LA INSTITUCIONALIZACIÓN Y LA INTERSUBJETIVAD: Evaluación participativa: Un enfoque construccionista

NOTA:
Citar como: Karen Cronick (2007). "LA EVALUACIÓN PARTICIPATIVA: UN ENFOQUE CONSTRUCCIONISTA". CAPÍTULO IV. TRABAJO DE ASCENSO PRESENTADO ANTE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

Es importante definir desde el comienzo el término “institución”. Para mis propósitos actuales la considero cualquier organización de carácter legal que tenga alguna estructura interna definida por normas establecidas. La institucionalización sería entonces la creación de una organización legal.

He decidido separar esta discusión de otras en que la teoría de las organizaciones y temas similares conducen a reflexiones estructurales que no incorporan críticas sociales del tema. En este capítulo consideraré las instituciones en dos sentidos: primero, son posibles escenarios para evaluaciones participativas. Me fijaré en algunos tipos de organizaciones legalmente constituidas y su continuidad en el tiempo. Prestaré especial consideración a la capacidad que tienen para satisfacer las necesidades de las personas interesadas (PI), dadas las diferentes estructuras implicadas en ellas. Como parte de esta discusión tomaré en cuenta la posibilidad de la participación solidaria en los diferentes escenarios asociativos. Otro tema que consideraré en este contexto es la incorporación de diferentes modelos de “comunidad” dentro de esta noción.

Segundo, analizaré la evaluación participativa en estos escenarios. En el apartado “La creación y monitoreo de prácticas institucionalizadas” hablaré de las características básicas de las organizaciones legales, el cambio en estos contextos, la facilitación del liderazgo y la “voluntad popular”.

No tengo la intención de hacer una revisión exhaustiva de las investigaciones previas sobre este tema. Una razón para esta decisión es que no deseo repasar los diferentes conceptos de instituciones y organizaciones desde los puntos de vista funcionalistas con respecto a su eficiencia, productividad, prácticas administrativas y aspectos relacionados con el control de calidad de sus productos y los costos económicos. Hay mucho escrito sobre estos temas, y dado mi compromiso en este libro con la participación, la potenciación y la emancipación, no son apropiados aquí. Como he hecho en los capítulos anteriores quiero considerar las instituciones desde una postura emancipatoria y desde un enfoque relacionado con la evaluación participativa. Sólo cuando haga falta, incluiré algunas referencias formales.

Es un tema difícil. Una razón para esta dificultad tiene que ver con las expectativas intersubjetivas de las PI. Los participantes en esfuerzos de cambio comunitario y organizacional desean resolver sus problemas, cumplir con sus tareas y modificar su ambiente social y físico, pero también quieren satisfacer sus necesidades afectivas de apego, poder y auto-realización personal. Este deseo de satisfacción se complica porque las instituciones tienen su propia vida, expectativas y necesidades. Fácilmente las necesidades individuales de los miembros pueden terminar subordinadas a las “necesidades” de las organizaciones.

I. POSIBLES ESCENARIOS PARA EVALUACIONES PARTICIPATIVAS

1.1. La vida de las instituciones

Desde el punto de vista funcionalista, siempre ha sido un lugar común que las instituciones comparten ciertas características autorreguladoras con los seres vivos. Por un lado consumen, por otro producen, nacen y mueren. Tienen una economía interna relacionada con el manejo de los recursos que emplean en el logro de fines formales o informales, es decir explícitos o implícitos, y de hecho frecuentemente empleamos verbos activos para describirlas, como si pudieran “querer algo” o “hacer algo” por su cuenta; sería fácil encontrar esta frase en un periódico: “El gobierno quiere reducir la evasión de impuestos”. Por esta razón, no es suficiente problematizar y potenciar construcciones individuales y colectivas entre los participantes en evaluaciones que ocurran en escenarios institucionales. Es necesario considerar también la dinámica propia del funcionamiento organizacional como algo más que un factor de contexto o ambiente psicosocial para las actividades humanas.

Tal vez puedo volver a valerme del término “reificación” de necesidades que empleé en el primer capítulo de este libro, para describir cómo aspectos abstractos de la organización de las instituciones cobran vida e influyen sobre las personas. O también puedo hablar de las propiedades emergentes de las instituciones. El hecho es que ellas “actúan”, no de manera metafórica sino de manera real e independiente de las PI. Esta actuación no es un simple producto colectivo de las construcciones sociales de sus miembros, sino del efecto de complejas resoluciones dialécticas entre múltiples factores que incluyen lo que hacen y piensan las PI dentro de escenarios legales, económicos e interpersonales específicos.

Instituciones con fines de lucro: Es un punto de vista “diagnóstico” si se quiere, que “da sentido” a ciertos comportamientos entre las personas que forman parte de estas agrupaciones humanas. Si ciertas compañías que producen ropa y zapatos deportivos “controlan” los recursos de sus empleados de alto nivel, pueden “exigirles” que acaten órdenes relacionadas con políticas de “outsourcing” en que la compañía emplea fuerzas laborales en países donde los obreros carecen de derechos legales. Quienes cosen y pegan para ciertas marcas de productos deportivos tienen escasos derechos y salarios ínfimos. ¿Por qué los ejecutivos se prestan a esto? Según la teoría clásica los ejecutivos se identifican con estas prácticas porque la compañía tiene el poder de exigírselo por medio del control de las recompensas (salarios) y castigos (el miedo al despido). Esta identificación se traduce en la lealtad de sus empleados. O, según los postulados de la “sociedad unidimensional” (Marcuse, 1968) la ideología de los contextos “totalizadores” dominan aun eliminan la capacidad de pensamiento y la acción individuales. Por su parte, Taylor (s/f) habla de la importancia de un contexto cultural para entender a la sociedad y sus organizaciones. Inclusive, para tratar de entender el fenómeno de la capacidad que tienen las instituciones para secuestrar la voluntad de sus miembros y hablar en su nombre, podríamos apelar también a enfoques individuales como el psicoanálisis (la psiquis dividida) o enfoques socio-políticos como el marxismo (falsa conciencia –ver el Capítulo 1) o ciertos planteamientos que han surgido de las tendencias feministas.

Pero también puedo distanciarme de los enfoques que presentan a las organizaciones como si fueren inmutablemente estáticas y jerárquicas. Los “postmodernos” intentan “desconstruir” las nuevas estructuras organizativas, pero el poder de estas instituciones va más allá de la posibilidad de controlar la conducta y las motivaciones de sus empleados. También hay que considerar la participación activa de las PI en acciones que tal vez no aprobarían en otras circunstancias, por ejemplo, hay que tomar en cuenta el efecto de la propaganda que promueve el espectáculo de los súper-héroes del básquet saltando por los gimnasios mundiales en zapatos con el logo de una conocida compañía. Estos espectáculos esconden la presencia de los obreros que confeccionan estos productos, quienes con frecuencia carecen de los derechos más elementales. De nuevo puedo preguntar, ¿por qué Michael Jordan se prestaba a esto? Claramente los honorarios elevados pagados por NIKE constituyen parte de la razón. Pero también Jordan se cierra a la presencia de la esclavitud detrás del producto de la misma manera que nosotros, los deslumbrados clientes, lo hacemos. El espectáculo se vuelve interactivo cuando las personas usan los logos en su ropa e intercambien los símbolos de las campañas publicitarias por Internet.

Michael Billig (1994) hizo un análisis hermenéutico de la mezcla de mensajes alrededor del fenómeno Disney. Describe un viaje a Florida en los Estados Unidos para visitar a Mickey Mouse en su propio terreno, allí los visitantes pueden deambular por espacios donde Mickey “realmente” vive y saluda a los niños. Luego pueden visitar el camerino donde Mickey se viste para su actuación, pero el camerino también es un escenario, allí no van a encontrar empleados sudorosos vistiéndose para su día laboral. Se trata del mito detrás la fantasía, un juego infinito de espejos cuyas imágenes nunca llegan hasta Tailandia y sus obreros juveniles.

Otras instituciones con fines de lucro van más allá en las actividades que toleran en nombre de la acumulación de beneficios económicos. Las industrias biotecnológicas transforman a sus clientes físicamente por medio de cambios que influyen en lo que éstos comen y consumen como medicamentos. En el futuro probablemente cambiarán la genética de sus clientes con la aprobación entusiasta de éstos. También hay industrias relacionadas con la manufactura y venta de armamento que alientan desacuerdos bélicos y promueven soluciones violentas en ambos lados de conflictos internacionales o de rebeliones internas .

La expectativa de vida de estas instituciones depende de muchos factores, pero tal vez podemos resumirlos en una sola palabra: intereses. La institución sobrevivirá mientras satisfaga las necesidades de algunas de las PI. Las grandes compañías con fines de lucro deben satisfacer a los dueños de sus acciones y deudores, a sus clientes y en cierto grado a sus empleados. Además reciben apoyo de personas cuyas necesidades son menos evidentes, como los políticos que reciben dinero para sus campañas, proveedores de materias primas, agencias publicitarias y los locales comerciales que distribuyen sus productos. Es importante tomar en cuenta también que las PI incluyen intereses que van más allá de las personas individuales asociadas con estas instituciones. Involucran a otras instituciones como gobiernos, sindicatos, bolsas económicas, compañías del tipo “holding” e inclusive, aspectos tan abstractos como las cambiantes tasas de capitales internacionales.

En años recientes se ha hablado de la “responsabilidad social” de las grandes instituciones. Esto significa que a veces asumen, de manera voluntaria, funciones destinadas a mejorar la calidad de vida de grupos de personas necesitadas. Destinan recursos a estos fines por varias razones. Estas actividades “suavizan” la “imagen” de instituciones cuya meta principal es obtener ganancias. Otra razón es que reciben créditos que limitan los impuestos que pagan en los países donde están ubicadas sus oficinas principales. La última razón es más compleja y tiene que ver con una postura ética en donde la responsabilidad social se confunde con el ejercicio de poder.

No todas las instituciones con fines de lucro son grandes organizaciones que han perdido sus lazos con la satisfacción de las necesidades de las PI relacionadas con ellas. Las compañías pequeñas donde trabajan pocas personas comparten algunas de las características descritas arriba, pero mientras más reducidas son, más capacidad intersubjetiva tienen sus miembros. Las diferencias entre sus necesidades pueden resolverse en conversaciones personales y la influencia de los aspectos burocráticos se reduce junto con el número y lo indefinido de la identidad de las PI.

Por otro lado existen hoy en día alternativas comerciales, es decir, instituciones con fines de lucro “no violentos” cuyos sistemas para producir y educar a los clientes emplean otros criterios (Boje, 2001, 1999a, 1999b). Es un cambio, en donde los principios éticos tienen por lo menos tanta importancia como los económicos. Las organizaciones “fair trade” relacionadas con la comercialización de productos agrícolas son ejemplos, como también lo son las cooperativas y las industrias controladas por los obreros que fueron “tomadas” en Argentina (Ballvé, 2006), después que los dueños europeos las abandonaran en la última crisis económica de aquel país. También la desconstrucción social de los grandes intereses económicos toma la forma de los movimientos de resistencia como el de José Bové contra Mac Donalds y las compañías que producen alimentos modificados genéticamente , en que éste intentaba defender las prácticas ecológicas de los pequeños productores agrícolas en Francia.

Las evaluaciones participativas que se hacen en los escenarios con fines de lucro tienen que tomar en cuenta, entonces, no sólo las necesidades problematizadas de las PI sino también la estructura institucional de las organizaciones. Esta disposición de poder y recursos pone límites a las aspiraciones y expectativas de los participantes debido a los sistemas organizados de relaciones legales y de poder en que éstos están inmersos.

Instituciones sin fines de lucro: Hay otras instituciones con características distintas, como los hospitales públicos y demás servicios comunitarios y las ONG, que normalmente se asocian a proyectos de intervención social. Existirán mientras tengan el apoyo de los gobiernos locales, y activistas interesados en las causas que promueven y un público dispuesto a financiarlas. Ha ocurrido que las causas desaparecen, como cuando las agrupaciones que combatían los efectos de la parálisis infantil (polio) fueron suprimidas por el desarrollo de la vacuna que eliminó este padecimiento como flagelo público. En algunos casos estas organizaciones transforman su misión y emplean sus energías para combatir otras causas. Pueden emplear sus logos, experiencia e instalaciones para estos nuevos móviles.

Las metas de estos centros son radicalmente distintas a las instituciones financieras mencionadas antes. Hay tres observaciones que puedo hacer al respecto.

a) Su objetivo institucional no es en sí la acumulación de dinero y otros recursos. Emplean sus medios para alcanzar otras metas como apagar incendios o curar a los enfermos. En algunos casos las funciones de estas instituciones se enturbian, como por ejemplo, cuando la policía es usada con fines políticos o cuando la corrupción distorsiona las metas originales de la organización, sin embargo, por principio y de manera estructural, normalmente tienen una clara visión y misión que puede distinguirse de la acumulación de capital.

b) Las PI asociadas con estas instituciones tienen características distintas. En algunos casos, como los médicos de un hospital público, las PI son profesionales asalariados cuyos intereses son tanto económicos como de servicio. En otros casos quienes prestan los servicios son voluntarios, como sería la situación de algunos bomberos, las damas voluntarias de un hospital o los miembros de muchas ONG. En un sentido un tanto idealizado quienes prestan estos servicios valorizan tanto el efecto benéfico de sus acciones como las ventajas que podrían recibir a cambio.

c) Finalmente, las demás PI normalmente incluyen personas que tienen cierta clase de necesidades que no son satisfechas por otras instituciones, como los enfermos que no pueden acudir a una clínica con fines de lucro. Por esta razón son vulnerables y el uso que hacen de estas instituciones benéficas no es tan voluntario como sería el caso de los clientes de un almacén. Además, la satisfacción de sus necesidades depende normalmente de una oferta pública hecha por las instituciones en cuestión. Por ejemplo, un hospital público puede carecer de cupo para ciertas intervenciones médicas. O puede ocurrir que no exista una institución con las características que necesitarían algunos usuarios, como por ejemplo, en Venezuela casi no hay casas seguras para mujeres maltratadas.

Estos son los escenarios en donde las evaluaciones participativas son más efectivas y “naturales” porque con frecuencia, tanto sus estructuras organizativas como sus sistemas de valores incorporan la participación como un elemento importante. Como en todas las organizaciones, siempre hay factores recurrentes que el evaluador debe problematizar: a) metas encubiertas, b) el miedo a ser juzgado, c) los programas que cambien mientras sigue la evaluación, d) conflictos debido a diferencias de personalidad, e) conflictos de valores y f) la falta de definición de los roles en la organismo evaluado. El capítulo cinco del libro “Investigación Evaluativa” de Carol Weiss (1983) trata varios de estos temas, a pesar de que su enfoque no sea participativo.

Instancias públicas: La teoría sobre institucionalización gubernamental normalmente tiende a enfatizar el liberalismo político que nació con la Constitución de los Estados Unidos, y que refleja también las preocupaciones por la libertad y la racionalidad elaboradas por los Enciclopedistas y los pensadores sociales del Siglo de las Luces. Hoy en día, sin embargo, con la adopción del liberalismo económico y el lenguaje del libre mercado por muchos gobiernos, consideraciones igualitarias son desechadas a menudo como remanentes de ideologías consideradas como “superadas”, tales como el comunismo y el socialismo.

Más allá de las etiquetas ideológicas está el problema del acceso de los ciudadanos al proceso de toma de decisiones y la administración del quehacer público. Muy importante para esta consideración es la tolerancia que los gobiernos tienen con la disidencia y la capacidad que tienen los disidentes de participar en los debates. Esto está íntimamente asociado con las alianzas que el sector oficial tiene con los medios de comunicación y los intereses económicos dominantes.

La “expectativa de vida” de los gobiernos en un sistema asociado con el liberalismo político es cíclica, por lo menos en un sentido idealizado. Idealmente el electorado elige los candidatos que le conviene. Entre el 2005 y el 2006, mientras escribo estas páginas, los bolivianos, los canadienses, los alemanes, los palestinos y los israelíes acaban de elegir nuevos gobiernos por medio de comicios formales. La “legitimidad” de los líderes políticos es un problema de mayor alcance. A veces hay elecciones cuyos resultados no reflejan la voluntad popular como ocurrió en el 2001 en Bielorrusia, y hay procesos electorales donde la participación del electorado es mínima como ocurrió en las últimas elecciones municipales en Venezuela. La posibilidad de confrontar legalmente a estos gobiernos consiste en complejas movilizaciones populares.

La posibilidad de llevar a cabo una evaluación participativa en los escenarios oficiales depende mucho del estilo de mando que les caracteriza. En general, a menos que haya una exigencia urgente para que un programa gubernamental tenga éxito, estos esfuerzos tienden a ser percibidos como inconvenientes a nivel político. Pareciera que el éxito retórico vale más que la satisfacción de las necesidades problematizadas de una amplia base de las PI.

Otras instancias públicas: No puedo cerrar estos pensamientos sin mencionar la gestión de otras instituciones que tienen orígenes similares pero cuya evolución las ha separado de aquellas que acabamos de considerar. Un ejemplo paradigmático lo constituyen las instituciones militares, que gozan de su asociación con el poder político y patrio, pero permanecen intactas mientras las administraciones civiles se sustituyen por medio de los comicios. Los servicios militares acumulan prerrogativas y facultades que les dan independencia de sus PI originales, es decir, los ciudadanos que requieren protección. Estos organismos disfrutan de múltiples ventajas: a) manejan recursos y no tienen que rendir cuentas sobre su uso debido a que sus asuntos financieros son “secretos de estado”, b) se benefician de lazos privilegiados con intereses económicos como las compañías que pertenecen al llamado “complejo militar e industrial”, c) toman decisiones en nombre del bienestar colectivo, como por ejemplo, la adquisición de ciertos tipos de armamento, que a veces tienen poco que ver con la protección ciudadana y d) las PI civiles no tienen la posibilidad de inherencia en los asuntos castrenses, excepto en los niveles más altos de los gobiernos democráticos. Se puede imaginar un comité de ciudadanos que participen en las decisiones de un hospital, pero esto no podría ocurrir con el ejército.

En términos de la expectativa de vida de estas organizaciones militares, hoy en día no tiene fin, los ejércitos ya no practican movilizaciones temporales en defensa de sus pueblos. El gran general romano Cincinnatus, que convirtió su sable en una reja de arado después de ganar su última batalla, no tiene seguidores modernos en el mundo castrense.

Debido a su naturaleza “no deliberativa” la evaluación participativa no es efectiva en estas instituciones. Hace años tuve algunas experiencias con cuerpos policiales en donde a muy corto plazo se pudo lograr la problematización de las necesidades sentidas de algunos integrantes de estos organismos. En particular, en los años 80 pude participar en la formación de uno de los cuerpos de las llamadas “policías municipales” donde existía el lema: “Crear una policía diferente”. Se trabajó en este entonces para elaborar ideas colectivas entre los candidatos a policía sobre un mandato que incluyera la prevención del crimen y la participación con los demás ciudadanos en el mantenimiento de la paz social. Sin embargo estos logros no duraron, después de pocos meses los agentes habían asumido posturas represivas y arbitrarias.

Estas consideraciones acerca de la vida de las instituciones tienen por propósito abrir el tema de las instituciones como construcciones humanas. Las condiciones de cambio varían según el tipo de institución. A veces sus estructuras parecen inquebrantables, pero no es necesario considerarlas como contextos inmóviles. Aún las instituciones más cerradas tienen hendiduras burocráticas y administrativas en donde las evaluaciones participativas pueden practicarse. En una EP es importante que las PI evalúen sus necesidades y la posibilidad de satisfacerlas dentro del contexto de dichas hendiduras, y a veces hace falta trabajar al margen de las instituciones en cuestión para poder lograr cambios en ellas. Pienso, por ejemplo, en las demandas legales contra la compañía de comida rápida MacDonalds que la obligó a incluir ensaladas y comida menos dañina en el menú que ofrece al público. Considero, en resumen, que las organizaciones forman parte del contexto de la acción de las personas como agentes capaces de lenguaje y razón. Dichos agentes son los constructores de estas instituciones y las pueden reconstruir cuando haga falta, bajo las limitaciones evidentes que significan el empleo del poder y la influencia. A veces para reconstruir hace falta desconstruir primero, es decir, hace falta analizarlas desde posturas económicas y éticas, y en términos de las necesidades problematizadas de las PI.

1.2. La participación solidaria en los escenarios institucionales

La participación solidaria no existe de manera “natural”. Se trata de muchas conductas y construcciones sociales cambiantes y emergentes como muy bien ha descrito Sánchez (1999). En una evaluación participativa es la tarea del facilitador proporcionar las condiciones para su avance.

1.2.1. La solidaridad. Existe la necesidad de lograr intersubjetividad solidaria aun entre grupos de personas distintas que provienen de comunidades y organizaciones heterogéneas. Contradictoriamente, el apego que las personas tienen con comunidades e instituciones particulares puede ser un obstáculo para la hermandad entre agrupaciones distintas.

Este conflicto entre la lealtad al grupo primario y la perspicacia hacia el “extranjero” tiene una larga historia. En los documentos históricos más antiguos, desde la Odisea de Homero y el Viejo Testamento, podemos encontrar que los grupos humanos resuelven sus problemas por medio de sus sables y cada forastero es un enemigo. Los pueblos predilectos de sus propios dioses se excluyen mutuamente de la categoría de “nosotros”. Para los griegos los “otros” eran los troyanos y casi todos los habitantes de las islas por donde pasó Odiseo; para los hebreos, eran los filisteos y casi todas las tribus e imperios circundantes. Hay una interpretación de una frase de la Odisea que sugiere que los griegos son los “comedores de pan”, es decir, los humanos civilizados (Odisea, Libro 8, p. 11). Cualquier trato es admisible hacia los otros seres: quemar sus ciudades, esclavizar y asesinar a sus ciudadanos. Entre los “comedores de pan”, sin embargo, hay un reconocimiento mutuo de humanidad civilizada. No estamos exentos de esta postura xenofóbica, intransigente, patriotera y chauvinista. Es decir, con frecuencia nuestra intersubjetivdad se extiende sólo a nuestra propia comunidad de hombres y mujeres.

La tradición psicosocial que proviene de Hegel (1807/1977) y pasa por G. H. Mead (1913/1972), Schütz (1932/1993) y Berger y Luckmann (1966) muestra la presencia de lo social en la misma definición de los sujetos, considerados como puntos de refe¬rencia en redes sociales y lingüísticas. Es decir, nadie nace solo; nos hallamos en un mundo de vida donde hay múltiples y complejas redes sociales y donde conviven muchas maneras diferentes de relacionarse.

Bernstein (1991) conjuga dos conceptos para considerar la falta de tolerancia intersubjetiva: la inconmensurabilidad y la otredad. Los dos conceptos hacen referencia al "'problema de la identidad y la diferencia" (Bernstein, 1991, p. 6). La conmensurabilidad es un conjunto de reglas que permite comparar punto por punto varios textos, varias culturas, o diferentes paradigmas entre sí. "Inconmensurable" sería entonces una palabra que se refiere a los sistemas cerrados de lenguaje y creencia, en los cuales no existe la posibilidad de crear correspondencia.

Como dice Bernstein (1991) este es un problema ético y tal vez metodológico, más que epistemológico. Dice que aunque a veces el fracaso del entendimiento puede ser "trágico" tenemos que "asumir la responsabilidad de escuchar con atención, usar nuestra imaginación lingüística, emocional y cognitiva para captar lo que es expresado y dicho en tradiciones extrañas" para evitar el peligro tanto de "la colonización imperialista" como del "exotismo inauténtico" (p. 13-14).

En este sentido, el Otro puede ser un objeto de apropiación, conversión y represión, o se le puede reconocer como otro ego "irreducible a mi ego" (Bernstein, 1991, p. 19). Frente al Otro irreducible, existe también el compromiso y la obligación ética entre ambos, "de intentar trascender su egoísmo narcisista mediante la comprensión de la alteridad del Otro" (Bernstein, p. 22). Es decir, el problema de la intersubjetividad, aún en condiciones de lo inconmensurable, tiene que ver con la posibilidad de poder reconocer la pluralidad de la condición humana, pero también, con la capacidad del Otro de tener pensamiento y razón. "Reconocer la radical alteridad 'del Otro', no significa que no haya manera de entenderlo, o de comparar al Yo con su Otro" (p. 21).

En Cronick (2002b) propuse que los evaluadores deben ejercer tolerancia frente a los grupos con que trabajan. Es decir, los facilitadores y los evaluadores no están en la obligación de aceptar todas las construcciones sociales producidas por las PI. He mencionado la experiencia que tuve con un cuerpo policial donde los miembros me explicaban que reconocían a los maleantes por su pobreza, juventud y su raza. No pude estar de acuerdo con estos criterios y manifesté mi disconformidad con ellos, sin embargo, esta diferencia de pautas formó la base para el comienzo de una breve problematización colectiva. Por mi parte pude reconocer el ambiente de confrontación que vive el policía en la calle y ellos por lo menos se abrieron a la posibilidad de reconsiderar los criterios que empleaban para categorizar a las personas.

El logro de la tolerancia puede ser una meta en la facilitación de la evaluación participativa. Esto quiere decir que el derecho a la igualdad tiene que complementarse con el derecho a la diferencia (un concepto originalmente propuesto por Rappaport, 1977). Esto no significa que los miembros de los grupos sociales no deben ejercer suspicacia frente a los diferentes valores y estilos de vida. Lo que quiero decir es que, dados ciertos límites, la intersubjetividad exitosa implica la co-existencia más o menos amistosa de puntos de vista muy distintos.

La evaluación racional y dialéctica de las necesidades colectivas y los programas sociales ha sido un paso relativamente nuevo y enormemente trascendente para la humanidad. El principio de inclusión entre las PI es imprescindible y va más allá del modelo evaluativo en sí. Una de las estrategias más eficaces para lograr esto es promover reglas de interacción, es decir, modelos institucionales que permitan a los grupos: a) tener representación, b) establecer vínculos colectivos con otros grupos, y c) normar su intersubjetivdad.

Cierro esta sección con una reflexión sobre el papel del facilitador o evaluador en la generación de la tolerancia institucional. Es evidente que los diferentes escenarios que he considerado requieren diferentes estrategias técnicas e interpersonales de parte de los profesionales involucrados en el proceso. No se trata sólo del problema ético de trabajar en función de la estructura institucional particular que uno está evaluando, sino también de promover la emancipación de las PI; esto debe ser el norte del trabajo evaluativo. Lo que significa “emancipación” en cada caso debe emerger de la facilitación de la inclusión de todas las PI.

1.2.2. La institucionalización comunitaria: Objetivos según una tipología tentativa de comunidades

En otro lugar (Cronick, 2002a) he considerado los diferentes tipos de comunidad que los evaluadores y los facilitadores pueden encontrar en sus actividades profesionales. En resumen las comunidades pueden clasificarse según estos criterios:

El sentido de comunidad: Este “sentido” es el producto de las construcciones colectivas de sus miembros. Se define por un sentido de “nosotros” y “nuestra” diferenciación para con “ellos”, los no-miembros. Normalmente “nosotros” tenemos un territorio físico o identificación institucional que nos pertenece: el vecindario, la iglesia, los clanes y la familia extendida son ejemplos de agrupaciones que se basan, por lo menos parcialmente, tanto en sistemas de identificación institucionalizados por la ley como por la tradición. No estamos solos porque compartimos un espacio o una identidad. Compartimos, además, ciertas expectativas normativas y tradicionales.

La comunidad desde el punto de vista del liberalismo político: El liberalismo político es un modelo democrático que propone la racionalización de las interacciones sociales y la intersubjetividad en donde varias provisiones explícitas e inexplícitas se entienden: a) toda la estructura comunitaria se basa en el individuo: éste decide por medio de su voto y es responsable personalmente por sus acciones, delitos y omisiones. A pesar de estar supeditado a la voluntad de la mayoría, el individuo es legalmente igual a los demás miembros de su grupo o sus con-ciudadanos, b) existe protección para las minorías, pero la mayoría decide, c) existen, además, mecanismos institucionales para mediar los conflictos y d) a pesar de que las relaciones personales coexisten con las institucionales, el modelo distingue entre ellos. Inclusive, en relaciones más personales como el matrimonio y la paternidad (o la maternidad) las obligaciones y los derechos institucionales se separan de los afectos y las expectativas tradicionales.

La justicia social y la participación: Los orígenes de este modelo pueden encontrarse en Rousseau, Marx, Feuerbach y otros reformistas y activistas sociales que creían que la democracia liberal no es suficiente. Se supone que es necesario lograr cambios emancipatorios en que los valores de igualdad social se añaden al sentido de comunidad, la responsabilidad individual y la interdependencia funcional que se encuentran en los otros modelos. Este modelo incluye una estructura normativa que impone la necesidad de ayudar y cuidar a las personas que tienen necesidades especiales. En su expresión más avanzada esta formulación propone el derecho a la igualdad. Ejemplos de mecanismos para lograr esta igualdad son: la creación de sistemas de jubilación para los ancianos, clínicas subvencionadas, dispositivos arquitectónicos para los incapacitados y casas seguras para las mujeres que son víctimas de la violencia domestica.

La comunidad como una alianza de instituciones: Hay un cuarto tipo de comunidad donde las instituciones no existen de manera aislada. Los representantes elegidos en todos los niveles funcionan en estrecha relación con los organismos banqueros y financieros, los sindicatos, las organizaciones sin fines de lucro, las instituciones educativas, los grupos culturales, los colegios profesionales, los grupos religiosos y así sucesivamente. Aquí el énfasis está en los lazos o la red de actores, más que en los grupos mismos. Las relaciones consisten sobre todo en acuerdos, alianzas y negociación de las diferencias. Estos actores se legitiman mutuamente, y en ocasiones, algún grupo es rechazado o deslegitimado por los demás.

También pueden existir redes paralelas de alianzas y acuerdos. El reconocimiento mutuo está sancionado por ceremonias de inauguración y otras manifestaciones públicas donde asisten los alcaldes, los representantes de la iglesia y de las asociaciones comerciales. Lagroye (2002, p. 531) habla de una “teoría neocorporatista” como una proposición que supone una tendencia general de las sociedades contemporáneas a asociar las instancias políticas y administrativas a organizaciones representativas de intereses para controlar los sindicatos, los grupos profesionales y otros grupos. Estas relaciones están fuertemente burocratizadas y de esta manera las instituciones “reconocidas” disfrutan de los privilegios de monopolio con respecto a sus respectivas esferas de influencia y poder económico.

Lo interesante para nuestro análisis es que cada organización que participa en estas redes se hace más fuerte por esta colaboración. Aunque los lazos y acuerdos inter-institucionales pueden ser perniciosos y conducir a prácticas exclusivas y excluyentes, establecer este tipo de alianzas es importante para las asociaciones y tiene el efecto de multiplicar su efectividad y alcance. Verdaderamente, lograrlas debe ser una meta de la facilitación comunitaria y debe considerarse como un indicador de éxito en las evaluaciones participativas.

He repasado cuatro modelos de intersubjetividad. Este paso ha sido importante para poder incorporar la intersubjetividad como un tema a ser problematizado en la evaluación participativa a nivel institucional. Es una de las áreas de mayor urgencia para las reflexiones críticas sobre la institucionalidad.

En lo que sigue desarrollaré algunas nociones sobre la evaluación en el contexto de la institucionalización, considerando sobre todo su naturaleza emergente.

II. La creación y monitoreo de prácticas institucionalizadas

2.1. Las características básicas

Estas son algunas de las particularidades formales de las instituciones que deben formar la plataforma para la facilitación de su formación, pienso que la institucionalización puede considerarse de cuatro maneras.

a) Es un fenómeno de la economía social que aparece bajo ciertas condiciones históricas, en el capitalismo después de las revoluciones políticas (inglesa, norteamericana, francesa, rusa, china, etc.), especialmente después de la industrialización. Es una categoría de normas legales y cuasi-legales ya que conlleva expectativas con respecto a la justicia y los sistemas para la distribución de bienes y recursos.

b) Es una unidad de la estructura social, en la organización de la división de poderes del gobierno o de los roles organizacionales en las entidades jurídicas entre otros.


c) Es una normativa legal que rige las relaciones interpersonales de los miembros de las sociedades institucionalizadas, a través de la creación de expectativas formales con respecto a los derechos y responsabilidades de los cónyuges, y los padres y representantes de los menores de edad.

d) Es una identidad particular de organización social, como una empresa, una escuela, una comunidad organizada o una ONG.


En la modernidad occidental la institucionalización implica la secularización de la sociedad, es decir, los lazos tradicionales entre la fe y la administración del poder se rompen, contrastándose con los regímenes teocráticos y los reinados donde el monarca manda por la voluntad de su dios. Aunque es evidente que el origen histórico de un sistema institucional puede encontrarse en un cambio violento, como en el caso de las revoluciones y demás rebeliones, las garantías individuales y los derechos de las minorías de un sistema institucional le dan, por lo menos teóricamente, el carácter de un fenómeno de la voluntad colectiva.

En la institucionalización hay actividades organizadas de manera impersonal y utilitaria. Esta práctica carece de los contactos entrañables de la comunidad hermanada, y de los patrones de conducta ceremonial y tradicional. En el ritual, la actividad está predeterminada por un código cuya fuente es mítica o divina. En estos casos, el lugar social, las expectativas, los privilegios, las reglas de asociación y matrimonio y los deberes de los miembros de la cultura tienen coherencia para sus ellos debido a la tradición en que están inmersos. De hecho, en las comunidades tradicionales, no institucionalizadas, el individuo puede estar inmerso en su grupo que le da sentido, pertinencia y una sensación de continuidad. Los actos de gobernación y decisiones con respecto a decesos, casamientos, disputas y otros acontecimientos no son individuales, sino parte de un proceso inscrito en la cosmología de la cultura.

En cambio en la institucionalización moderna basada en el liberalismo político, las reglas se organizan en términos de los límites de los contratos acordados entre participantes individuales y libres. En el matrimonio civil la elección de la pareja puede considerarse como un derecho de los contrayentes, quienes pueden también disolver el contrato de acuerdo con procedimientos institucionales. También en el caso del cambio de los representantes políticos, se trata de un acuerdo contractual, normalmente por parte de una mayoría política o agrupaciones mayoritarias de ciudadanos. Otros procedimientos existen para modificar estas decisiones si la mayoría de los ciudadanos o miembros de las agrupaciones deciden hacerlo.

Las instituciones suelen tener características funcionalistas, donde hay un sistema homeostático en que el desequilibrio es considerado disfuncional. Los participantes (miembros, ciudadanos) se sitúan dentro del sistema de manera especializada y consolidada. Los individuos adoptan diferentes roles, los cuales son intercambiables porque pueden ser ocupados por personas distintas. Al mismo tiempo que una posición institucional puede ser ocupada sucesivamente por personas distintas, cada individuo puede tener roles distintos dentro de entidades diferentes de la sociedad. Sin embargo, cierto grado de desequilibrio es inevitable, aun en las instituciones que parecen más estables. Incluso la Iglesia Católica de Roma ha tenido que reconocer que Galileo tenía razón.

2.2. El cambio institucional:

El cambio en la sociedad institucional normalmente es anticipado porque las leyes o las reglas pueden establecerse, eliminarse y modificarse bajo las estipulaciones de un estatuto o una constitución. El mismo estatuto o constitución puede sufrir modificaciones si los miembros o ciudadanos así lo desean. Este tipo de documento contiene las reglas de juego, pero el logro verdadero de innovaciones requiere algo más que el permiso para actuar. ¿Qué condiciones facilitan el cambio institucional?

El liderazgo: Moscovici (1979, 1993) desarrolló algunas de las condiciones que son necesarias para el surgimiento de nuevos líderes que representan las “minorías activas”, es decir, aquellos sectores de la población que abogan por cambios en un grupo o sociedad, y aunque tienen influencia carecen de poder; entre estas condiciones menciona que el líder o la minoría debe demostrar: una posición no-radical, seguridad, honestidad, coherencia y, al mismo tiempo, flexibilidad en su discurso.

Este tipo de dirigente basa su propuesta de influencia social en la suposición de una audiencia compuesta de agentes capaces de lenguaje y razón. Una segunda propuesta, también fundamentada en la racionalidad de los seguidores, es la del intelectual orgánico que surge de un grupo disidente que se concentra alrededor de la necesidad de “construir un bloque intelectual-moral que haga políticamente posible un progreso intelectual de masa y no sólo de limitados grupos intelectuales” (Gramsci, 1972, p. 23-24). En cambio, el carisma apela a las emociones de las masas. Dice Moscovici que el líder carismático cree ciegamente en su propia misión de cambio, y “reconoce la superioridad del valor sobre la inteligencia” (Mosocvici, 1993, p. 162). ¿Es racional el público que vota y decide? La respuesta de la IAP sería que la racionalidad se construye en las condiciones adecuadas por medio de la problematización y la potenciación de las PI.

El apoyo financiero: Se requiere dinero para producir cambios, y los efectos de los fondos económicos funcionan tanto para promover como para impedir transformaciones. Por ahora es suficiente señalar que los innovadores tienen que buscar benefactores pero también deben estar concientes de los peligros de los compromisos económicos.

Medidas estructurales: Hay maneras estructurales para potenciar la disidencia y producir cambios, entre ellas:

a. Promover el acceso que tienen las minorías activas y los intelectuales orgánicos a las PI: Hoy en día el Internet y los correos electrónicos son herramientas útiles para esta tarea. También existen los métodos tradicionales de foros, boletines, afiches y anuncios por radio y televisión.

b. Desarrollar límites con relación al tiempo que un líder puede ocupar una posición de influencia: Se trata de una condición estructural que inhibe (pero no impide) el poder de personas individuales en una institución. Mientras mayor sea la rotación de las figuras administrativas en las varias posiciones de poder, más sería la participación de las PI.


c. Alentar la participación de las PI: Esta medida incluye, además de los procedimientos que he descrito anteriormente: 1) campañas para aumentar el registro de votantes y su asistencia a eventos como asambleas, 2) medidas para aumentar la capacidad de comunicación y contacto entre los miembros y 3) el establecimiento de estructuras institucionales como comités y grupos de trabajo que incluyen miembros no centrales a la estructura de poder.

d. Revisar los mensajes de las minorías y los intelectuales orgánicos: Como mencioné arriba, deben ser coherentes y flexibles. El lenguaje debe ser accesible para la audiencia, pero no la debe despreciar. Además este tipo de líder, aunque sea un miembro de la misma audiencia que lo eligió, debe potenciar las construcciones sociales de la colectividad en el sentido dado por Guba y Lincoln (1989). Esta estrategia es estructural en tanto que promueve el desarrollo del discurso de todas las PI de manera sistemática.

Sin embargo, algunos cambios ocurren a pesar de los documentos legales que señalan las vías aceptables para producir innovación. El rompimiento no legal del procedimiento acordado significaría la destrucción de la institucionalidad; la organización o la comunidad responde entonces con actos dirigidos al saneamiento de la institucionalidad, por ejemplo con castigos para los infractores, cuyo objetivo sería hacer problemáticos tales actos para los actores individuales. La responsabilidad descansa sobre el ciudadano como unidad básica de la jurisprudencia.

Hay instancias de cambio emergentes e inclusive violentas. Normalmente esto ocurre cuando las vías para la resolución de desacuerdos no funcionan, o cuando algún sector emplea la fuerza para sobreponerse a los demás. El cambio violento rebasa las limitaciones del presente capítulo, pero merece un comentario breve.

Hay una larga tradición libertaria que sustenta el derecho que tienen los “pueblos” a sublevarse frente a lo que consideran la opresión, la ocupación territorial y otras formas de control que reducen su capacidad para autogestionarse. No niego este derecho y reconozco que las revoluciones han motivado varias democracias y procesos liberadores. Sin embargo, dado el contexto de los cambios violentos de los siglos XX y XXI en que la rebelión basada en la fuerza frecuentemente carece de la capacidad de satisfacer las necesidades de las PI, pienso que este tipo de cambio ha perdido mucha de su viabilidad. Hay varias razones para explicar este hecho. Primero, el orden jerárquico de las milicias populares o sectores militares insurrectos no se desvanece con la victoria de estos grupos. Por esto, tienden a reproducir las viejas cadenas de mando en las nuevas instituciones que establecen. Segundo, la dependencia de los grupos sublevados de las fuentes modernas de armamento los somete a condiciones internacionales de abastecimiento y financiamiento, y este control no se termina con el fin del conflicto. Tercero, la destrucción que causan sólo aumenta el desamparo de las PI. Finalmente, el control ideológico que normalmente requieren estos grupos mientras combaten físicamente tiende a conducir luego a regimenes totalitarios. Por estas razones las soluciones armadas quedan fuera de la posibilidad de la evaluación participativa y por ende de la emancipación verdadera de las PI.

2.3. La facilitación del liderazgo y la “voluntad popular”

Este punto es importante porque en un conflicto de poder cada parte suele identificarse con la “voluntad popular”. En cierto sentido tienen razón puesto que todas las partes constituyen piezas significativas de dicha voluntad. Los miembros participan en una conciencia colectiva y las autoridades suelen hablar en nombre de esta conciencia. Entonces la inconmensurabilidad de que hablamos arriba puede esconderse bajo una retórica de inclusión cuando de hecho existen procesos de exclusión. Los líderes proclaman su adhesión a nociones como la “libertad”, confundiendo las nociones de libre albedrío individual, el libre mercado y la libre expresión de la voluntad popular.

Los sectores excluidos pueden aceptar o rechazar estas redefiniciones retóricas de la voluntad popular. En caso de rechazarlas, el resultado sería un conflicto más o menos abierto y la tarea del evaluador es facilitar la negociación de los conflictos y la potenciación de estos grupos. En cambio cuando estos sectores acepten las redefiniciones, es tarea del evaluador problematizar los conocimientos que han sido “naturalizados”, es decir, aceptados a pesar de la experiencia y las vivencias de los involucrados.

El facilitador tiene tres maneras de provocar la reflexión: puede modelar los comportamientos deseados; puede identificar y “devolver” conceptos que ha detectado, y puede problematizar la necesidad de abrir espacios para la participación institucional. No puede solucionar los problemas específicos que confrontan los participantes de un esfuerzo comunal, ni puede hacer pronunciamientos sobre lo que considera que son las necesidades del grupo donde trabaja. Sólo puede señalar áreas-problema tal como fueron detectados en los encuentros de grupo.

Hay, entonces, una separación entre proceso y contenido que puede concebirse así:

TABLA 1
Actores Proceso Contenidos
Facilitador/Evaluador Facilitar la reflexión crítica sobre el “conocimiento naturalizado” La resolución dialéctica de los conflictos entre construcciones sociales incompatibles
PI Expresar y reconstruir construcciones sociales específicas (necesidades, etc.) Elaboración de construcciones potenciadas y acciones por canales institucionales apropiados


Se puede considerar al facilitador o evaluador como un asesor para iniciativas públicas o privadas que intenten mejorar, modificar o crear las instituciones que tienen que ver con la comunidad. Aunque la responsabilidad de cambio estriba primordialmente en los miembros de dichas organizaciones (escuelas, hospitales, empresas, servicios, etc.), el rol del evaluador es el de promover la resolución de los conflictos, mejorar la autoimagen y los sentimientos del personal implicado y a veces facilitar el cambio estructural de la institución. Se ayuda con la construcción de equipos de trabajo, la discusión en grupo, el diseño y organización de tareas, la retroalimentación y entrenamiento comunicacional. Se exige un ideal democrático e institucionalizado, tal como hemos descrito.

2.4. El conocimiento y el poder

El poder y el conocimiento están relacionados. Para comprobar esta relación sólo tenemos que recordar como Galileo fue obligado a negar que el sol está en el centro del sistema solar. Hoy en día hay grupos que no se limitan a rechazar información científica por razones de fe sino que también se aíslan de ella, como cuando ciertas escuelas en los Estados Unidos prohíben la enseñanza de la evolución en los currículos escolares. En un sentido más sutil, la enseñanza de la historia siempre está escrita a favor de los vencedores de las guerras y las elecciones.

El conocimiento, en el sentido de proximidad, conciencia o entendimiento que se obtiene por medio de la experiencia o el estudio, está ligado a estilos particulares de poder. A veces los saberes funcionan como mercancías en venta, como cuando un abogado o un médico emplea su pericia a favor de un cliente o paciente a cambio de honorarios profesionales. Este estilo de emplear la capacidad o la instrucción puede distinguirse de la problematización de la experiencia que hace un grupo de personas como parte de un proyecto colectivo. A continuación quisiera referirme a diferentes maneras de emplear el conocimiento y su relación con la evaluación participativa.

El tecnocrático y el paternalismo: No quiero identificar estilos ideales de liderazgo, pero en una evaluación participativa se intenta promover la inclusión de todas las PI en el disfrute de los recursos y en los procesos de toma de decisión. Para desarrollar este ideal dentro del contexto institucional podemos comenzar con una descripción de algunos modelos distintos de la relación entre la gerencia y el conocimiento desde una perspectiva participativa. En primer lugar la dirección de un proyecto institucional depende de varios factores como la posición que tiene cada individuo dentro de la estructura administrativa, el poder extra-burocrático que tienen algunas PI sobre las recompensas y castigos y el conocimiento que tienen los participantes para promover las tareas apropiadas en cada institución.

El tecnócrata es poseedor del saber. Es, sin embargo, un saber que no pasará a los demás, excepto cuando asume el rol de educador. Normalmente es quien decide por los otros, porque es el único que sabe como llevar a cabo un proyecto. Es el arquitecto que diseña la casa de otro, el médico que cura, el economista que asesora inversiones: el saber no puede cuestionarse cuando receta soluciones. Al saber como se lleva a cabo un proyecto, el tecnócrata decide al mismo tiempo los fines de éste, de esta manera un urbanista decide como van a vivir los habitantes de una urbanización, y con frecuencia no les pregunta sobre sus necesidades, ni siquiera las necesidades sentidas sin problematización posterior.

En cambio en una evaluación participativa se promueve la “democratización del saber”, dentro de los límites de la responsabilidad profesional. Es evidente que no se trata de popularizar las técnicas empleadas por un cirujano, pero ciudadanos bien instruidos pueden participar en la planificación de centros de salud. Hace años estuve involucrada en una intervención, que he mencionado en capítulos anteriores, en que personas damnificadas por causa de un derrumbe participaron en una “Escuela Popular de Arquitectura” donde aprendían a leer planos y emplear correctamente el vocabulario asociado con la construcción. Estos conocimientos potenciaban sus posibilidades de influir en las decisiones que tomó la gobernación local con respecto a la reconstrucción de sus viviendas perdidas.

Voy a emplear un párrafo de este capítulo para hablar del alcance del conocimiento popular porque se trata de un tema controversial. Es un planteamiento básico del Investigación Acción Participativa promover la combinación de los saberes populares y científicos. Es evidente que no se puede reflexionar responsablemente sobre el conocimiento científico especializado sin manejar las técnicas, lenguajes, destrezas y el trasfondo teórico de las disciplinas particulares. Los profesionales de estas disciplinas alcanzan la capacidad de participar plenamente en ellas sólo después de años de preparación. Por esto los “graduados” de la Escuela Popular mencionados arriba, no deben considerarse ni arquitectos ni ingenieros civiles. Sin embargo, poseen conocimientos que potencian sus capacidades para dialogar con los profesionales. Igualmente, un paciente que conoce los efectos secundarios de una medicina recetada por su médico está en condiciones de plantear sus dudas al profesional y llegar a un acuerdo sobre lo aconsejable de emplear aquel medicamento.

En otro contexto, tal como los intelectuales orgánicos gramscianos interpretan la voluntad popular, hay comunicadores calificados para interpretar la ciencia y permitir que los no-profesionales puedan entender a groso modo los alcances de sus competencias. De esta manera Stephen Hawking (2005), Oliver Sacks (1999) o Carl Sagan (1979) abren puertas al conocimiento científico para las personas “comunes”. Lo que pasa luego en la plaza pública cuando estos saberes se debaten puede constituir un aporte al proceso mismo de la ciencia. El debate que Sacks inició sobre la posibilidad de experimentar con ciertas drogas en el tratamiento de algunas enfermedades neurológicas, rebasa de manera creativa y ética los límites de la experimentación científica y por esta razón contribuye al debate científico.

El funcionario: El funcionario administra poder institucional y conoce los formularios, procedimientos, cadenas de mando y regulaciones respecto a su esfera de influencia. No fue elegido por sus conciudadanos para ocupar una posición ni en el gobierno ni en las instituciones privadas, con o sin motivo de lucro, además está protegido por la agrupación que él representa. A menudo goza de discrecionalidad en sus actividades administrativas y en su trato con el público. Su poder proviene de una confusión entre “posición” y “autoridad”. Las personas “comunes” tienen escasa injerencia en el ejercicio de sus funciones, y normalmente la reacción del público frente a él es de sometimiento.

Aunque estas personas tienden a personificar no sólo el poder establecido sino su propio provecho personal (por medio de ascensos profesionales, o actos de corrupción), en lugares y tiempos particulares pueden decidir promover el cambio social. En algunos casos estos cambios están motivados por escrúpulos sobre la protección de derechos civiles. En otros las inquietudes surgen de dudas éticas y políticas, pero no gozan de un suficiente trasfondo teórico. No hace mucho escuché a un funcionario promover denuncias sobre supuestas injusticias en un sistema educativo. El activismo político de los funcionarios debe ser objeto de análisis entre todas las PI.

El interventor o evaluador tiene varias vías de acción frente al funcionario. Puedo nombrar algunas de ellas:

Lo primero que debe hacer el facilitador es desarrollar una descripción detallada del problema, esto incluye un resumen de las necesidades sentidas (iniciales) pero conflictivas de todas las PI. El dossier resultante puede contener consideraciones normativas y observaciones sobre la eficacia de la gestión administrativa, denuncias sobre como ciertos actores en el conflicto pueden aprovecharse de sus posiciones, y la necesidad de abarcar a todas las PI. Es importante problematizar los contenidos parcializados si se trata de un documento público.

Otra acción que puede ser útil es preparar a los miembros de la comunidad para argumentar sus casos, así como cuando los participantes en la Escuela Popular de Arquitectura aprendieron a criticar los planes de los funcionarios municipales, que en este caso fungían como profesionales y como funcionarios a la vez. Una variante de esta acción es informar a los usuarios de las instituciones cómo sacar provecho de ellas. Explicar a un grupo de pisatarios cuáles son los pasos burocráticos y legales para la legitimación de sus tierras y casas puede allanar muchas de las dificultades asociadas con los trámites con los funcionarios.

Relacionada con esta táctica está el logro de recursos que faciliten la capacidad de las PI para usar las instituciones productivamente. Ejemplos de esta actividad incluyen el establecimiento de clínicas jurídicas y foros abiertos donde participen todos los involucrados en un ambiente de colaboración mutua.

Otra vía de acción es emplear a otros funcionarios, o a los medios de comunicación para ejercer presión con relación a los usuarios de la entidad donde se desempeñan dichos funcionarios. Las ONG que denuncian violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden son prototipos de este tipo de acción.

Como última sugerencia, el facilitador puede trabajar para modificar los procedimientos burocráticos. Los funcionarios necesitan un mandato y a veces están dispuestos a repensar como operan sus agencias y oficinas. En la actualidad una estudiante de la Especialización en Intervención Psicosocial de la Universidad Central de Venezuela está trabajando en una evaluación participativa de la pobre articulación entre dos niveles burocráticos en el Ministerio de Educación. El resultado de este trabajo podría conducir a nuevas prácticas administrativas.

2.5. La comunicación y la retroalimentación

En esta sección consideraré aspectos más personales de la evaluación participativa e institucional.

Para mejorar la capacidad de comunicarse con los demás, es necesario que los participantes revisen como son percibidos por los otros, es una reflexión analítica en que cada uno solicita activamente retroalimentación respecto a sus actos y lo que dice. Cada participante requiere de estrategias que faciliten su interacción, partiendo de la expresión responsable y consciente de su propia experiencia. Esta comunicación, dada en el momento adecuado, podrá ayudar a que el otro entienda y tome conciencia de cómo afecta a los demás.

El uso de un lenguaje personalizado (por ejemplo por medio de frases como: “En mi opinión...”; -“Yo pienso que...”) significa que los participantes se hacen responsables por sus palabras y acciones, y de esta manera se facilita la integración de un grupo. Estas formas de expresión contribuyen a la cohesión del grupo y a la eficiencia en las metas a lograr. Aun en el caso de conflictos en un grupo, poder expresar adecuadamente los motivos y las reacciones personales frente a un acto de otra persona, o frente a una situación, promueve acuerdos y soluciones. En un capítulo anterior describí como un grupo de adolescentes y funcionarios policiales lograron superar sus identificaciones estereotipadas por medio de la personalización de su lenguaje.

En reuniones grupales en una asamblea comunitaria, la utilización adecuada de la retroalimentación particularizada es esencial, porque el chisme indirecto y las comunicaciones parciales o pobremente expresadas contribuyen a la desintegración de la membresía. Hay, además, muchas actividades que se pueden desarrollar en las reuniones para dar voz donde al principio sólo se encuentra silencio. Algunas son:

1. El uso de grupos pequeños de discusión con reunión plenaria después.
2. La discusión en parejas con reunión plenaria después.
3. El uso de cuestionarios individuales con discusión plenaria.
4. Lluvia de ideas, donde el facilitador anota ideas en un rotafolio, seguido por discusión y votación.
5. Modelo de discrepancia usando discusión con rotafolio: (lluvia de ideas estructurada)
a) Se determina cómo debe ser la institución.
b) Se contrasta con lo que es.
c) Se determinan las diferencias entre a) y b).
6. La presentación de un video de los miembros en el momento de realizar alguna actividad para hacer luego un análisis de la actuación de éstos.
7. Llamar a una asamblea para discutir información recogida a través de:
- Cuestionarios masivos.
- Encuestas no tradicionales, usando las llamadas a una emisora de radio o a un periódico local, cajas para sugerencias y comentarios, etc.
- El uso de información documental, como tasas de admisiones a un hospital, tasas de arrestos contrastadas con tasas de hurtos, datos demográficos, estudios sobre hacinamiento o número de casas en construcción, etc.
- Observación y observación participante.
8. Foros públicos: Se invita al público en general a presenciar una discusión entre dirigentes vecinales, expertos en algún tema especial, o representantes de grupos en pugna. Luego se abre la discusión en asamblea.
9. Juegos dirigidos: este punto no lo voy a elaborar porque hay muchos manuales de dinámica de grupo que lo hacen.

También fuera de las asambleas hay muchas actividades y estrategias que acrecientan la comunicación entre las PI.

1. Publicación de un boletín, un folleto, un póster, etc., con información.
2. Grupos focalizados: una reunión de informantes claves que podrían tener opiniones distintas para lograr una confrontación cara a cara en un ambiente cómodo. Es útil comenzar con un refrigerio ligero.
3. Grupos nominales: para la identificación de necesidades o para la discusión de problemas dentro de la comunidad donde hay discrepancias.
a) Se selecciona a los participantes para incluir representantes de todos los puntos de vista de la comunidad total.
b) Se solicitan del grupo sugerencias sobre las necesidades de la comunidad.
c) Se pide al grupo seleccione las cinco necesidades (o problemas, o alternativas de solución) más urgentes y que las jerarquice.
d) Se promedia los puntajes (por orden jerárquico) de todas las necesidades seleccionadas en la etapa “c”.
e) Se informa al grupo los resultados de la etapa “d” y se solicita otra evaluación de parte de los participantes, tomando en cuenta esta información. En otras palabras, se pide una reconsideración de las primeras decisiones.
f) Se vuelve a promediar los resultados. Este proceso puede repetirse hasta lograr consenso.

4. La formación de pequeños grupos de “tertulia” que se encuentren de manera regular fuera de las reuniones de asamblea, en la casa de uno de los participantes, para discutir el progreso del proyecto institucional. Se puede mandar sugerencias de temas a un representante de cada grupo para facilitar las discusiones. El encargado puede, luego, informar a los miembros de la junta directiva (si la hay) sobre los resultados de la discusión.

También se puede usar estos grupos como puntos focales para la demostración de nuevas técnicas o para modelar destrezas que los miembros deban adquirir. Un instructor, o miembro ya entrenado, puede asistir a la tertulia para “enseñar” dichas técnicas o destrezas y al mismo tiempo avaluar las dificultades en relación a las mismas. La información recogida puede usarse de manera inmediata para la evaluación y modificación de los procedimientos planificados por la junta directiva.

5. Todos los instructivos, los estatutos, las reglas y una copia resumida de las actas de las asambleas deben publicarse en un lugar donde los participantes puedan tener acceso a la información. Lo ideal sería mandar a cada integrante una copia individual.


Consideraciones finales

Ha sido mi intención en este capítulo considerar la institucionalización y su relación con la evaluación participativa. Como dije desde el inicio, hay áreas tradicionales que tienen que ver con la teoría organizativa que no me interesan por el momento. Más bien me ha interesado considerar el tema desde una postura emancipatoria en donde la participación de las PI existe como una posibilidad viable, creativa y satisfactoria para todos los involucrados.

En resumen, las instituciones tienen características que le dan cierta autonomía de las PI, y por esta razón tienen también cierta estabilidad en el tiempo. Algunas tienen incorporadas la posibilidad estructural de cambio o evolución con relación a: a) las personas que ocupan posiciones de poder, b) las metas de los proyectos individuales de la organización, c) el manejo de recursos y prioridades y d) la capacidad que tienen para satisfacer las necesidades de las PI. Existen espacios institucionales para promover los cambios que las PI desean. En otros casos es necesario promover cambios estructurales. Algunas instituciones están cerradas al cambio y la facilitación de las necesidades de las PI es mucho más difícil, como es normalmente el caso de las fuerzas del orden.

Es una suposición fundamental de este capítulo que la facilitación de evaluaciones participativas debe incorporar a las PI en un proceso ético y solidario, tomando en cuenta las condiciones particulares de cada institución involucrada. Las PI tienen que aprender la tolerancia frente al otro, pero al mismo tiempo iniciar acciones a favor de sus propios intereses problematizados.

En mi opinión la institucionalización liberal, secularizada y civil constituye un logro histórico, aunque reconozco que existen otras formas de consulta y control en el mundo. Este logro sólo tiene sentido cuando las PI pueden evaluar y modificar las actividades de estas agrupaciones legales para que respondan a sus necesidades. Existen muchos espacios para estas acciones, algunos de los cuales he descrito. Entender como las PI pueden controlar sus instituciones es tal vez una de las tareas más importantes de la evaluación participativa.