debe ser una meta de la facilitación comunitaria y debe considerarse como un indicador de éxito en las evaluaciones participativas.
He repasado cuatro modelos de intersubjetividad. Este paso ha sido importante para poder incorporar la intersubjetividad como un tema a ser problematizado en la evaluación participativa a nivel institucional. Es una de las áreas de mayor urgencia para las reflexiones críticas sobre la institucionalidad.
En lo que sigue desarrollaré algunas nociones sobre la evaluación en el contexto de la institucionalización, considerando sobre todo su naturaleza emergente.
II. La creación y monitoreo de prácticas institucionalizadas
2.1. Las características básicas
Estas son algunas de las particularidades formales de las instituciones que deben formar la plataforma para la facilitación de su formación, pienso que la institucionalización puede considerarse de cuatro maneras.
a) Es un fenómeno de la economía social que aparece bajo ciertas condiciones históricas, en el capitalismo después de las revoluciones políticas (inglesa, norteamericana, francesa, rusa, china, etc.), especialmente después de la industrialización. Es una categoría de normas legales y cuasi-legales ya que conlleva expectativas con respecto a la justicia y los sistemas para la distribución de bienes y recursos.
b) Es una unidad de la estructura social, en la organización de la división de poderes del gobierno o de los roles organizacionales en las entidades jurídicas entre otros.
c) Es una normativa legal que rige las relaciones interpersonales de los miembros de las sociedades institucionalizadas, a través de la creación de expectativas formales con respecto a los derechos y responsabilidades de los cónyuges, y los padres y representantes de los menores de edad.
d) Es una identidad particular de organización social, como una empresa, una escuela, una comunidad organizada o una ONG.
En la modernidad occidental la institucionalización implica la secularización de la sociedad, es decir, los lazos tradicionales entre la fe y la administración del poder se rompen, contrastándose con los regímenes teocráticos y los reinados donde el monarca manda por la voluntad de su dios. Aunque es evidente que el origen histórico de un sistema institucional puede encontrarse en un cambio violento, como en el caso de las revoluciones y demás rebeliones, las garantías individuales y los derechos de las minorías de un sistema institucional le dan, por lo menos teóricamente, el carácter de un fenómeno de la voluntad colectiva.
En la institucionalización hay actividades organizadas de manera impersonal y utilitaria. Esta práctica carece de los contactos entrañables de la comunidad hermanada, y de los patrones de conducta ceremonial y tradicional. En el ritual, la actividad está predeterminada por un código cuya fuente es mítica o divina. En estos casos, el lugar social, las expectativas, los privilegios, las reglas de asociación y matrimonio y los deberes de los miembros de la cultura tienen coherencia para sus ellos debido a la tradición en que están inmersos. De hecho, en las comunidades tradicionales, no institucionalizadas, el individuo puede estar inmerso en su grupo que le da sentido, pertinencia y una sensación de continuidad. Los actos de gobernación y decisiones con respecto a decesos, casamientos, disputas y otros acontecimientos no son individuales, sino parte de un proceso inscrito en la cosmología de la cultura.
En cambio en la institucionalización moderna basada en el liberalismo político, las reglas se organizan en términos de los límites de los contratos acordados entre participantes individuales y libres. En el matrimonio civil la elección de la pareja puede considerarse como un derecho de los contrayentes, quienes pueden también disolver el contrato de acuerdo con procedimientos institucionales. También en el caso del cambio de los representantes políticos, se trata de un acuerdo contractual, normalmente por parte de una mayoría política o agrupaciones mayoritarias de ciudadanos. Otros procedimientos existen para modificar estas decisiones si la mayoría de los ciudadanos o miembros de las agrupaciones deciden hacerlo.
Las instituciones suelen tener características funcionalistas, donde hay un sistema homeostático en que el desequilibrio es considerado disfuncional. Los participantes (miembros, ciudadanos) se sitúan dentro del sistema de manera especializada y consolidada. Los individuos adoptan diferentes roles, los cuales son intercambiables porque pueden ser ocupados por personas distintas. Al mismo tiempo que una posición institucional puede ser ocupada sucesivamente por personas distintas, cada individuo puede tener roles distintos dentro de entidades diferentes de la sociedad. Sin embargo, cierto grado de desequilibrio es inevitable, aun en las instituciones que parecen más estables. Incluso la Iglesia Católica de Roma ha tenido que reconocer que Galileo tenía razón.
2.2. El cambio institucional:
El cambio en la sociedad institucional normalmente es anticipado porque las leyes o las reglas pueden establecerse, eliminarse y modificarse bajo las estipulaciones de un estatuto o una constitución. El mismo estatuto o constitución puede sufrir modificaciones si los miembros o ciudadanos así lo desean. Este tipo de documento contiene las reglas de juego, pero el logro verdadero de innovaciones requiere algo más que el permiso para actuar. ¿Qué condiciones facilitan el cambio institucional?
El liderazgo: Moscovici (1979, 1993) desarrolló algunas de las condiciones que son necesarias para el surgimiento de nuevos líderes que representan las “minorías activas”, es decir, aquellos sectores de la población que abogan por cambios en un grupo o sociedad, y aunque tienen influencia carecen de poder; entre estas condiciones menciona que el líder o la minoría debe demostrar: una posición no-radical, seguridad, honestidad, coherencia y, al mismo tiempo, flexibilidad en su discurso.
Este tipo de dirigente basa su propuesta de influencia social en la suposición de una audiencia compuesta de agentes capaces de lenguaje y razón. Una segunda propuesta, también fundamentada en la racionalidad de los seguidores, es la del intelectual orgánico que surge de un grupo disidente que se concentra alrededor de la necesidad de “construir un bloque intelectual-moral que haga políticamente posible un progreso intelectual de masa y no sólo de limitados grupos intelectuales” (Gramsci, 1972, p. 23-24). En cambio, el carisma apela a las emociones de las masas. Dice Moscovici que el líder carismático cree ciegamente en su propia misión de cambio, y “reconoce la superioridad del valor sobre la inteligencia” (Mosocvici, 1993, p. 162). ¿Es racional el público que vota y decide? La respuesta de la IAP sería que la racionalidad se construye en las condiciones adecuadas por medio de la problematización y la potenciación de las PI.
El apoyo financiero: Se requiere dinero para producir cambios, y los efectos de los fondos económicos funcionan tanto para promover como para impedir transformaciones. Por ahora es suficiente señalar que los innovadores tienen que buscar benefactores pero también deben estar concientes de los peligros de los compromisos económicos.
Medidas estructurales: Hay maneras estructurales para potenciar la disidencia y producir cambios, entre ellas:
a. Promover el acceso que tienen las minorías activas y los intelectuales orgánicos a las PI: Hoy en día el Internet y los correos electrónicos son herramientas útiles para esta tarea. También existen los métodos tradicionales de foros, boletines, afiches y anuncios por radio y televisión.
b. Desarrollar límites con relación al tiempo que un líder puede ocupar una posición de influencia: Se trata de una condición estructural que inhibe (pero no impide) el poder de personas individuales en una institución. Mientras mayor sea la rotación de las figuras administrativas en las varias posiciones de poder, más sería la participación de las PI.
c. Alentar la participación de las PI: Esta medida incluye, además de los procedimientos que he descrito anteriormente: 1) campañas para aumentar el registro de votantes y su asistencia a eventos como asambleas, 2) medidas para aumentar la capacidad de comunicación y contacto entre los miembros y 3) el establecimiento de estructuras institucionales como comités y grupos de trabajo que incluyen miembros no centrales a la estructura de poder.
d. Revisar los mensajes de las minorías y los intelectuales orgánicos: Como mencioné arriba, deben ser coherentes y flexibles. El lenguaje debe ser accesible para la audiencia, pero no la debe despreciar. Además este tipo de líder, aunque sea un miembro de la misma audiencia que lo eligió, debe potenciar las construcciones sociales de la colectividad en el sentido dado por Guba y Lincoln (1989). Esta estrategia es estructural en tanto que promueve el desarrollo del discurso de todas las PI de manera sistemática.
Sin embargo, algunos cambios ocurren a pesar de los documentos legales que señalan las vías aceptables para producir innovación. El rompimiento no legal del procedimiento acordado significaría la destrucción de la institucionalidad; la organización o la comunidad responde entonces con actos dirigidos al saneamiento de la institucionalidad, por ejemplo con castigos para los infractores, cuyo objetivo sería hacer problemáticos tales actos para los actores individuales. La responsabilidad descansa sobre el ciudadano como unidad básica de la jurisprudencia.
Hay instancias de cambio emergentes e inclusive violentas. Normalmente esto ocurre cuando las vías para la resolución de desacuerdos no funcionan, o cuando algún sector emplea la fuerza para sobreponerse a los demás. El cambio violento rebasa las limitaciones del presente capítulo, pero merece un comentario breve.
Hay una larga tradición libertaria que sustenta el derecho que tienen los “pueblos” a sublevarse frente a lo que consideran la opresión, la ocupación territorial y otras formas de control que reducen su capacidad para autogestionarse. No niego este derecho y reconozco que las revoluciones han motivado varias democracias y procesos liberadores. Sin embargo, dado el contexto de los cambios violentos de los siglos XX y XXI en que la rebelión basada en la fuerza frecuentemente carece de la capacidad de satisfacer las necesidades de las PI, pienso que este tipo de cambio ha perdido mucha de su viabilidad. Hay varias razones para explicar este hecho. Primero, el orden jerárquico de las milicias populares o sectores militares insurrectos no se desvanece con la victoria de estos grupos. Por esto, tienden a reproducir las viejas cadenas de mando en las nuevas instituciones que establecen. Segundo, la dependencia de los grupos sublevados de las fuentes modernas de armamento los somete a condiciones internacionales de abastecimiento y financiamiento, y este control no se termina con el fin del conflicto. Tercero, la destrucción que causan sólo aumenta el desamparo de las PI. Finalmente, el control ideológico que normalmente requieren estos grupos mientras combaten físicamente tiende a conducir luego a regimenes totalitarios. Por estas razones las soluciones armadas quedan fuera de la posibilidad de la evaluación participativa y por ende de la emancipación verdadera de las PI.
2.3. La facilitación del liderazgo y la “voluntad popular”
Este punto es importante porque en un conflicto de poder cada parte suele identificarse con la “voluntad popular”. En cierto sentido tienen razón puesto que todas las partes constituyen piezas significativas de dicha voluntad. Los miembros participan en una conciencia colectiva y las autoridades suelen hablar en nombre de esta conciencia. Entonces la inconmensurabilidad de que hablamos arriba puede esconderse bajo una retórica de inclusión cuando de hecho existen procesos de exclusión. Los líderes proclaman su adhesión a nociones como la “libertad”, confundiendo las nociones de libre albedrío individual, el libre mercado y la libre expresión de la voluntad popular.
Los sectores excluidos pueden aceptar o rechazar estas redefiniciones retóricas de la voluntad popular. En caso de rechazarlas, el resultado sería un conflicto más o menos abierto y la tarea del evaluador es facilitar la negociación de los conflictos y la potenciación de estos grupos. En cambio cuando estos sectores acepten las redefiniciones, es tarea del evaluador problematizar los conocimientos que han sido “naturalizados”, es decir, aceptados a pesar de la experiencia y las vivencias de los involucrados.
El facilitador tiene tres maneras de provocar la reflexión: puede modelar los comportamientos deseados; puede identificar y “devolver” conceptos que ha detectado, y puede problematizar la necesidad de abrir espacios para la participación institucional. No puede solucionar los problemas específicos que confrontan los participantes de un esfuerzo comunal, ni puede hacer pronunciamientos sobre lo que considera que son las necesidades del grupo donde trabaja. Sólo puede señalar áreas-problema tal como fueron detectados en los encuentros de grupo.
Hay, entonces, una separación entre proceso y contenido que puede concebirse así:
TABLA 1
Actores Proceso Contenidos
Facilitador/Evaluador Facilitar la reflexión crítica sobre el “conocimiento naturalizado” La resolución dialéctica de los conflictos entre construcciones sociales incompatibles
PI Expresar y reconstruir construcciones sociales específicas (necesidades, etc.) Elaboración de construcciones potenciadas y acciones por canales institucionales apropiados
Se puede considerar al facilitador o evaluador como un asesor para iniciativas públicas o privadas que intenten mejorar, modificar o crear las instituciones que tienen que ver con la comunidad. Aunque la responsabilidad de cambio estriba primordialmente en los miembros de dichas organizaciones (escuelas, hospitales, empresas, servicios, etc.), el rol del evaluador es el de promover la resolución de los conflictos, mejorar la autoimagen y los sentimientos del personal implicado y a veces facilitar el cambio estructural de la institución. Se ayuda con la construcción de equipos de trabajo, la discusión en grupo, el diseño y organización de tareas, la retroalimentación y entrenamiento comunicacional. Se exige un ideal democrático e institucionalizado, tal como hemos descrito.
2.4. El conocimiento y el poder
El poder y el conocimiento están relacionados. Para comprobar esta relación sólo tenemos que recordar como Galileo fue obligado a negar que el sol está en el centro del sistema solar. Hoy en día hay grupos que no se limitan a rechazar información científica por razones de fe sino que también se aíslan de ella, como cuando ciertas escuelas en los Estados Unidos prohíben la enseñanza de la evolución en los currículos escolares. En un sentido más sutil, la enseñanza de la historia siempre está escrita a favor de los vencedores de las guerras y las elecciones.
El conocimiento, en el sentido de proximidad, conciencia o entendimiento que se obtiene por medio de la experiencia o el estudio, está ligado a estilos particulares de poder. A veces los saberes funcionan como mercancías en venta, como cuando un abogado o un médico emplea su pericia a favor de un cliente o paciente a cambio de honorarios profesionales. Este estilo de emplear la capacidad o la instrucción puede distinguirse de la problematización de la experiencia que hace un grupo de personas como parte de un proyecto colectivo. A continuación quisiera referirme a diferentes maneras de emplear el conocimiento y su relación con la evaluación participativa.
El tecnocrático y el paternalismo: No quiero identificar estilos ideales de liderazgo, pero en una evaluación participativa se intenta promover la inclusión de todas las PI en el disfrute de los recursos y en los procesos de toma de decisión. Para desarrollar este ideal dentro del contexto institucional podemos comenzar con una descripción de algunos modelos distintos de la relación entre la gerencia y el conocimiento desde una perspectiva participativa. En primer lugar la dirección de un proyecto institucional depende de varios factores como la posición que tiene cada individuo dentro de la estructura administrativa, el poder extra-burocrático que tienen algunas PI sobre las recompensas y castigos y el conocimiento que tienen los participantes para promover las tareas apropiadas en cada institución.
El tecnócrata es poseedor del saber. Es, sin embargo, un saber que no pasará a los demás, excepto cuando asume el rol de educador. Normalmente es quien decide por los otros, porque es el único que sabe como llevar a cabo un proyecto. Es el arquitecto que diseña la casa de otro, el médico que cura, el economista que asesora inversiones: el saber no puede cuestionarse cuando receta soluciones. Al saber como se lleva a cabo un proyecto, el tecnócrata decide al mismo tiempo los fines de éste, de esta manera un urbanista decide como van a vivir los habitantes de una urbanización, y con frecuencia no les pregunta sobre sus necesidades, ni siquiera las necesidades sentidas sin problematización posterior.
En cambio en una evaluación participativa se promueve la “democratización del saber”, dentro de los límites de la responsabilidad profesional. Es evidente que no se trata de popularizar las técnicas empleadas por un cirujano, pero ciudadanos bien instruidos pueden participar en la planificación de centros de salud. Hace años estuve involucrada en una intervención, que he mencionado en capítulos anteriores, en que personas damnificadas por causa de un derrumbe participaron en una “Escuela Popular de Arquitectura” donde aprendían a leer planos y emplear correctamente el vocabulario asociado con la construcción. Estos conocimientos potenciaban sus posibilidades de influir en las decisiones que tomó la gobernación local con respecto a la reconstrucción de sus viviendas perdidas.
Voy a emplear un párrafo de este capítulo para hablar del alcance del conocimiento popular porque se trata de un tema controversial. Es un planteamiento básico del Investigación Acción Participativa promover la combinación de los saberes populares y científicos. Es evidente que no se puede reflexionar responsablemente sobre el conocimiento científico especializado sin manejar las técnicas, lenguajes, destrezas y el trasfondo teórico de las disciplinas particulares. Los profesionales de estas disciplinas alcanzan la capacidad de participar plenamente en ellas sólo después de años de preparación. Por esto los “graduados” de la Escuela Popular mencionados arriba, no deben considerarse ni arquitectos ni ingenieros civiles. Sin embargo, poseen conocimientos que potencian sus capacidades para dialogar con los profesionales. Igualmente, un paciente que conoce los efectos secundarios de una medicina recetada por su médico está en condiciones de plantear sus dudas al profesional y llegar a un acuerdo sobre lo aconsejable de emplear aquel medicamento.
En otro contexto, tal como los intelectuales orgánicos gramscianos interpretan la voluntad popular, hay comunicadores calificados para interpretar la ciencia y permitir que los no-profesionales puedan entender a groso modo los alcances de sus competencias. De esta manera Stephen Hawking (2005), Oliver Sacks (1999) o Carl Sagan (1979) abren puertas al conocimiento científico para las personas “comunes”. Lo que pasa luego en la plaza pública cuando estos saberes se debaten puede constituir un aporte al proceso mismo de la ciencia. El debate que Sacks inició sobre la posibilidad de experimentar con ciertas drogas en el tratamiento de algunas enfermedades neurológicas, rebasa de manera creativa y ética los límites de la experimentación científica y por esta razón contribuye al debate científico.
El funcionario: El funcionario administra poder institucional y conoce los formularios, procedimientos, cadenas de mando y regulaciones respecto a su esfera de influencia. No fue elegido por sus conciudadanos para ocupar una posición ni en el gobierno ni en las instituciones privadas, con o sin motivo de lucro, además está protegido por la agrupación que él representa. A menudo goza de discrecionalidad en sus actividades administrativas y en su trato con el público. Su poder proviene de una confusión entre “posición” y “autoridad”. Las personas “comunes” tienen escasa injerencia en el ejercicio de sus funciones, y normalmente la reacción del público frente a él es de sometimiento.
Aunque estas personas tienden a personificar no sólo el poder establecido sino su propio provecho personal (por medio de ascensos profesionales, o actos de corrupción), en lugares y tiempos particulares pueden decidir promover el cambio social. En algunos casos estos cambios están motivados por escrúpulos sobre la protección de derechos civiles. En otros las inquietudes surgen de dudas éticas y políticas, pero no gozan de un suficiente trasfondo teórico. No hace mucho escuché a un funcionario promover denuncias sobre supuestas injusticias en un sistema educativo. El activismo político de los funcionarios debe ser objeto de análisis entre todas las PI.
El interventor o evaluador tiene varias vías de acción frente al funcionario. Puedo nombrar algunas de ellas:
Lo primero que debe hacer el facilitador es desarrollar una descripción detallada del problema, esto incluye un resumen de las necesidades sentidas (iniciales) pero conflictivas de todas las PI. El dossier resultante puede contener consideraciones normativas y observaciones sobre la eficacia de la gestión administrativa, denuncias sobre como ciertos actores en el conflicto pueden aprovecharse de sus posiciones, y la necesidad de abarcar a todas las PI. Es importante problematizar los contenidos parcializados si se trata de un documento público.
Otra acción que puede ser útil es preparar a los miembros de la comunidad para argumentar sus casos, así como cuando los participantes en la Escuela Popular de Arquitectura aprendieron a criticar los planes de los funcionarios municipales, que en este caso fungían como profesionales y como funcionarios a la vez. Una variante de esta acción es informar a los usuarios de las instituciones cómo sacar provecho de ellas. Explicar a un grupo de pisatarios cuáles son los pasos burocráticos y legales para la legitimación de sus tierras y casas puede allanar muchas de las dificultades asociadas con los trámites con los funcionarios.
Relacionada con esta táctica está el logro de recursos que faciliten la capacidad de las PI para usar las instituciones productivamente. Ejemplos de esta actividad incluyen el establecimiento de clínicas jurídicas y foros abiertos donde participen todos los involucrados en un ambiente de colaboración mutua.
Otra vía de acción es emplear a otros funcionarios, o a los medios de comunicación para ejercer presión con relación a los usuarios de la entidad donde se desempeñan dichos funcionarios. Las ONG que denuncian violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden son prototipos de este tipo de acción.
Como última sugerencia, el facilitador puede trabajar para modificar los procedimientos burocráticos. Los funcionarios necesitan un mandato y a veces están dispuestos a repensar como operan sus agencias y oficinas. En la actualidad una estudiante de la Especialización en Intervención Psicosocial de la Universidad Central de Venezuela está trabajando en una evaluación participativa de la pobre articulación entre dos niveles burocráticos en el Ministerio de Educación. El resultado de este trabajo podría conducir a nuevas prácticas administrativas.
2.5. La comunicación y la retroalimentación
En esta sección consideraré aspectos más personales de la evaluación participativa e institucional.
Para mejorar la capacidad de comunicarse con los demás, es necesario que los participantes revisen como son percibidos por los otros, es una reflexión analítica en que cada uno solicita activamente retroalimentación respecto a sus actos y lo que dice. Cada participante requiere de estrategias que faciliten su interacción, partiendo de la expresión responsable y consciente de su propia experiencia. Esta comunicación, dada en el momento adecuado, podrá ayudar a que el otro entienda y tome conciencia de cómo afecta a los demás.
El uso de un lenguaje personalizado (por ejemplo por medio de frases como: “En mi opinión...”; -“Yo pienso que...”) significa que los participantes se hacen responsables por sus palabras y acciones, y de esta manera se facilita la integración de un grupo. Estas formas de expresión contribuyen a la cohesión del grupo y a la eficiencia en las metas a lograr. Aun en el caso de conflictos en un grupo, poder expresar adecuadamente los motivos y las reacciones personales frente a un acto de otra persona, o frente a una situación, promueve acuerdos y soluciones. En un capítulo anterior describí como un grupo de adolescentes y funcionarios policiales lograron superar sus identificaciones estereotipadas por medio de la personalización de su lenguaje.
En reuniones grupales en una asamblea comunitaria, la utilización adecuada de la retroalimentación particularizada es esencial, porque el chisme indirecto y las comunicaciones parciales o pobremente expresadas contribuyen a la desintegración de la membresía. Hay, además, muchas actividades que se pueden desarrollar en las reuniones para dar voz donde al principio sólo se encuentra silencio. Algunas son:
1. El uso de grupos pequeños de discusión con reunión plenaria después.
2. La discusión en parejas con reunión plenaria después.
3. El uso de cuestionarios individuales con discusión plenaria.
4. Lluvia de ideas, donde el facilitador anota ideas en un rotafolio, seguido por discusión y votación.
5. Modelo de discrepancia usando discusión con rotafolio: (lluvia de ideas estructurada)
a) Se determina cómo debe ser la institución.
b) Se contrasta con lo que es.
c) Se determinan las diferencias entre a) y b).
6. La presentación de un video de los miembros en el momento de realizar alguna actividad para hacer luego un análisis de la actuación de éstos.
7. Llamar a una asamblea para discutir información recogida a través de:
- Cuestionarios masivos.
- Encuestas no tradicionales, usando las llamadas a una emisora de radio o a un periódico local, cajas para sugerencias y comentarios, etc.
- El uso de información documental, como tasas de admisiones a un hospital, tasas de arrestos contrastadas con tasas de hurtos, datos demográficos, estudios sobre hacinamiento o número de casas en construcción, etc.
- Observación y observación participante.
8. Foros públicos: Se invita al público en general a presenciar una discusión entre dirigentes vecinales, expertos en algún tema especial, o representantes de grupos en pugna. Luego se abre la discusión en asamblea.
9. Juegos dirigidos: este punto no lo voy a elaborar porque hay muchos manuales de dinámica de grupo que lo hacen.
También fuera de las asambleas hay muchas actividades y estrategias que acrecientan la comunicación entre las PI.
1. Publicación de un boletín, un folleto, un póster, etc., con información.
2. Grupos focalizados: una reunión de informantes claves que podrían tener opiniones distintas para lograr una confrontación cara a cara en un ambiente cómodo. Es útil comenzar con un refrigerio ligero.
3. Grupos nominales: para la identificación de necesidades o para la discusión de problemas dentro de la comunidad donde hay discrepancias.
a) Se selecciona a los participantes para incluir representantes de todos los puntos de vista de la comunidad total.
b) Se solicitan del grupo sugerencias sobre las necesidades de la comunidad.
c) Se pide al grupo seleccione las cinco necesidades (o problemas, o alternativas de solución) más urgentes y que las jerarquice.
d) Se promedia los puntajes (por orden jerárquico) de todas las necesidades seleccionadas en la etapa “c”.
e) Se informa al grupo los resultados de la etapa “d” y se solicita otra evaluación de parte de los participantes, tomando en cuenta esta información. En otras palabras, se pide una reconsideración de las primeras decisiones.
f) Se vuelve a promediar los resultados. Este proceso puede repetirse hasta lograr consenso.
4. La formación de pequeños grupos de “tertulia” que se encuentren de manera regular fuera de las reuniones de asamblea, en la casa de uno de los participantes, para discutir el progreso del proyecto institucional. Se puede mandar sugerencias de temas a un representante de cada grupo para facilitar las discusiones. El encargado puede, luego, informar a los miembros de la junta directiva (si la hay) sobre los resultados de la discusión.
También se puede usar estos grupos como puntos focales para la demostración de nuevas técnicas o para modelar destrezas que los miembros deban adquirir. Un instructor, o miembro ya entrenado, puede asistir a la tertulia para “enseñar” dichas técnicas o destrezas y al mismo tiempo avaluar las dificultades en relación a las mismas. La información recogida puede usarse de manera inmediata para la evaluación y modificación de los procedimientos planificados por la junta directiva.
5. Todos los instructivos, los estatutos, las reglas y una copia resumida de las actas de las asambleas deben publicarse en un lugar donde los participantes puedan tener acceso a la información. Lo ideal sería mandar a cada integrante una copia individual.
Consideraciones finales
Ha sido mi intención en este capítulo considerar la institucionalización y su relación con la evaluación participativa. Como dije desde el inicio, hay áreas tradicionales que tienen que ver con la teoría organizativa que no me interesan por el momento. Más bien me ha interesado considerar el tema desde una postura emancipatoria en donde la participación de las PI existe como una posibilidad viable, creativa y satisfactoria para todos los involucrados.
En resumen, las instituciones tienen características que le dan cierta autonomía de las PI, y por esta razón tienen también cierta estabilidad en el tiempo. Algunas tienen incorporadas la posibilidad estructural de cambio o evolución con relación a: a) las personas que ocupan posiciones de poder, b) las metas de los proyectos individuales de la organización, c) el manejo de recursos y prioridades y d) la capacidad que tienen para satisfacer las necesidades de las PI. Existen espacios institucionales para promover los cambios que las PI desean. En otros casos es necesario promover cambios estructurales. Algunas instituciones están cerradas al cambio y la facilitación de las necesidades de las PI es mucho más difícil, como es normalmente el caso de las fuerzas del orden.
Es una suposición fundamental de este capítulo que la facilitación de evaluaciones participativas debe incorporar a las PI en un proceso ético y solidario, tomando en cuenta las condiciones particulares de cada institución involucrada. Las PI tienen que aprender la tolerancia frente al otro, pero al mismo tiempo iniciar acciones a favor de sus propios intereses problematizados.
En mi opinión la institucionalización liberal, secularizada y civil constituye un logro histórico, aunque reconozco que existen otras formas de consulta y control en el mundo. Este logro sólo tiene sentido cuando las PI pueden evaluar y modificar las actividades de estas agrupaciones legales para que respondan a sus necesidades. Existen muchos espacios para estas acciones, algunos de los cuales he descrito. Entender como las PI pueden controlar sus instituciones es tal vez una de las tareas más importantes de la evaluación participativa.
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